Arranca este miércoles el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra un sargento de la Guardia Civil destinado en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones por los presuntos delitos de falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos, por lo que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión. El juicio se celebra con jurado popular. 

El sargento, que responde a las iniciales P. J. J. S., no estará solo en el banquillo; le acompaña otro acusado, E. M. D., un trabajador autónomo dado de alta en el epígrafe de actividades de comercio al por mayor de equipos electrónicos, que se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel. Ambos, según el escrito de la Fiscalía, urdieron un plan para desviar un total de 210.721,41 euros de las arcas del Instituto Armado a dos cuentas corrientes titularidad del trabajador autónomo para después repartirse el dinero entre ambos. 

Los hechos se remontan a junio de 2009 y tuvieron lugar en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones de la Guardia Civil con sede en la calle Guzmán el Bueno, de Madrid, donde el sargento acusado era el responsable de la Oficina de Gestión Presupuestaria. Ese negociado está encargado de llevar a cabo los trámites administrativos
relacionados con pagos a terceros proveedores de servicios o reparaciones. 

Según el Ministerio Público, "los dos acusados, animados de la intención de enriquecerse a costa del erario público, urdieron un plan consistente en la desviación de fondos de las arcas del Instituto Armado a las cuentas corrientes titularidad de E. M. D. el cual, una vez recibidas las transferencias de fondos a su favor y en disposición del dinero, procedía a repartir los importes recibidos con el acusado P. J. J. S. a quien le entregaba una parte en metálico". 

Para perpetrar su plan, E. M. D. elaboraba documentos que simulaban ser facturas, empleando la denominación Suministros Logísticos Dorado CB. También usaba en dichas facturas falsas el nombre de su esposa, F. V. P., la cual, "inducida por su marido, y sin que conste tuviera conocimiento de los hechos", se dio de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. 

Las facturas creadas por el acusado E.M.D. simulaban reparaciones o el suministro de servicios a la Guardia Civil. Una vez recibidas en el negociado del que el sargento acusado era el responsable, se ordenaba el pago mediante transferencia bancaria. En algunas de las facturas, el sargento acusado simuló las firmas del Coronel de la Guardia Civil Jefe del Servicio de Telecomunicaciones D. S. G. P. y del Teniente Coronel de la Guardia Civil 2º Jefe del Servicio de Telecomunicaciones D. J. M. M. C. en los sellos de "conforme y páguese" estampados. 

Las facturas nunca superaban el importe de cinco mil euros, con el claro objetivo de que pudieran ser abonadas, al no superar esa cifra, a través del sistema de pago mediante anticipo de caja fija. Una vez que los fondos transferidos por la Dirección General de la Guardia Civil se hallaban depositados en las cuentas de E.M.D., éste realizaba, "de manera inmediata o transcurridos pocos días, reintegros de cantidades en efectivo que oscilaban entre 2000 y 2500 euros que entregada a su presunto cómplice, el sargento P. J. J. S."

Después de tres años y medio siguiendo presuntamente esta práctica fraudulenta, la actividad de ambos acusados cesó el 30 de enero de 2013. Ese día E. M. D. acudió a las dependencias de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno, donde había concertado una cita con el sargento para entregarle un sobre con 2500 euros. Una vez realizada la entrega, ambos fueron detenidos. Los dos acusados estuvieron un mes en prisión preventiva, en enero de 2013.