Memoria históricaLos nietos de Franco alegan ante el Supremo que la decisión de exhumar al dictador es "electoralista"

Los nietos del dictador Francisco Franco han asegurado que la decisión "precipitada" del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar al dictador encaja en una voluntad "electoralista" sin justificación, por lo que consideran que el Tribunal Supremo debe impedir su intención de sacar los restos mortales del Valle de los Caídos.

Así se manifiesta en el escrito de conclusiones que la defensa de los familiares del dictador ha remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según afirma este documento, el real decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez en el que autoriza la exhumación del cadáver de Franco no concreta la "urgencia" con la que se justifica el uso de este "instrumento excepcional".

Al contrario, la "premura" se motiva en "motivos estrictamente ideológicos y electoralistas" surgidos tras la moción de censura al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en junio de 2018, que facilitó la entrada de Sánchez en La Moncloa, dice el escrito de conclusiones firmado por el abogado Luis Felipe Utrera Molina.

"Sería irresponsable cerrar los ojos a la realidad y a nadie se le escapa que la única urgencia que concurre en este caso vino determinada por el simple deseo o capricho del gobierno presidido por don Pedro Sánchez", afirma.

En este sentido, la defensa de los nietos de Franco acude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para advertir de la inconstitucionalidad de los acuerdos del Gobierno socialista. A su entender, el Ejecutivo ha hecho un "intolerable ejercicio abusivo y arbitrario" de la figura del real decreto ley, ya que se ha utilizado con un carácter "pura y estrictamente ideológica", algo censurado por el tribunal de garantías.

Aduce la familia del dictador que la "premura" del Gobierno se motiva en "motivos estrictamente ideológicos y electoralistas" surgidos tras la moción de censura

Asimismo, Utrera Molina afea en sus conclusiones que Sánchez prometiese en el Congreso de los Diputados dicha exhumación de manera "inmediata" olvidando que el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica establece que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Por tanto, señala, que el Ejecutivo obvió que su decisión también implicaría a la exhumación "al menos de 192 personas más", entre ellos a 20 monjes benedictinos fallecidos entre 1963 y 2018. Ello le hace concluir que lo que "parece evidente" es que el presidente del Gobierno hacía tal anuncio sin saber "aún cómo lo haría", porque lo importante era "su impacto mediático".

En este sentido, rechaza que el Gobierno haya razonado el carácter de urgencia de su decisión para utilizar la herramienta del real decreto, por lo que considera que la "precipitación" venía dada en "llevar a cabo la promesa estrella". Por ello, asegura que los únicos argumentos ofrecidos son "relativos al franquismo, a su exaltación y a la resignificación política del Valle de los Caídos" que, a su juicio, para "nada pueden justificar que se declare de utilidad pública e interés social, la inmediata y urgente" exhumación y traslado de los restos mortales del dictador.

Por otro lado, el escrito también argumenta que el equipo de Pedro Sánchez no había previsto la necesidad de solicitar la preceptiva autorización eclesiástica para la exhumación del cuerpo de Franco debido a la "inviolabilidad" de la que goza la Basílica.

Ni tampoco tuvo en cuenta –destaca– que las obras que se pretenden realizar para proceder a sacar los restos del dictador son de la "suficiente envergadura como para poner en peligro la vida y la seguridad de los operarios" que acometieran dicha actuación. En esta línea, recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid suspendió cautelarmente la licencia urbanística para ejecutar dichas obras en el Valle de los Caídos por los mismos motivos.

Asimismo, el letrado afea que la Abogacía del Estado –en representación del Gobierno– se sacase de "la chistera supuestos e inexistentes problemas de seguridad como excusa para declarar inidóneo el lugar de inhumación" designado por la familia Franco, la cripta de la catedral de la Almudena, de Madrid, por que "no es de su agrado".

Los nietos del dictador piden al Supremo que no se de vía libre al Gobierno para sacar los restos del Valle de los Caídos, porque eso supondría vulnerar su derecho a la intimidad personal y familiar

En este sentido, recuerda que el informe pericial aportado por esta defensa al Tribunal Supremo "pone en evidencia las razones de seguridad alegadas por el gobierno", pues según los expertos en materia de seguridad –que comparecieron en alto tribunal– los riesgos de la cripta, de la que es titular la familia Franco, "apenas variarían respecto de los existentes en la actualidad".

Por todo ello, los nietos del dictador piden al Supremo que no se de vía libre al Gobierno para sacar los restos del Valle de los Caídos, porque eso supondría vulnerar su derecho a la intimidad personal y familiar, además del derecho a la libertad religiosa, ya que está enterrado en un "lugar sagrado", tal y como era la voluntad de Franco.

Añaden que, de igual manera, si no se acepta inhumar en el lugar elegido por ellos, se estaría ante "una limitación absolutamente desproporcionada" del derecho fundamental de enterrar a su familiar de acuerdo con sus propias convicciones y en un lugar del que disponen "título funerario válido".

Con el traslado de conclusiones de cada una de las partes presentes en este procedimiento, los recursos contra la exhumación de Franco quedan visto para sentencia, que se podría conocer este otoño, según apuntan fuentes jurídicas.

No obstante, la resolución podría retrasarse si los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal consideran que tienen que plantear una cuestión de inconstitucionalidad de los Reales Decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para posibilitar la exhumación, tal y como solicitó la familia a finales de mayo.