Más de 50 encausados por el procés independentista todavía no se han beneficiado de la ley de amnistía porque los tribunales a cargo de decidir aplicarla han presentado cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) y prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambos estudiarán si la medida de gracia tiene encaje en la Constitución Española y en el Derecho Comunitario, respectivamente. 

De este modo, esta semana el TC se dispone a activar la maquinaria de recursos contra esta legislación con la cuestión que será admitida a trámite por unanimidad dando inicio a un recorrido cuyo fallo no culminará en menos de seis u ocho meses. El Pleno, que se reúne este martes, admitirá a trámite la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el delito de desórdenes públicos, cuyo ponente es el conservador Ricardo Enríquez, el primero de los muchos recursos y cuestiones que espera el Constitucional sobre la norma. 

Además de estos dos órganos, también la Audiencia Nacional (AN), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal de Cuentas (TCu) tienen dudas sobre la legalidad de la amnistía. Por este motivo todos ellos han elevado consultas a las respectivas cortes, lo que paraliza aplicar la ley a los posibles beneficiarios de cada caso. 

Posibles delitos como el de terrorismo, desobediencia civil, prevaricación o malversación son los que podrían impedir la aplicación de esta legislación. El Tribunal de Cuentas fue el primero en preguntar a las acusaciones y las defensas de los 35 excargos encausados por el presunto desvío de fondos para el referéndum su postura ante una consulta al TJUE sobre el ajuste de la ley en la lucha contra el fraude y los principios de igualdad y de no discriminación. Entre estos antiguos cargos se encuentra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

A los 35 encausados por el TCu y los dos del TSJC hay que sumar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se encuentran procesados en la Audiencia Nacional por presunto terrorismo en el marco del procés. La Audiencia Nacional, por su parte, quiere saber si esta ley contraviene el Derecho Comunitario y si garantiza la impunidad de los delitos. 

Por otro lado, en lo que respecta al TSJ de Catalunya, este órgano ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional sobre el expresident de la Generalitat Quim Torra y los exdiputados del Parlament Pau Juvillà (CUP) y Bernat Solé (ERC), así como sobre Jové y Salvadó y la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga. 

A la lista de casos que los tribunales barajan llevar a la corte europea o al TC se añadirían los recursos que los propios encausados o condenados en causas relativas al procés podrían llevar a Luxemburgo en caso de no contar con el amparo del Constitucional a sus pretensiones. Las defensas de los encausados han insistido en que agotarán todas las vías legales en España para poder llevar sus casos ante el TJUE.