La nueva ley educativa con la que el Gobierno quiere poner fin al proyecto heredado del PP no encuentra apoyos en la derecha. Es más, tanto Partido Popular, como Vox y Ciudadanos amenazan con llevarla a los tribunales si se incluye la enmienda pactada por los partidos del Ejecutivo junto a Esquerra Republicana de Catalunya para que el castellano deje de figurar como lengua vehicular y que enmarca esta cuestión en los estatutos de las comunidades. 

Para el Gobierno esta enmienda no supondrá la desaparición del castellano en las escuelas, como así profetizan desde la derecha desde hace años. "El castellano seguirá siendo tratado como fija la Constitución y los estatutos de autonomía", aseguró recientemente la ministra de Educación, Isabel Celáa, que garantizó que no hay ninguna intención de "desalojar al castellano de las escuelas" sino "blindar la inmersión lingüística" en Catalunya. Desde el PSOE y Unidas Podemos destacan que esta norma ya estaba en vigor antes de aprobarse la Lomce, conocida popularmente como ley Wert, en el año 2013.

A juicio del líder de la oposición, Pablo Casado, el Gobierno de coalición "ha cruzado una línea roja" porque "a cambio" de aprobar los Presupuestos ha decidido "excluir" el castellano "como lengua vehicular en toda España". "Las instituciones europeas han dicho que los países tienen que hacer leyes educativas por consenso, porque si no van a fracasar", ha dicho este lunes el conservador ante la junta directiva nacional de Nuevas Generaciones del PP.

Sin embargo, este consenso no ha imperado a lo largo de la historia reciente. La actual propuesta, al igual que sus predecesoras, rompe con el modelo educativo del anterior partido de Gobierno. Durante la legislatura del PP, después de la aprobación de la Lomce en el Congreso hubo un intento de llegar a un Pacto Educativo. Fue un fracaso que acabó con la renuncia de buena parte de los partidos de la Cámara Baja. El pacto educativo no se intentó recuperar y, desde la primera legislatura de Pedro Sánchez, el Gobierno socialista trabajó para sacar adelante la nueva ley de educación, la Lomloe.

Pese a que los ataques de la derecha se han dirigido especialmente a esta enmienda en los últimos días, también se critican otros aspectos, como que la ley es un "castigo a la concertada" y que "anula" a la educación que segrega por sexos. Así lo expresaron los parlamentarios de PP, Cs y Vox en la Comisión de Educación del Congreso celebrada el pasado viernes. Los partidos del Gobierno  junto a los grupos nacionalistas y Más País defendieron, por su parte, que el nuevo modelo prohíbe los conciertos con escuelas que segregan por sexo o impide ceder suelo público a la educación concertada, entre otros detalles.

Arrimadas amaga con votar en contra de los PGE

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas y su núcleo duro llevan meses repitiendo que el Gobierno tiene que elegir socios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE): o los independentistas o ellos, porque sus apoyos son "incompatibles". Desde la dirección de Ciudadanos denunciaban recientemente que una parte del Ejecutivo —en la que se encuentran los dirigentes de Unidas Podemos y también otros del PSOE— se mostraba más reticente a que ellos participasen en las negociaciones, por lo que, a su juicio, trataban de tenderles "trampas" para que "se enfadaran" y renunciaran a estar en la negociación. Señalaban como una de ellas la citada enmienda educativa.

Tras producirse el acuerdo entre el Ejecutivo y Esquerra Republicana, Inés Arrimadas aseguró que su formación recurriría al Tribunal Constitucional esta decisión -sin embargo, Cs no cuenta con 50 diputados necesarios para ello- y que también lo denunciaría ante la Unión Europea y el Defensor del Pueblo. En privado los dirigentes de Cs aseguraban que, pese a que esta medida iba en contra de "los genes" de su formación, no se planteaban exigir al Gobierno que retirase esta enmienda a cambio de su apoyo porque entonces ya estarían dando "una excusa" al líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para apartarlos de la negociación.

Sin embargo, esta tibia postura  -que algunos interpretaban como una renuncia a los valores primigenios de la formación- provocó recelos en el seno de partido, lo que llevó a Arrimadas a comprometerse poco después a votar 'no' a los PGE si el Gobierno no recogía en la ley Celaá el carácter vehicular del castellano en Catalunya, aunque la máxima dirigente de Ciudadanos evitó calificarlo públicamente de "línea roja" en rueda de prensa.

El PP aprovecharía la caída de Cs en Catalunya

Casado ha marcado como una de sus prioridades la derogación de esta normativa si consigue llegar al Gobierno de España. El líder del PP ha criticado que la izquierda "vuelve a intentar el contrarreformismo" en materia educativa en cuanto llega al poder, pero al mismo tiempo se ha comprometido a derogarla. Asimismo, el conservador no tiene dudas de que este proyecto saldrá adelante. "Lo van a conseguir con el apoyo de la mayoría Frankenstein".

Estas declaraciones se producen a apenas tres meses antes de que se celebren las elecciones en Catalunya, planificadas para el próximo 14 de febrero. Según las estimaciones del gabinete demoscópico Key Data para Público, el PP catalán, encabezado por Alejandro Fernández, recuperaría algo de terreno y ganaría tres diputados —de 4 a 7—, más de 60.000 votos y 2,2 puntos de apoyo, mientras que la ultraderecha de Vox se estrenaría en el Parlament después de obtener más de 160.000 papeletas (el 4,2%), que le reportarían cuatro representantes, todos en Barcelona.

Tanto PP como Vox se alimentarían en gran parte de votantes que el 21-D habían optado por Ciudadanos. Los de Arrimadas pasarían de ganar los comicios hace tres años a ser apenas el cuarto partido del Parlament y a gran distancia del tercero, perdiendo 625.000 votos de los más de 1,1 millones que obtuvo —pasando del 25,4% al 12,3% de apoyo— y 21 de los 36 diputados actuales, sumando sólo 15. Las fugas serían múltiples, pero más allá de la abstención irían fundamentalmente a PSC (99.000 votos), PP (95.000) y Vox (90.000).