La tramitación de la nueva ley de educación (Lomloe), la octava de la democracia, está más cerca que nunca de llegar a su fin. El texto de la nueva norma, votado este viernes en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados tras un debate de casi diez horas, ha cosechado 20 votos a favor y 16 en contra. Los grupos políticos han debatido más de 1.160 enmiendas parciales durante los dos últimos meses. Ahora, el dictamen pasará al Pleno de la Cámara Baja, donde se someterá a la votación final el próximo jueves.

La división de votos ha sido la ya habitual en el Congreso. PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País han votado a favor. La representante de EH Bildu se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y UPN han votado en contra.

Como sus predecesoras, la norma no cuenta con el consenso del arco parlamentario. También como sus predecesoras, rompe con el modelo educativo impuesto por el anterior Gobierno. Durante la legislatura del PP, después de la aprobación de la Lomce (la conocida ley Wert), en el Congreso hubo un intento de llegar a un Pacto Educativo. Fue un fracaso que acabó con la renuncia de buena parte de los partidos de la Cámara Baja. El pacto educativo no se intentó recuperar y, desde la primera legislatura de Pedro Sánchez, el Gobierno socialista trabajó para sacar adelante la nueva ley de educación, la Lomloe. No llegó a debatirse entonces por el adelanto electoral y finalmente ha llegado a su trámite este mes de noviembre.

Durante el debate de este viernes, la derecha ha vertido duras críticas contra la propuesta al sostener que es un "castigo a la concertada" y que "anula" a la educación que segrega por sexos. PSOE y Unidas Podemos, además de los grupos nacionalistas y Más País, sin embargo, han defendido el nuevo modelo, que garantiza la inmersión lingüística, prohíbe los conciertos con escuelas que segregan por sexo o impide ceder suelo público a la educación concertada, entre otros detalles.

Estos son los principales cambios en la Lomloe aprobados este viernes.

Freno a la segregación escolar

Uno de los objetivos de de las nuevas enmiendas aprobadas es acabar con la segregación escolar por renta económica, siendo uno de los cambios más importantes y con mayores implicaciones. Para ello se empezarán a constituir comisiones de escolarización permanentes centralizadas por municipios o distritos escolares que se encargarán de organizar una "adecuada y equitativa escolarización".

Deben velar por "la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación" y evitar el incremento de las ratios máximas de alumnos por grupo. También se tendrá que distribuir entre los centros de manera "equilibrada" a los alumnos con necesidades de apoyo educativo reservando una parte de las plazas para estos alumnos en todos los centros. Esto podría ser un gran avance porque la segregación y cómo afectan las desigualdades socioeconómicas al nivel del educativo es uno de los grandes problemas del sistema del Estado español.

Pero, además, también se ha pactado otra enmienda entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC para acabar con la separación por sexo en los centros educativos públicos y concertados. La segregación por sexos no se prohíbe como tal, pero sí para los centros que reciban fondos públicos. Además, todos estos centros tendrán que desarrollar medidas para fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El castellano no será lengua vehicular

Ha sido uno de los mayores debates. De hecho, este asunto se ha colado en las negociaciones del Gobierno con Cs de cara al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). El PSOE y Unidas Podemos, tras negociarlo con ERC, aceptaron eliminar que el castellano sea "lengua vehicular" en todo el Estado, tal y como establecía la Lomce, la polémica ley Wert. "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios", recoge el texto votado este viernes.

Se prohíbe ceder suelo público a la concertada

Otro paquetes de medidas van destinadas a regular la escuela concertada. Una de las mayores novedades es que se prohíbe ceder suelo público para la construcción de los centros concertados y que estos colegios tienen que asegurar la gratuidad si quieren mantener los fondos públicos: "Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito y establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares. Las Administraciones educativas supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo." El texto, además, remarca la creación progresiva de plazas públicas frente a plazas de la concertada.

Las medidas que tienen que ver con la concertada han enfadado a la patronal, aunque no todos los cambios son negativos para ella. Aunque no sea vía Lomloe, mediante los Presupuestos, el Gobierno ha aumentado en un 5,6% la partida presupuestaria destinada a la concertada respecto a 2018.

La gran polémica con la educación especial

Los opositores a la ley dicen que la norma quiere acabar con los centros de educación especial. Sin embargo, lo que se expone es un plan de diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas trabajen, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

El objetivo es que los centros de educación especial continúen escolarizando a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada y que desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Las claves del texto del Gobierno

Uno de los cambios más importantes es que la Lomloe acaba con los itinerarios educativos que implantó el PP en 2013. La norma de los conservadores divide a los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas de forma que al acabar tercero de secundaria algunos estudiantes continúan cuarto y Bachillerato y otros pasan a Formación Profesional. Según el rendimiento académico, se decide qué titulación obtienen. La nueva ley elimina los itinerarios y recupera los programas de diversificación curricular para adaptar los estudios desde tercero. De esta forma, se fomenta que todos los alumnos estén en las mismas condiciones y que todos obtengan el graduado en ESO.

También destaca el fin de las reválidas aprobadas en la Lomce. Primaria vuelve a organizarse en tres ciclos y se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración). Las reválidas y el modelo de clasificaciones de los centros –los rankings– se cambian por evaluaciones "muestrales y plurianuales" y se prohíbe que sus resultados sean utilizados para hacer clasificaciones de centros educativos. Se contempla que estas evaluaciones no se realicen cuando termina el ciclo y se lleven a acabo en cuarto de primaria y en segundo de la ESO.

Se elimina el artículo de la Lomce que permite que las plazas en los centros varían en función de lo que pidan los padres, la llamada "demanda social". Serán las Administraciones educativas las que regulen la admisión de los alumnos "de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales" y se evite "la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza". También se elimina en los criterios del proceso de admisión los "elementos discriminatorios" derivados de la especialización de los centros. Así, ya no se podrá tomar el rendimiento académico como parte de los criterios.

La reforma elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato lo que implica que será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Se suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno y ya no contará ni para el acceso a la Universidad ni para la obtención de becas. Se incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos como obligatoria en algún curso de Primaria y de la ESO.

Finalmente, la Ética no será una asignatura obligatoria en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como pedían Unidas Podemos o Vox, entre otros grupos. El grupo confederal, que había impulsado esta iniciativa, ha defendido que con esta materia el alumnado sería "capaz de comprender y argumentar no solo sobre lo que se debe hacer, sino también sobre por qué se debe hacer lo que se debe hacer, que es el enfoque aportado por la Ética o filosofía práctica".

Además, la ley cambia el concepto de currículo. La intención del ministerio es dejar atrás un aprendizaje centrado en contenidos que se tengan que memorizar al desarrollo de los alumnos por competencias. Entre las ideas está trabajar en un Instituto de Desarrollo Curricular que cooperará con las comunidades autónomas. En principio, también se volverá a la Loe en la definición de los contenidos: el Gobierno central tendrá competencias sobre el 55% en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y sobre el 65% en las comunidades con una lengua oficial.

Otro de los objetivos del ministerio es reducir la alta tasa de repetidores. Para conseguir esto, el ministerio recupera que en Primaria los estudiantes solo puedan repetir curso al final de cada una de las tres etapas (segundo, cuarto y sexto) y permitirá que el equipo docente decida si alumnos que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso "de forma excepcional". Mientras que se podrá conceder el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.