El juicio al 'procés' va cobrando en ocasiones un regusto similar al del día de la marmota. La octava semana de la causa en la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo arrancó este martes con la declaración como testigo de un alto cargo de la Policía Nacional, y continuará miércoles y jueves con los testimonios de hasta 43 agentes de la Guardia Civil, de un total de 51 testigos citados en estos tres días: los “piolines” han tomado la Sala.

“Piolines” es la palabra que ha usado el único mosso d’Esquadra que declaró este martes, la que utilizaron otros agentes de la policía catalana citados por guardias civiles en sus comparecencias, y es el término con el que coloquialmente se conocía a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Catalunya en los aledaños del 1-O, en referencia a la imagen de Piolín y otros personajes de dibujos animados que cubrían uno de los barcos donde pernoctaban parte de estos agentes, el ferry Moby Dada.

“Mira, ahí van dos piolines”, es también lo que dijo al paso de dos guardias civiles otro mosso d'Esquadra en Lleida, un día después del 1 de Octubre de 2017. Fue uno de los agentes de la policía catalana que luego les insultaron, acusándoles de haber golpeado a sus amigos y familiares en la jornada del referéndum, según su relato.

Como la semana pasada, estos “piolines” vuelven a ser protagonistas de esta fase de declaraciones, en la que hay dos puntos de inflexión claros hasta el jueves: la declaración del comisario jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Catalunya, Juan Manuel Quintela, que transcurrió durante la mañana del martes, y la testifical del exnúmero dos del major Josep Lluis Trapero al frente de los Mossos, Luis Ferrán López Navarro, prevista para este miércoles.

Y, mientras las declaraciones se sucedían velozmente durante la tarde, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de investigar por desobediencia al president de la Generalitat, Quim Torra, por mantener lazos amarillos en fachadas de edificios públicos -contra la decisión de la Junta Electoral Central-, copaba los titulares de los medios de comunicación. El grueso de denuncias de los agentes eran similares a las expuestas la semana pasada, y entre ellas afloraban insultos, amenazas y escenas de tensión.

Quizás, la novedad llegaba con el relato de dos cabos de la Guardia Urbana de Badalona que intervinieron carteles de propaganda del 1-O, el 25 de septiembre de 2017. Uno de ellos destacaba el papel en esta actuación de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión: afirmaba que Cuixart solicitó a los agentes que hiciesen la “vista gorda” y les permitiesen quedarse con estos materiales. Los carteles lucían eslóganes como “Hola Europa”, “Hola nou país” y “Hola República", y la veintena de personas que estaban en el lugar comenzaron a increparles e insultarles cuando los intervinieron, siempre según su relato.

Los dos agentes han reconocido que Cuixart no participó en estos insultos, si bien el presidente de Ómnium Cultural y otras dos personas obstaculizaron el paso del vehículo de la Guardia Urbana en el que los policías decidieron apartarse de los concentrados, para exigirles que devolvieran uno de los DNIs de las personas identificadas, que en ese momento no aparecía: “Hasta me reí, era una situación cómica y muy rara”, relataba uno de estos guardias urbanos.

Casi “cómica” se volvía también la situación en el Supremo cuando relataban cómo reaccionó el tercer teniente de alcalde de Badalona, José Téllez, cuando le pidieron el carnet de identidad para identificarle, en la misma protesta. Antes les había reclamado que le entregaran los carteles. "Téllez se quedó absorto, catatónico, como pensando en lo que había hecho”, relataba uno de ellos.

O cuando el fiscal Jaime Moreno, después de que uno de los guardias urbanos negara haberse sentido desautorizado por Cuixart, -el otro afirmaba lo contrario-, repreguntaba, con evidente carácter sugestivo: “¿No le parece que repartir los carteles contra la voluntad de ustedes es desautorizarles?”, esgrimía. Y el presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena, tenía que llamarle la atención: “Señor fiscal, ha dicho que no se ha sentido desautorizado por el señor Cuixart”, zanjaba.

De hecho, el propio Marchena tiraba de ironía para dejar caer que él también apreciaba ciertos tintes de día de la marmota en este juicio, ante la enésima queja de las defensas por el veto del tribunal a la exhibición de vídeos durante las testificales: "Yo sé que forma parte de la escenografía de este juicio el reclamar todos los días los vídeos". Y “rara”, por inusual -y por usar el término del testigo- era también la sonrisa del magistrado presidente al finalizar los interrogatorios y corregir su propio desliz: primero dijo que el juicio continuaría a las 11.00 del miércoles; después rectificó y recordó que arrancará a las 10.00, como suele ser habitual.

Antes de esa hora están citados López y Juan Carlos Molinero, el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial durante el 20-S y el 1-O, y es precisamente a partir de las 11.00 -previsiblemente los dos primeros testigos se extenderán y finalmente será mucho más tarde- cuando están citados los seis guardias civiles que tienen que comparecer durante la mañana. Hay más de 200 agentes de este cuerpo y de la Policía Nacional llamados a declarar en la causa.

Otra situación “rara”

En otro orden de cosas, el comisario Quintela se ha convertido en el primer mando policial que “lamenta” públicamente las consecuencias de la actuación policial del 1 de octubre, concretamente el disparo de una pelota de goma que dejó sin un ojo a Roger Español, uno de los concentrados en los colegios electorales en la jornada del referéndum.

No obstante, renglón seguido Quintela venía a restarle hierro a esta situación, al afirmar que Español estaba en la primera línea de los concentrados y mostraba una actitud "hostil", o que le atribuyeron “cinco agresiones directas” a policías en un informe sobre esa jornada. Su abogada, Anaïs Franquesa, tildó este martes de “extremadamente alarmante” que el comisario se refiriera a “un informe inexistente”, recoge la Agencia EFE. Pero el comisario ya había dejado de declarar hacía horas, y el día de la marmota seguía su curso.