Pocas horas han tardado desde los partidos de derecha en revolverse contra la nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos. Tanto PP como Cs ya han anunciado que boicotearán la reforma en los territorios que gobiernan. Además, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha avanzado en El Programa de AR (Telecinco), que llevará la ley al Tribunal Constitucional, siguiendo una estrategia recurrente en los populares.

En la entrevista, el líder del PP ha reiterado el mensaje de que regular los alquileres genera "inseguridad jurídica" y es un "ataque a la propiedad privada". Ha criticado el "intervencionismo del mercado" que sigue el Gobierno, al igual que con las empresas eléctricas y el recibo de la luz. Algo que es "suicida" y que demuestra que es "el Gobierno más radical de Europa", como ya dijo en una entrevista realizada en TVE el lunes. Casado ha confirmado que en las comunidades donde gobiernan, esta ley no se aplicará. 

El líder del PP ha señalado "si tú tienes un piso porque has ahorrado durante toda la vida para dejárselo a tus hijos, no puede ser que el Gobierno te fije el precio al que lo tienes que alquilar". No han profundizado ni ella ni la presentadora del programa en los detalles de la ley. La regulación de alquileres no es uniforme y contempla diferentes medidas en función de si los afectados son pequeños o grandes propietarios.

Por su parte, desde Cs tampoco se ha recibido bien la reforma. Así lo ha demostrado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. En un tuit, pese a que las competencias son autonómicas y no municipales, señalaba lo siguiente: "Spoiler. Madrid no aplicará la Ley intervencionista del Gobierno. La seguridad jurídica que ofrecemos hará que sigamos siendo el refugio de la inversión extrajera. Seremos más competitivos todavía. Puig y Rufián: ¡Madrid hace dumping inmobiliario!Y nos dará exactamente igual". 

En todo caso, ya ayer el portavoz del partido naranja en el Congreso, Edmundo Bal, criticó la reforma porque según dijo, "ha fracasado" en todas las capitales europeas en las que se ha implantado. Según señaló,  ha conseguido "lo contrario" de lo que pretendía, y es que ha subido el precio del alquiler. 

Desde Andalucía, donde gobiernan PP y Cs, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), ha transmitido también el mensaje de que no aplicarán la ley. 

Ya ayer desde el PP se transmitió el mismo mensaje. En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, incidió en que "las consecuencias de intervenir el mercado inmobiliario" repercutirá en la inversión extranjera. "Es un ataque sin precedentes a la propiedad privada. Un principio que defiende el PP y tiene el compromiso de luchar por él y defenderlo", avisó Gamarra tras afirmar que "tenemos un Gobierno con comunistas que intervienen un día sí y otro también los mercados".

También se pronunció al respecto el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien dijo que no subirían el IBI-