La Junta de Andalucía encuentra 88 nuevas fosas de víctimas del franquismo

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno el informe de la actualización del Mapa de Fosas Comunes de Andalucía, en el que se documentan 702 de estos enclaves de la represión en la Guerra Civil y la dictadura franquista. La cifra supone un incremento de 88 (14,33% más) respecto al anterior trabajo realizado en 2010.

Por provincias, destacan Sevilla, Huelva y Cádiz con 136, 124 y 118 fosas localizadas, respectivamente. Les siguen Granada con 108, Málaga (99), Córdoba (79), Jaén (27) y Almería (11).

El nuevo mapa, que se encuentra publicado en la web de la Junta de Andalucía, se ha realizado en colaboración con asociaciones memorialistas, universidades, corporaciones locales y familiares de víctimas. Su diseño interactivo se dirige al objetivo de seguir contando con la participación y las aportaciones de la ciudadanía. Por otra parte, los datos actualizados serán remitidos esta misma semana al Ministerio de Justicia para su inclusión en el mapa estatal.

No todas las víctimas andaluzas en fosas están en Andalucía, ya que también pueden encontrarse en otros lugares de España o en el extranjero

Respecto a las víctimas, la cifra de personas desaparecidas de las que se tiene constancia asciende a 48.349. No todas están en fosas en Andalucía, ya que también pueden encontrarse en otros lugares de España o en el extranjero. Por provincias, 367 corresponden a Almería, 1.555 a Cádiz, 5.139 a Córdoba, 11.563 a Granada, 10.382 a Huelva, 2.039 a Jaén, 7.241 a Málaga y 10.063 a Sevilla.

Andalucía fue la primera comunidad autónoma en comenzar la elaboración de un mapa de fosas comunes en el año 2005. En la presente actualización, la Dirección General de Memoria Democrática contactó con todos los ayuntamientos andaluces para que remitieran información. Asimismo, se ha contado con la colaboración técnica del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y se ha constatado la gran importancia de los testimonios de testigos, familiares e investigadores locales como fuente de información para la localización de fosas y lugares de enterramiento.

El Mapa seguirá revisándose con las nuevas investigaciones que se vayan realizando, así como con las intervenciones de localización, exhumación o monumentalización que se lleven a cabo por las administraciones públicas.

De forma paralela a la actualización del mapa, la Junta ha abierto la licitación para la contratación de actuaciones de indagación, localización y delimitación, exhumación, estudio antropológico y, si procede, identificación genética de víctimas, en otros 29 municipios. Esta iniciativa, sobre la que ya se han realizado gestiones con familiares, entidades memorialistas y ayuntamientos, cuenta con un presupuesto de 413.000 euros para un periodo de un año.

En cuanto a los trabajos en fosas comunes, actualmente se tramita la licitación de un contrato para la indagación, investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio de víctimas en enclaves ubicados en la comunidad autónoma, con un presupuesto inicial de 413.223 euros. Esta iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado entre marzo de 2015 y enero de 2018, con más de 40 intervenciones y en torno a 450 cuerpos recuperados. En estos momentos se actúa en las fosas de Benamahoma y San Fernando (Cádiz); Córdoba capital, con una fase preliminar de investigación histórica; Nerva (Huelva), Villanueva de la Concepción (Málaga), y Utrera (Sevilla).

Próximamente se iniciarán intervenciones en otros municipios como Castro del Río (Córdoba); Alfarnate y Colmenar (Málaga), y Sevilla, donde está prevista la exhumación de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, al amparo del convenio suscrito recientemente entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

Un año de la Ley de Memoria 

Asimismo, en la reunión del Consejo de Gobierno, Jiménez Barrios ha presentado un informe del primer año de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que fue aprobada en marzo de 2017 por la Cámara autonómica, y que establece las bases para garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

El informe señala la incorporación de la Memoria Democrática a los planes de formación de los centros educativos y del profesorado

En su balance, Jiménez Barrios ha destacado el impulso económico que la Administración autonómica ha dado en esta materia, como refleja el incremento del 73,1% en los presupuestos andaluces de 2018 respecto a los del ejercicio anterior (de 668.000 a 1.156.000 euros). En el caso de las intervenciones en fosas comunes, el aumento ha sido del 154,2%, hasta superar los 600.000 euros.

El vicepresidente ha subrayado el elevado grado de cumplimiento de la ley y ha puesto de manifiesto el compromiso con sus políticas al situarlas en la primera cartera del Gobierno, la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, lo que ha garantizado una mayor coordinación y transversalidad.

En cuanto al desarrollo de la norma, el informe señala la próxima aprobación del decreto de creación del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano colegiado consultivo y de participación que tendrá en su seno la Comisión de la Verdad prevista en la ley. Asimismo, se ha iniciado la tramitación del decreto sobre Símbolos y Actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una norma pionera en España que establecerá el procedimiento para la retirada con garantías de la simbología franquista. Además, la Consejería de Educación ha creado una comisión técnica de expertos que concluirá con la tarea ya iniciada de identificación y eliminación.

Otro decreto de desarrollo de la ley que se encuentra en tramitación es el que regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, actualmente en el preceptivo trámite de consulta pública. Las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y divulgación incluirán este año a las entidades sin ánimo de lucro, a las universidades y a las corporaciones locales, de acuerdo con la orden de bases reguladoras que se aprobará próximamente.

De igual modo, la Junta está elaborando el Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, cuya propuesta inicial ha sido consensuada con las consejerías involucradas y que detallará, con carácter cuatrienal, los objetivos, estrategias y acciones en la materia, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de lugares y senderos; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.

El Gobierno andaluz también ha designado recientemente la comisión técnica que investigará la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante el período previsto en la ley, que abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia.

En materia de educación, el informe señala la incorporación de la Memoria Democrática a los planes de formación de los centros educativos y del profesorado, así como a la normativa curricular de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente.