La esperada Ley de Memoria Democrática del Gobierno se somete este jueves a su primer gran examen en el Congreso. Una prueba que previsiblemente superará tras el rechazo de los vetos presentados por PP y Vox, y la enmienda con texto alternativo de ERC, pero que pondrá el proyecto de ley que pilotó la exvicepresidenta primera Carmen Calvo frente al espejo con un claro aviso a navegantes.

Cuando la norma recibió luz verde por parte del Consejo de Ministros el pasado mes de julio, los socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, y las entidades memorialistas manifestaron su descontento hacia la norma, exigiendo un proyecto de ley "más ambicioso" dado el propósito de la misma, que busca actualizar la ley de Memoria Histórica de 2007 y adaptarla a las sugerencias de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Al margen de las dos enmiendas de devolución presentadas por la derecha y la ultraderecha al sostener que la norma es "innecesaria" e "impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia", la propuesta de ERC pretende reconocer "cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas" víctimas del franquismo y su derecho a la "reparación".

El texto de los republicanos, que será apoyado previsiblemente por EH Bildu, Junts y la CUP (unos votos que no serán suficientes para que salga adelante ante el rechazo de PSOE y Unidas Podemos), cuestiona la ausencia de calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquellos realizados impunemente por el franquismo y la no retirada de las distinciones otorgadas a a los criminales.

"Ni siquiera se anulan las sentencias que tribunales absolutamente ilegales dictaron, como la del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. Tampoco se reconoce la restitución del patrimonio, los documentos y el papel moneda incautado a personas, físicas y jurídicas, e instituciones", reza la enmienda a la totalidad de ERC. En esta línea, los republicanos piden la aprobación de "sentencias de nulidad" por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia.

La norma tal como está redactada cierra "explícitamente" la puerta a las reclamaciones patrimoniales que se deriven del reconocimiento de víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Por eso, el grupo republicano entiende que se trata de un "brindis al sol", ya que no basta con otorgar un "diploma" a los represaliados.

Derogar o modificar la Ley de Amnistía

El texto elaborado por el departamento dirigido actualmente por el ministro Félix Bolaños recoge que el período de reconocimiento de víctimas acaba con la promulgación de la Constitución en 1978, un tramo que ERC propone ampliar hasta el 31 de diciembre de 1982. En consecuencia, hay crímenes y víctimas que no son consideradas en la ley, lo que ha provocado que se hayan abierto procedimientos judiciales en el extranjero, como la querella Argentina.

ERC considera que la Ley de Memoria Democrática no acaba con la impunidad del régimen franquista, y por ende, su ilegalización formal tampoco sería suficiente sin la derogación de Ley de Amnistía de 1977 o de parte de la misma, en consonancia con el reciente informe emitido por el Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU.

Especial mención merece el periodo de la II República y su reconocimiento como "un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político", así como "sus leyes y símbolos como propios e históricos". Así, la propuesta de ERC pasa por dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de "un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República".

El Congreso rechazará previsiblemente las tres enmiendas de totalidad, por lo que el texto gubernamental continuará su travesía en la Cámara Baja con la presentación de enmiendas parciales. Este paso supondrá un nuevo punto caliente que obligará a los socialistas a abrirse a retocar el proyecto de ley para asegurar los votos necesarios, ya que hasta la fecha no los tiene garantizados, y así se lo trasladarán los socios del Gobierno este jueves en sede parlamentaria.