La Justicia exonera a dos antifascistas que retiraron placas franquistas de viviendas sindicales en Zaragoza

"Lo sintomático es cómo la ciudadanía convive con esos símbolos sin problema y tampoco los tiene cuando se retiran", señala Enrique Gómez, presidente de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) de Aragón, a raíz del rocambolesco caso judicial en el que dos miembros de CNT han pasado varios meses imputados como presuntos autores de un delito de daños por haber retirado cerca de medio centenar de placas con simbología franquista de viviendas sindicales en Zaragoza.

Las 44 placas, con el yugo y las flechas de la Falange, que la Policía Local intervino a J.R.M.A. y G.T.V. en septiembre del año pasado en la calle Reina Fabiola seguían en las fachadas cuando iban a cumplirse catorce años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica estatal en 2007, que ordenaba a las administraciones tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura", y cuando la norma autonómica (Ver PDF), que señalaba el 22 de noviembre de 2020 como la fecha para borrar los vestigios del franquismo de los espacios públicos, se acercaba a su tercer año de vigencia, una realidad que actúa como ‘prueba del nueve’ del amplio margen de mejora del que disponen las instituciones para su aplicación.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital aragonesa, Mercedes Terrer, ha archivado finalmente la causa abierta contra los dos jóvenes al estimar que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito" por el que habían siso encartados.

La juez ha tomado esa decisión tras presentar el letrado de los antifascistas, Ramón Campos, una solicitud en ese sentido en la que destacaba dos argumentos: "No existe reclamación ninguna ni daño ninguno acreditado", ya que ninguna de las comunidades de vecinos afectadas por la retirada de las placas ha presentado denuncia contra J.R.M.A. y G.T.V. ni reclamado ningún tipo de resarcimiento, a lo que se suma "la obligación legal desde 2007 de retirar ese tipo de simbología tanto de edificios públicos como privados".

"No necesitamos autorización para retirar esas placas"

Los dos jóvenes fueron interceptados por una patrulla de la Policía Local de Zaragoza el 8 de septiembre de 2021 a la altura del número 9 de la calle Reina Fabiola de Zaragoza, donde, además de las 44 placas en una caja, los agentes les intervinieron la escalera que utilizaban para llegar a los rótulos y el cortafrío con el que los desprendían de la pared.

Su explicación siempre fue que "representaban símbolos fascistas" y que "al no ser retiradas por nadie decidieron hacerlo ellos", según reflejan las diligencias.

"La motivación para su retirada (...) estaría relacionada con la simbología que presentan en su lado izquierdo, representando 'el yugo y las flechas', [ya que] se trataba de simbología fascista", reseñan los investigadores, a los que los antifascistas mostraron su convicción de que "no necesitan ningún tipo de autorización para retirar esas placas ya que como antes mencionaron presentan símbolos fascistas".

Así lo explican ellos mismos en este vídeo difundido en sus redes sociales por CNT, sindicato que mantiene que el Gobierno "no se ocupa de la simbología fascista que aún hoy queda por la calle" y que, en lugar de ello, "usa las leyes contra aquellos que quieren hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática de Aragón en vez de contra aquellos que la incumplen" al detener a "los ciudadanos que con sus propios medios toman la iniciativa para limpiar esa basura de nuestra ciudad".

Cada una de las placas, de 30 por 19,5 centímetros, tendría un valor de venta de 120 euros según la estimación de un perito judicial, lo que daría un total de 5.280 euros. Sin embargo, con independencia de las conclusiones de su breve informe, en la causa no se estaba valorando un asunto de carácter económico sino la eventual comisión de un delito de daños por su retirada.

"Una equidistancia que nos parece ofensiva"

Se trata de las placas que a partir de 1957 el Instituto Nacional de la Vivienda, y después el Ministerio de ese ramo, obligaban a colocar "en un lugar visible y cercano al dintel de la puerta" de acceso a los bloques y casas de protección oficial.

Algunos ayuntamientos como los de Barcelona, Sevilla y Cádiz han desarrollado campañas para la retirada de esos símbolos, una iniciativa que no han tomado el de Zaragoza ni tampoco el gobierno de Aragón, cuya área de Memoria considera, según el informe remitido al juzgado, que en este caso las placas "deberían ser devueltas" a las comunidades de vecinos para que decidieran qué hacer con ellas, ya que "la retirada ha sido un acto llevado a cabo de manera unilateral por determinadas personas y no ha habido un requerimiento en tal sentido por parte de las autoridades municipales o autonómicas".

El Gobierno de Aragón sí ha recomendado a algunos ayuntamientos que han inventariado los vestigios del franquismo presentes en los espacios públicos, como el de Sabiñánigo, que apliquen un procedimiento similar al de Cádiz: notificar a las comunidades de vecinos la intención de eliminar las placas "con arreglo a la legislación vigente", dar un mes para que respondan y, salvo que estas indiquen expresamente su oposición a la retirada con un acuerdo formal de los vecinos, comenzar a retirarlas y conservarlas, con la posibilidad de entregarlas a los vecindarios si estos lo solicitan.

Las entidades memorialistas perciben desde hace tiempo un parón en las políticas de ese ámbito en Aragón. "Llevamos años luchando contra una equidistancia que nos parece ofensiva", señala Gómez, que recuerda cómo "varias asociaciones tuvimos que presentar una demanda para que el alcalde de Huesca retirara una placa dedicada a Franco del Ayuntamiento. Por el momento los tribunales nos están dando la razón, pero el problema es que hayamos tenido que ser nosotros, los ciudadanos, los que hayamos tenido que ir a pedir que se cumpla la ley".

"Estamos un poco en pie de guerra porque vemos que la ley no se desarrolla y que lo referente a la memoria democrática se está desmantelando", añade.