¿Qué hacer con la comisaría de Vía Laietana, el epicentro de la tortura del franquismo en Barcelona?

La Jefatura Superior de Policía, situada en la Via Laietana de Barcelona, fue un agujero negro de la represión durante el régimen franquista. Allí actuaba la brigada politicosocial, un cuerpo represor dedicado "al control de las materias en la acción política" y a la "prevención y represión" de actividades que "obstruyan o desvíen" las "directrices generales del gobierno". En aquel centro, miles de personas que combatían el franquismo o que no encajaban en las directrices del régimen fueron interrogadas, torturadas y asesinadas.

Desde los años 90, varias entidades memorialistas reclaman la reinterpretación histórica de este edificio y que deje de ser la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Ahora, la cesión de la comisaría de Via Laietana de Barcelona, una reclamación que han hecho tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de la ciudad, está incorporada en el largo listado de temas a debatir con el Gobierno español que el Govern ha incorporado a los trabajos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que el lunes celebró la primera reunión. Sobre la comisaría, de momento no ha trascendido que haya habido ningún acuerdo ni avance en la negociación y se espera tratarlo en las siguientes reuniones. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se niega en redondo. "No vemos motivos operativos para trasladarla", defendió Grande-Marlaska en una sesión de control en el Senado preguntado por ERC. El titular de Interior remarcó que el Gobierno español "no contempla" el traslado porque no quiere "privar a la sociedad catalana" de la posibilidad de que las fuerzas de seguridad "operen en las infraestructuras adecuadas". Grande-Marlaska aseguró que el Ejecutivo español está "comprometido con la recuperación de la memoria democrática" y dijo que en Catalunya ya hay otros espacios de memoria.

A la espera de la cesión, recientemente la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha manifestado que quiere que sea la nueva sede del Memorial Democràtic, el organismo del Govern dedicado al impulso de la memoria democrática. Pero algunas entidades ponen en entredicho que sea compatible encajar en un mismo edificio la sede del Memorial Democràtic con un espacio de memoria, mientras que desde el Memorial sí que lo ven posible.

La consellera de Justicia anunció a principios de julio que el Departament trabaja en el anteproyecto de ley para crear una ley catalana de memoria histórica, que pretende ser "un instrumento legislativo ajustado a los principios internacionales de justicia, reparación y no repetición", el cual incluirá medidas para utilizar archivos y fondos documentales como prueba de actos, entre ellos las torturas, asesinatos e interrogatorios, que tuvieron lugar durante la dictadura. En relación a esta demanda, una de las ideas que reclama el presidente de la Associació Catalana d‘ Ex-presos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo, es que la Jefatura Superior de Policía de Catalunya se convierta en un espacio de memoria donde poder acceder a la documentación de la brigada politicosocial.

Vallejo fue una de las miles de personas represaliadas por el régimen franquista. Lo detuvieron por repartir octavillas de Comisiones Obreras, puesto que durante el franquismo el sindicalismo estaba prohibido. Él formaba parte del sindicato de CCOO cuando trabajaba en la SEAT, cosa que preocupaba mucho al régimen porque "era una empresa estratégica y tenía un impacto al conjunto de la industria". "Me torturaron durante 20 días. Me detuvieron en un estado de excepción, no había límite de tortura de 72 horas, ni habeas corpus ni contacto con abogados ni familias", recuerda. Enumera los diferentes tipos de tortura que aplicaban los agentes de la brigada politicosocial: "No dejarte dormir, aislarte en una celda, cada hora o dos horas interrogatorios, ruedas de veces y patadas, dejando la espalda y la panza negras de los hematomas, amenazar con dispararte...". Como Vallejo, miles de personas sufrieron el mismo destino, y es por eso que considera que edificio se tendría que convertir en un "espacio internacional de denuncia contra la tortura". "La tortura todavía es vigente en bastantes países en el mundo, y en el Estado español a veces también desgraciadamente", lamenta.

Obstáculos: Visiones diversas e impedimentos administrativos

Font recuerda que el Memorial Democràtic es un organismo autónomo dentro de la Generalitat, y que hay un consejo de participación con las entidades memorialistas, con las cuales asegura que hay muy buena relación. Ahora bien, no todas piden que la jefatura se convierta en la sede del Memorial Democràtic. "Tiene que ser el centro de memoria sobre la represión policial franquista y las torturas, como ha pasado en Berlín o Budapest", explica el coordinador de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, quien considera que combinar las dos opciones, memorial y espacio expositivo, puede ser complicado. "El centro tendría que tener acceso a la documentación de la brigada politicosocial, que se puedan visitar las prisiones, los centros interrogatorios... es difícil compaginar una cosa con la otra".

Uno de los principales obstáculos para obtener el edificio, sea para incluir o no el Memorial Democràtic, es que al ser propiedad del Estado español el ministerio del Interior tendría que cederlo. Vallejo explica que, pese a la negativa, ha habido acercamientos con el PSC, que se muestran más favorables que sus socios estatales, pero remarca que "es una competencia del PSOE -partido que gobierna en el Estado-". Además, habrá que negociar entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección General de Memoria una alternativa para un espacio conjunto, porque según Vallejo el edificio del Raval donde está actualmente la sede del Memorial no es propiedad de la Generalitat y a finales del 2023 se acabará el contrato del alquiler. "No queremos llegar al límite de tiempo para buscar una alternativa para el memorial", asegura.

Es por este motivo que, en parte, tampoco ve viable que sea esta la sede del Memorial Democràtic, como mínimo a tan corto plazo. "Si en el mejor de los casos conseguimos el espacio, implicaría unas obras de cuatro o cinco años", apunta. Además, resalta que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho ya un informe y un proyecto del espacio del memorial, pero el que hace falta ante todo es obtener el uso. "Habrá que ver si la propiedad tendrá que seguir compartida con el Estado, tendremos que ver qué personalidad jurídica, si es una gestión compartida, si solo del Ayuntamiento y el Estado...", se pregunta.

¿Cuál será el futuro?

Pese las visiones diferentes de cada una de las fuentes consultadas, todos coinciden que tiene que ser un espacio dedicado a la memoria y a la garantía de no repetición. Sobre esto, Jordi Font considera que se tiene que convertir "en un símbolo donde combatir posicionamientos revisionistas, negacionistas y donde frenar el ascenso de cualquier tipo de totalitarismo". Vallejo insiste en que se convierta en un espacio de memoria, contra la tortura y de la recuperación de los archivos policiales que todavía están dispersos, sin catalogar y a los cuales no tienen acceso ni siquiera los investigadores. El abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz apuesta por un espacio con dos divisiones. Una parte estaría abierta al público, donde estarían los espacios abiertos con fotografías, nombres, historias que se puedan ver y que "expliquen bien los años más duros", y una dependencia que sirva para hacer exposiciones para mezclar las dos ideas: "Exponer el pasado para no repetirlo y mostrar el que puede ser el futuro apostando por nuevos talentos", concluye.