El Gobierno de Susana Díaz ha adjudicado finalmente los contratos por la gestión de sus cuentas públicas a cinco grandes bancos -BBVA, Santander, CaixaBank, Abanca y Banco Mare Nostrum (BMN)-, que se repartirán un volumen de 31.000 millones de euros del Presupuesto andaluz.

A cambio de gestionar las nóminas de más de 260.000 funcionarios, tributos, pagos a universidades, ayuntamientos, etc…, las entidades financieras tendrán que asumir los retrasos de la Junta en el pago a proveedores, así como las subvenciones públicas y becas de estudios. La ley andaluza de garantías de pagos obliga al Gobierno andaluz a abonar a sus proveedores antes de 20 días, y a pagar ayudas y becas antes de 45. Si rebasa esos plazos, serán los cinco bancos señalados los que asuman los retrasos de la Administración y adelanten el pago. Además para lograr la adjudicación han tenido que conceder a la Junta cinco líneas de crédito a interés cero por valor de 1.100 millones de euros al año.

El Ejecutivo de Díaz licitó la gestión de todas sus cuentas públicas, incluyendo esta última cláusula de garantías en los tiempos de pagos para que los bancos cubrieran las espaldas a su Tesorería. La Consejería de Hacienda pensó que el volumen de negocio -31.000 millones de euros- era lo suficientemente atractivo para las entidades bancarias, como para añadir de soslayo ese compromiso de abonar los retrasos. Faltaba por saber qué intereses tendría que pagar el Gobierno andaluz a los bancos a cambio de que estos hicieran de prestamistas con proveedores, empresas y becarios, y se prestaran a financiar los servicios básicos auxiliares en caso de demora en los pagos.

Fuentes del departamento de María Jesús Montero estiman que la Junta pagará unos 200.000 euros de intereses por las pólizas a corto, sin embargo, el saldo final será positivo, puesto que obtendrá cinco millones de euros de rendimiento. Ninguna de las cinco entidades bancarias cobrará comisiones a la Junta por la gestión de sus cuentas. “Las retribuciones de los saldos en las cuentas y el coste de las pólizas a corto arrojan un beneficio neto para el Gobierno andaluz con esta licitación de cinco millones de euros”, explican desde la consejería.

Según el documento publicado en el Perfil del Contratante de Hacienda y Administración Pública, los 31.000 millones de euros se han adjudicado en seis lotes distintos, siendo el BBVA el que gestionará el mayor volumen: la nóminas de todos los médicos y profesores de Andalucía; Caixabank el resto de nóminas y el pago a universidades; Santander se queda con la financiación a corporaciones locales; Abanca los pagos al Tesoro Público y Banco Mare Nostrum el resto.

Los lotes 1 y 2 (nóminas de Salud y Educación) se adjudican a BBVA retribuyendo las cuentas a 52 y 55 puntos básicos, (0,52 y 0,55% respectivamente, y con un recorte de 7 puntos básicos sobre prudencia en la póliza de crédito. Se trata de tipos de interés muy bajos si se compara, por ejemplo, con el Euribor, índice al que se prestan dinero los bancos y que rige para la mayoría de hipotecas. El Euribor lleva meses en negativo, además apenas se están retribuyendo los saldos debido a las políticas expansivas del Banco Central Europeo.

El lote 3 (resto nóminas y pagos a Universidades) se lo lleva Caixabank retribuyendo las cuentas a 31 puntos básicos y con un recorte de 20 puntos básicos sobre prudencia en la póliza de crédito. El lote 4 (fondos para ayuntamientos) es para el Santander, retribuyendo las cuentas a 10 puntos básicos y con un recorte de 7 puntos básicos sobre prudencia en la póliza de crédito. El lote 5 (pagos al Tesoro Público) lo asume Abanca, que hasta ahora no trabajaba con la Junta, retribuyendo las cuentas a 8 puntos básicos y con un recorte de 2 puntos básicos sobre prudencia en la póliza de crédito. Por último, el lote 6 (resto de pagos) es para el BMN, retribuyendo las cuentas a 15 puntos básicos y con un recorte de 1 punto básico sobre prudencia en la póliza de crédito. Todos ellos sin comisión alguna.

Se da la circunstancia de que uno de los cinco bancos adjudicatarios -Caixabank- fue denunciado por el Gobierno andaluz durante la legislatura pasada, junto a otras cuatro entidades financieras, por incumplimiento del Código de Buenas Prácticas relativo a deudores hipotecarios. Fue la Consejería de Fomento y Vivienda, entonces en manos de IU, quien denunció ante la Fiscalía “actitudes o comportamientos por parte de determinadas entidades bancarias que deben ser corregidas al objeto de reforzar el marco de protección de los deudores hipotecarios sin recursos (…) por si pudiera ser constitutivo de ilícito penal”.

Con la licitación del contrato privado para la gestión de su presupuesto anual, la Junta reduce de 600 a diez sus cuentas bancarias, logrando “más control sobre los pagos y más transparencia sobre los movimientos financieros”.