Policías nacionales y agentes de la Guardia Civil han monopolizado las últimas semanas de juicio a la cúpula del procés, en el Tribunal Supremo, pero la balanza ha vuelto a inclinarse en favor de las defensas. De hecho, la 11 semana de juicio arrancaba con testigos de las acusaciones, y se cerraba en su 35 y 36 jornadas, con las comparecencias de testigos llamados por las defensas.

El relato de episodios de violencia, que para la Fiscalía y la acusación popular de los ultraderechistas de Vox debería servir para legitimar su tesis de que los 12 procesados son culpables de un delito de rebelión -para el partido de extrema derecha son hasta tres, en el caso del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras-, contrasta por fin con el de políticos, trabajadores de la Generalitat, de Diplocat o académicos, que sostienen exactamente lo contrario. Son dos visiones incompatibles, enfrentadas, antitéticas.

De hecho, los relatos sobre el pacifismo y el ambiente festivo de las protestas en Catalunya en los días previos y posteriores al referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017, o sobre el civismo mostrado por los más de 2 millones de catalanes que acudieron a las urnas en esa jornada, persiguen servir a las defensas para convencer a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal de que las tesis de las acusaciones son falsas.

Lo cierto es que ni la inmensa mayoría de policías y guardias civiles reconocen la violencia ejercida contra los ciudadanos el 1-O, ni lo hacen los más altos mandos policiales y políticos responsables de esta actuación. Por su parte, los testigos de las defensas acotan y quitan hierro a los episodios violentos hacia los policías, en absoluto atribuibles a todo el procés. Ya en febrero, al arranque del juicio, los 12 procesados se esforzaron por transmitir estas ideas en sus declaraciones, y ahora ha llegado el turno de que el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena las escuche en boca de otros.

Quizás, el testigo que mejor supo plasmar esta visión en su declaración, el jueves, fue el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez. Reconoció que el 1-O “sucedieron muchas cosas”, en referencia a los episodios de violencia hacia los agentes, si bien los acotó claramente: fueron algo “marginal, puntual y espontáneo”. "No hay ni una sola estrategia de planificación violenta en ningún espacio soberanista de Catalunya que el 1 de octubre llamara a responder" con violencia, argumentaba Fernàndez.

Tras referirse a Vox como una formación fascista, el exdiputado respondió, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane, que en las acciones de “desobediencia civil” el 1-O, no aprecia el uso de violencia. “Sí fortaleza”, vendría a decir, en referencia a las “murallas humanas” y otras técnicas usadas en esta jornada. Pero no “fuerza”.

Entre advertencias y reprimendas de Marchena, el testimonio de Fernàndez servía como colofón a una semana en la que también desfilaron ante el tribunal los tres exconsellers de la Generalitat y el director general de los Mossos d’Esquadra que dejaron sus cargos antes del 1-O. Vinieron a admitir que, si bien cuando estaban en sus cargos en ningún momento se contempló el recurso a la vía unilateral para lograr la independencia, temían que el referéndum pudiera abrir nuevos escenarios que preferían no explorar.

Un día antes, tres exdirectivos de Unipost, la empresa de mensajería que recibió el encargo de la Generalitat de distribuir materiales para el referéndum, y que nunca llegó a hacerlo, porque los intervino la Guardia Civil, mantuvieron la estrategia seguida anteriormente por otros exjefes de la extinta empresa. Nadie sabia qué albergaban en sus sedes, nadie tenía claro cómo se iba a cobrar, y nadie sabía exactamente quién les hizo el encargo de un trabajo valorado en casi un millón de euros, cuando la empresa ya estaba en bancarrota.

El juicio sigue su marcha, mucho más lenta de lo que esperaba el tribunal, y apenas han comparecido en torno a 280 de los más de 500 testigos citados. Las defensas ya han empezado a renunciar a algunos de sus testimonios -Andreu Van den Eynde, letrado de Junqueras y Raül Romeva, renunció a una veintena de ellos esta misma semana-, pero aún hay que revisar las pruebas periciales y documentales, por lo que dan por hecho que queda juicio, al menos, hasta mediados o finales del mes de junio.

La causa se retomará el lunes a las 10 de la mañana, apenas unas horas después de las elecciones generales del domingo, 28-A, que dibujarán un nuevo reparto de escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La misma cita con las urnas en la que, previsiblemente, la ultraderecha a la que el Supremo permite actuar como acusación popular en la causa, habrá logrado por fin su ansiada entrada en las instituciones.