La Ley de Memoria Histórica del año 2007 necesita una reforma. Hasta ahí hay consenso. Así lo entiende el PSOE, Podemos, IU, las asociaciones de víctimas del franquismo e incluso los organismos internacionales especializados en Derechos Humanos. El problema llega a la hora de concretar cómo reformar una Ley de difícil consenso. Hasta la fecha hay dos propuestas encima de la mesa. La presentada por el PSOE en diciembre de 2017 y la presentada hace una semana por Izquierda Unida.

Las dos formaciones, según ha podido saber Público, se reunirán este lunes en una primera toma de contacto para buscar acuerdos amplios que permitan la reforma de la Ley de Memoria. Este periódico ha contactado con Andrés Perelló, responsable de Justicia del PSOE, y con Esther López Barceló, responsable de Memoria de IU, para analizar las principales diferencias y consensos entre las dos propuestas.

Los dos coinciden en que es posible el acuerdo ya que entre las dos propuestas hay una base común amplia. Sin embargo, también hay diferencias importantes. Por ejemplo: IU ve imprescindible que el torturador Billy el Niño, entre otros, rinda cuentas ante la justicia. El PSOE lo ve jurídicamente "imposible".

Diferencias

La Ley de Amnistía y el juicio a Billy el Niño

La diferencia fundamental entre las dos propuestas es la visión de hasta dónde pueden llegar los tribunales de justicia en la reparación a las víctimas del franquismo y en la búsqueda de la verdad. Izquierda Unida apuesta por derogar parte del articulado de la Ley de Amnistía e investigar y juzgar los crímenes del franquismo. En este sentido, Esther López Barceló, responsable de IU de Memoria Histórica, considera que esta medida, junto a la aplicación de la jurisprudencia internacional sobre crímenes contra el derecho internacional humanitario establecida en Nuremberg, permitiría juzgar a, entre otros, el torturador Antonio González Pacheco, expolicía de la Brigada Político Social. 

López Barceló pone como ejemplo la derogación de las leyes de Punto Final en Argentina, que permitió que se juzgaran los crímenes del dictador Videla. "Es cuestión de voluntad política. No se puede mantener que vivimos en un Estado de Derecho si Billy el Niño nunca ha pagado por sus torturas", dice López Barceló. IU también apuesta por judicializar la apertura de fosas y la apertura de investigaciones en cada caso para dilucidar qué ocurrió y juzgar, en el caso de que sea posible, a los responsables de los crímenes.

El PSOE, por su parte, hace referencia a acabar con la impunidad del franquismo a través de, especialmente, de la justicia restaurativa, que define como "una forma de enfocar la justicia que busca, más allá del castigo punitivo de las sanciones penales, la restauración del daño causado". Asimismo también apuesta por la judicialización de la apertura de fosas y la toma de declaración de las víctimas. "Es un modelo que pone a la víctima en el centro y nos permite escuchar sus testimonios, que es muy importante. Los procedimientos judiciales deben estar inspirados por el principio de reparación y no meramente por el penal", dice Andrés Perelló. 

Sin embargo, los socialistas consideran que es "imposible" juzgar a Billy el Niño por las torturas de hace 40 años. "Las torturas están prescritas. Tenemos dos sentencias judiciales diciendo que las torturas están prescritas ya que no son crímenes de lesa humanidad. Me gustaría juzgarlo, pero es que no se puede. No podemos generar unas expectativas que no podemos cumplir", dice Perelló, que considera que si se derogara ahora la Ley de Amnistía no cambiaría nada. "Las leyes no pueden ser retroactivas. La dictadura de Argentina es un caso diferente. No fue hace 80 años. No es comparable", sentencia Andrés. 

Comisión de la verdad y Fiscalía especial franquismo

Una de las propuestas estrella del PSOE es la creación de una Comisión de la Verdad, esto es, "un órgano de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos" a través de la "recuperación y análisis de documentos históricos". La Comisión de la Verdad tendría como objetivo elaborar un informe "incluyente y global que contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición". 

Esther López Barceló considera que se puede alcanzar un acuerdo para la creación de este órgano siempre y cuando vaya acompañado de la apertura de procesos judiciales. La apuesta de IU, de hecho, es la creación de una Fiscalía especial para iniciar e impulsar procedimientos judiciales contra el franquismo. La coalición de izquierdas sostiene que la verdad sobre el período franquista tiene que venir de la acción de los tribunales de justicia tras investigar y juzgar los crímenes de la dictadura. 

La Transición, a investigación

Hay una diferencia importante entre el período histórico que incluyen las dos leyes. El PSOE señala que el período histórico a investigar por la Comisión de la Verdad es desde el golpe de Estado del 17 y 18 de julio a la aprobación de la Constitución en 1978. Por contra, Izquierda Unida amplia el período objeto de la Ley de Memoria Histórica hasta "el 1 de enero de 1983, ampliando excepcionalmente también hasta el 31 de diciembre de 1999 para los supuestos de menores sustraídos". 

Concordato de la Santa Sede

La propuesta de Izquierda Unida incluye la denuncia y derogación de los acuerdos suscritos entre el Estado español y el Vaticano. Asimismo, emplaza a impulsar un "acuerdo bilateral" entre ambos Estados "basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres". 

Por su parte, Andres Perelló, del PSOE, rechaza que esta posibilidad se encuentre dentro de la Ley de Memoria Histórica. "Es una potestad del Gobierno. No creo que sea el lugar. El Ejecutivo puede denunciar ese acuerdo sin necesidad de acudir a esta Ley", dice. 

Años de prisión por humillar a las víctimas del franquismo

Tanto PSOE como IU defienden la modificación del delito de odio, regulado en el artículo 510 del Código Penal, para que la humillación, menosprecio o descrédito a las víctimas del franquismo, así como la negación de los crímenes de la dictadura, estén perseguidos por el Código Penal. Sin embargo, hay una diferencia sustancial respecto a las penas económicas o de prisión que se solicitan en cada propuesta.

Izquierda Unida contempla una reforma del artículo 510 que permitiría sancionar con multas de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 20 días a los que "lesionen la dignidad" de las víctimas y para quienes "enaltezcan o justifiquen los crímenes" del franquismo. Así, el Código Penal también recogería la pena de prisión de seis meses a un año por fomentar, promover o incitar al odio contra los víctimas del franquismo y a quienes "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio o de lesa humanidad" contra las víctimas de la dictadura. 

El PSOE, por contra, se muestra mucho más duro con las penas. Establece una pena de prisión de uno a cuatro años a quienes "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo". Asimismo, también recoge penas de prisión de seis meses a dos años para quienes "enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo". 

La cruz del Valle de los Caídos

Los dos partidos apuestan por sacar al dictador Francisco Franco y a Primo de Rivera del altar del Valle de los Caídos, tal y como ha anunciado el Gobierno que hará en las próximas fechas. Así, también están de acuerdo en la necesidad de convertir el actual mausoleo del dictador en un espacio de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo y la lucha por la democracia. 

La diferencia fundamental entre ambas propuestas es que IU apuesta por eliminar o demoler algunos elementos del Valle de los Caídos. Especialmemente, la coalición de izquierdas hace referencia a la "cruz-espada" que se erige sobre la entrada a la basílica ya que se trata de un "elemento incompatible con un Estado democrático y con el proceso de "resignificación". 

Censo de empresas de trabajo forzoso

La propuesta de IU recoge la creación de un censo de empresas y personas jurídicas de carácter privado que se hayan beneficiado del trabajo forzoso de los presos políticos de la dictadura. Este listado se incluiría "en el llamado Censo de la memoria democrática del Estado" y las empresas tendrían la obligación de iniciar una "reparación moral y económica" a las víctimas. La indemnización a las víctimas sería satisfecha por el Estado, que reclamará ese dinero a las empresas. 

El responsable de Memoria Histórica del PSOE señala que esta medida es imposible de realizar ya que han transcurrido muchos años desde el uso de presos políticos como trabajadores forzosos y no es posible seguir el rastro de las empresas, que en la mayoría de los casos o no existirán o no serán de los mismos dueños. "Es imposible", sentencia Perelló. 

Similitudes

Nulidad de las condenas

Los dos partidos políticos apuestan por la nulidad de los juicios y sentencias de la dictadura franquista con especial mención a los Consejos de Guerra, la Ley de responsabilidades políticas, al Tribunal de Orden Público y al Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. 

Esta petición ya fue formulada por las asociaciones de víctimas del franquismo y ERC para su inclusión en la anterior Ley de Memoria Histórica. En cambio, el PSOE consideró entonces que era suficiente con declarar aquellas sentencias y tribunales como "ilegítimas". Ahora, los socialistas reconocen que aquel paso no fue suficiente y apuestan por su nulidad. 

El Estado, responsable de las exhumaciones y búsqueda judicial

Los dos partidos están de acuerdo en la necesidad de judicializar la apertura de fosas y la investigación sobre lo sucedido. Asimismo, las dos propuestas incluyen la reforma del que probablemente ha sido el aspecto más criticado de la Ley de Memoria de Zapatero, que delegaba en las familias y asociaciones de la exhumación de las fosas a través de las subvenciones del Estado. 

En este caso, tanto PSOE como IU atribuyen al Estado la responsabilidad de la "búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil Española y la Dictadura
Franquista". Asimismo, los dos partidos apuestan por la creación de un mapa de fosas. 

Banco de ADN para bebés robados

También hay bastante consenso en la necesidad de solucionar la trama de robo de bebés que ha existido en España desde el inicio de la Guerra Civil, con el robo de niños a madres republicanas, hasta bien entrada la democracia. Tanto PSOE como IU apuestas por la "búsqueda judicial de niños sustraídos" y la creación de un Banco de ADN. 

Censo de víctimas de la Guerra Civil

Asimismo, PSOE e IU apuestan por la creación de "un censo público de víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo, con independencia de su nacionalidad, con la información recopilada por la Comisión Técnica de Memoria Histórica y los datos suministrados por las diferentes administraciones públicas, víctimas, organizaciones memorialistas y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con información relevante para el mismo". En este sentido, IU hace mención específica a los 9.000 españoles que fallecieron en los campos de concentración. No parece difícil alcanzar un acuerdo en este punto.

Día Nacional de las Víctimas del franquismo

Los dos partidos apuestan por honrar a las víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil en un día específico del calendario. En este sentido, el PSOE apuesta por el 31 de octubre, día en el que se aprobó la Constitución en las Cortes. Izquierda Unida opta por elegir el 8 de mayo el como Día de homenaje a las víctimas y a las
defensoras y defensores de la democracia el 8 de mayo. La elección de esta jornada se debe a que fue el día de la victoria sobre el fascismo en la II Guerra Mundial.