MADRID.- El escaño de la senadora territorial designada por Les Corts Valencianes Pilar Lima González, del grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-Compromís-En Marea, depende de la reunión plenaria que este jueves celebrará la Diputación Permanente de la Cámara Alta. El único punto del orden del día de esta instancia se centra en dirimir si a la Comunitat Valenciana le corresponden los seis escaños autonómicos actuales o si se reducen a cinco para la próxima legislatura, que se iniciará a partir de las elecciones generales convocadas para el 26 de este mes.

Pilar Lima, del partido Podemos, fue una de las personas elegidas en la sesión plenaria de Les Corts Valencianes que designó a los seis representantes territoriales de esta comunidad a la Cámara Alta el pasado 22 de julio tras las elecciones autonómicas. Según el artículo 69.5 de la Constitución, cada comunidad designa a un senador más otro por cada millón de habitantes.

El padrón municipal utilizado entonces, al igual que para la anterior legislatura, atribuía algo más de cinco millones de habitantes a la Comunitat Valenciana, por lo que le correspondían seis escaños. En el padrón del 1 de enero de 2015 la cifra de habitantes, por poco, no alcanza esa cifra por lo que, sobre el papel, debe reducir uno de sus senadores territoriales.

Esa es la tesis que sostiene el grupo parlamentario del PP en el Senado y que coincide con el informe jurídico que ha encargado la presidencia de la Cámara Alta a sus letrados. Pilar Lima, según esta tesis, es quien debería abandonar su escaño al ser la persona menos votada entre los seis designados por la cámara autonómica. Además de Lima fueron elegidos dos senadores del PP, uno del PSPV-PSOE, otro de Compromís y otro de Ciudadanos.

El pasado 4 de mayo la Diputación Permanente aprobó una resolución en la que se establecía el número de senadores territoriales que le correspondería a cada comunidad. Pese a que no existe ningún precepto que establece que ha de ser la Cámara Alta quien decide esa cuestión, como reconoce la propia resolución, se alega que es la práctica que se sigue desde la VIII Legislatura (2000-2004) hasta la que acaba de disolverse, la XI. A la Comunitat Valenciana se le asignaron cinco escaños.

Sin embargo, algunos portavoces parlamentarios esgrimieron una posición contraria y reclamaron que se solicitase un informe a los servicios jurídicos y a Les Corts Valencianes para que se pronunciaran. Ese es el debate que se plantea en el pleno de la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno ordinario tras la disolución del Senado al convocarse una nueva cita electoral.

Precisamente el informe aportado por Les Corts Valencianes va en dirección contraria a la posición que mantiene el grupo parlamentario popular, que tiene la mayoría absoluta en esta instancia del Senado. El pleno de la cámara autonómica valenciana aprobó una resolución el pasado 12 de mayo en la que, según establece el Estatut y las normas sobre designación de los senadores territoriales, éstos obtienen su mandato para el tiempo de duración de la legislatura autonómica y no están supeditados al calendario de la legislatura de la Cámara Alta. En consecuencia, deben seguir siendo seis hasta mediados de 2019 si no hay antes disolución de Les Corts.

El grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-Compromís-En Marea ha estado formado por 23 senadores, 16 electos y 7 designados por las comunidades, en la reciente XI Legislatura disuelta. Actualmente dispone de seis escaños en la Diputación Permanente de la Cámara Alta. Se da la circunstancia de que Pilar Lima, que no forma parte de la Diputación Permanente, es la primera persona sordomuda en acceder al Senado.

Fuentes parlamentarias de la Cámara Alta consultadas por Público sostienen que “jurídicamente no está clara esa reducción a pesar del informe de los servicios jurídicos encargados por la presidencia. Hay un criterio superior que es el Estatut que vincula el mandato de los senadores territoriales a la vigencia de la legislatura de Les Corts Valencianes que el Senado no puede saltarse”. No obstante, reconocen que la mayoría del PP “puede saltarse ese criterio”.