Cientos de personas han pedido esta tarde en Pamplona que se investiguen las torturas, una práctica "sistemática", "consentida y legitimada por las instituciones del Estado" durante "décadas".

A la manifestación, convocada por la Red de Personas Torturadas de Navarra, han acudido miembros de partidos y sindicatos nacionalistas e independentistas, así como familiares de Mikel Zabalza, muerto en 1985 en el cuartel de Intxuarrondo, según unas grabaciones conocidas ahora entre un capitán de la Guardia Civil y un mando del Cesid.

En este sentido, Idoia Zabalza ha dicho a los periodistas antes de comenzar la manifestación que el caso de su hermano "solo fue distinto a otros por el resultado", porque la tortura "no ha sido una excepción ni cuestión de personas descontroladas ni tampoco de personas que tengan cierto poder a las que han dejado hacer".

"La tortura ha sido una práctica sistemática, organizada, diseñada desde arriba, completamente permitida e impulsada", ha subrayado, y ha añadido que "prueba de que ha sido así es que todas las personas condenadas por torturas han sido ascendidos, condecorados, premiados e incluso indultados".

Idoia Zabalza ha denunciado además que la tortura "ha dejado un sufrimiento muy íntimo y anulador que debe salir a la luz" y, por eso, ha defendido que se tiene que saber qué pasó, aunque en el caso de su hermano "el audio lo deja muy claro".

Al término de la manifestación, un comunicado leído en euskera y castellano ha afirmado que en Navarra han sido "miles" las personas torturadas, una "pesadilla" y "una herida que está sin cerrar".

Y han denunciado que en la tortura "han colaborado, de una manera u otra, algunos partidos políticos, jueces, médicos forenses, incluso medios de comunicación", una práctica cuyas víctimas a día de hoy siguen "sin reconocimiento, sin reparación y sin garantías de no repetición" a pesar de que Naciones Unidas es "absolutamente contundente" contra la tortura y su impunidad.

Por eso, la Red de Personas Torturadas de Navarra defiende que "ya es hora" para el Estado español de "reconocer lo hecho", de "depurar todas las responsabilidades" y de "reparar" el daño causado con "la garantía de que ninguna otra persona sufrirá esta lacra nunca más".