La mayoría de exintegrantes del Govern se defienden unos a otros en el juicio al procés, y ahora está ocurriendo lo propio con la cúpula de los Mossos d'Esquadra. El que fuera responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de Seguridad de los Mossos durante el 1-O, Emili Quevedo, ha asegurado este lunes que desde la cúpula del cuerpo policial insistieron al Govern en que, para el referéndum del 1 de Octubre de 2017, no podría establecerse un operativo como en "cualquier jornada electoral normal", ya que esta consulta "había sido prohibida" por mandato judicial. Es la línea adoptada el pasado jueves por el también alto cargo de los Mossos Manuel Castellví, que además advirtió de la posible "espiral de violencia" que podría darse, de mantenerse la convocatoria.

Como testigo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar el procés, Quevedo ha aseverado que trasladaron esta "queja" en sendas reuniones -26 y 28 de octubre-, al conseller del ramo, Joaquim Forn, así como al expresident Carles Puigdemont y al exvicepresident Oriol Junqueras, que hoy se sienta en el banquillo de los acusados.

Según su relato, sólo Puigdemont les confirmó que se votaría en cualquier caso, porque "el Govern tenía un mandato que cumplir". Junqueras se limitó a afirmar que no preveía que los ciudadanos concentrados para votar planteasen "ningún tipo de resistencia" ante los agentes que intentaran impedir las votaciones, y que actuarían "pacíficamente". Sobre Forn, ha incidido en que "no intervino en la configuración de dispositivos" para el 1-O, que no les trasladó órdenes políticas.

No obstante, Quevedo también ha asegurado que tanto Puigdemont como Junqueras y Forn sabían que celebrar el referéndum y cumplir con el mandato judicial de impedirlo, "una cosa y otra", "eran incompatibles". En esas reuniones, continuaba, trasladaron al Govern que, dada la "alta movilización de personas" prevista para ese día, podrían darse "enfrentamientos entre partidarios y detractores del referéndum", e incluso choques con agentes de Policía Nacional o  de la Guardia Civil. "Era un posible escenario", reconocía, ante preguntas del fiscal Javier Zaragoza.

Quevedo, imputado por el juzgado de Cornellà que investiga el operativo de los Mossos para impedir el 1-O, ha comparecido como testigo en la 14 sesión del juicio, inmediatamente después de que Castellví respondiera a las defensas. 

Férrea defensa de los Mossos y de Trapero: "Forzó un incremento del número de efectivos"

Como ya hiciera Castellví, Quevedo ha defendido a capa y espada la actuación del exmajor de los Mossos, Josep Lluis Trapero. Según su relato, el máximo responsable de la policía catalana "forzó a un incremento del número de efectivos" destinados para el 1-O, logrando que "se activaran efectivos" de unidades "no relacionadas" con este tipo de despliegues. Eran conscientes de la "posibilidad real" de que no podrían impedir las votaciones en los cerca de 2.300 colegios electorales, y por eso ha asegurado que fue "muy importante" el respaldo de los 6.000 policías y guardias civiles enviados a Catalunya en estas fechas. 

Además, frente a las cifras que repiten todos los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, pero también los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, lejos de establecer una dotación insignificante, Quevedo ha asegurado que destinaron a impedir el 1-O cerca de 7.800 agentes, muy por encima de los "entre 2.500 y 3.500" que actúan en cualquier jornada electoral, y muy lejos de los 12.000 que han estimado los mandos de ambos cuerpos y los dirigentes políticos del PP en elecciones al uso.

En su declaración, que se ha prolongado durante algo más de dos horas, Quevedo, hoy en segunda actividad, ha reconocido que, en contra de lo esgrimido por el Govern entonces, los Mossos no habrían sido capaces de evitar el referéndum de haber actuado en solitario: habrían sido necesarios "entre 30.000 y 40.000 agentes", calculaba.  Según sus cifras, cerraron 24 colegios en esa jornada, si bien el grueso de las fuerzas se destinó a labores de disuasión, con parejas de agentes en todos los centros. "Desafortunadamente", decía, no pudieron impedir las votaciones. No le constaban enfrentamientos entre mossos y policías o guardias civiles, de los que los mandos de los operativos de los dos últimos sí dieron parte.

Además, ha argumentado que los 400 agentes antidisturbios que componen la Brigada Móvil debían intervenir en otras concentraciones, manifestaciones o eventos deportivos, entre otros una concentración de Falange o un partido de fútbol -que acabó jugándose a puerta cerrada-, por lo que no habría sido posible destinarlos a estas tareas.

La "confusión" del 20-S

Además, el excomisario de Planificación y Seguridad de los Mossos ha reconocido que la responsabilidad de formar un pasillo para permitir la salida de la comitiva judicial que el 20 de septiembre de 2017 registró la Consellería de Economía de la Generalitat, "no podía recaer personas que no fueran policías", si bien la desempeñaron voluntarios.

Según su relato, hubo "mucha confusión" en esa jornada, y finalmente Trapero ordenó que un inspector de los Mossos ofreciese diferentes opciones para salir a la letrada de la administración de justicia Montserrat del Toro, que permaneció varias horas en la sede, frente a la que se concentraron miles de personas.