El juicio al excomisario jefe de Barajas y al denunciante del 'caso Villarejo' queda visto para sentencia

El juicio en la Audiencia Nacional al que fuera comisario jefe del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca y al empresario Francisco Menéndez por el presunto trato VIP que el agente dispensó a este último para que él y sus clientes de Guinea Ecuatorial eludiesen los controles en el aeródromo madrileño ha quedado este jueves visto para sentencia.

En la cuarta y última sesión de la vista oral, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una sentencia condenatoria para estos dos "importantes polos de poder": Menéndez, "guiado por el interés comercial y económico de corruptor" y Salamanca, un comisario "guiado por su ambición de lucro" y que abusó de su "función policial". Se trata del segundo juicio por el conocido como caso Villarejo y la cuarta línea de investigación juzgada después de que la Audiencia Nacional dictase una sentencia por las piezas Iron, Land y Pintor.

El Ministerio Público ha aumentado su petición de cárcel para Salamanca hasta los 10 años y 9 meses al añadir el delito de cohecho pasivo impropio a los otros tres delitos que le imputaba: los de prevaricación, cohecho pasivo, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Menéndez, por su parte, se enfrenta a 6 meses de cárcel por los delitos de cohecho activo y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Durante la exposición de su informe final, el fiscal Miguel Serrano ha criticado con dureza a Salamanca, "un comisario principal que abusa de su función policial y recibe dadivas en el centro neurálgico del país, de interés máximo para la vida económica, política y diplomática del Estado español".

Menéndez, según lo ha definido, es un "empresario cuyos principales clientes están vinculados a una empresa de petróleo", GEPetrol, "que presuntamente se ha dedicado a desfalcar a su pobre país, introduciendo "parte de esos beneficios" en España a través del propio empresario.

Las "apetencias personales" del comisario

"Nos encontramos con un polo importante que tiene su reflejo en otro lado de la ecuación, que es el jefe de la comisaria del Aeropuerto de barajas. Es ahí, en ese contexto, donde Salamanca no va a guiarse por criterios de imparcialidad o celo policial, sino por su ambición y ánimo de lucro", ha sostenido el fiscal.

Fue en ese contexto, ha continuado, cuando Salamanca puso su "función pública al servicio de la satisfacción de sus apetencias personales, concertándose con Menéndez como ya se había concertado" con otro empresario, el fallecido Fernando Luengo.

"Esa relación entre estos importantes polos de poder está guiada por el interés comercial y económico de corruptor y de funcionario policial corrompido. Que luego a esa relación se haya superpuesto una amistad no es en modo alguno como quiere sustentar Salamanca en su defensa la génesis, la razón de los bienes suntuarios y dadivas que va a recibir", ha afirmado la Fiscalía.

En concreto, Anticorrupción indica que el empresario "aseguraba a sus clientes directivos de la empresa nacional GEPetrol la introducción en España de ingentes cantidades de dinero en efectivo, procedentes de comisiones ilegales generadas en la comercialización internacional de las reservas de petróleo ecuatoguineanas, para luego invertirse en España a nombre" de otra mercantil.

Se saltaba "a la torera" su imparcialidad

Como ejemplo de esa "relación espuria y delictiva" surgida entre ambos, el Ministerio Público se ha referido a las entradas presuntamente irregulares en España que se produjeron: la de Pergentino Mba, miembro de GEPetrol y vinculado estrechamente al sobrino político del dictador guineano Teodoro Obiang y la de la suegra de Menéndez.

"Lo que quedó claro es que era necesario siempre un expediente. En este caso no los había. Salamanca lo que hace es groseramente obviar cualquier tipo de expediente, concediendo estos visados a Pergentino y a la suegra, actuando en beneficio de aquel que le engrasaba, que satisfacía su permanente interés de lucro", ha criticado el fiscal.

En esta línea, Serrano ha insistido en que el comisario "se saltaba, y muy a la torera, el celo, la profesionalidad y la imparcialidad de cualquier funcionario de Policía". Y es que, ha recordado, la competencia "exclusiva" para la concesión de visados era de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, y no la del aeropuerto.

La recompensa por esta presunta actividad delictiva era, según la Fiscalía, "las múltiples dádivas" recibidas por Salamanca. "En ninguno de esos casos hay un retorno de las cantidades. No ha sido capaz de desmontar o dar cuenta de ningún retorno", ha continuado, para hacer alusión a algunos de esos regalos, como el caso de los coches que presuntamente recibió.

"Salamanca dice que no es aficionado a los grandes coches; lo que no es aficionado es a bajarse de ello", ha espetado el fiscal, que también se ha referido a la presunta concesión de asiento en los palcos del estadio Santiago Bernabéu. "Salamanca es seguidor de pro del Atleti y no va al Bernabéu y Menéndez dice que lo repartía a amigos de Salamanca. Es evidente que tenía un beneficio, aunque no económicamente tangible, que sufragaba Menéndez", ha explicado.

Por último, el fiscal ha defendido que las penas que solicita para Menéndez están "perfectamente ajustadas a la realidad y no se traducen en ningún pacto de impunidad". El empresario, ha sostenido Anticorrupción, decidió elegir "entre el pelotón de fusilamiento o la guillotina", y no se ha dedicado a "traducir el guión" de la Fiscalía.

Salamanca defiende su carrera "impoluta"

En este contexto, la defensa del empresario ha pedido "clemencia" al tribunal, al tiempo que ha solicitado que la colaboración que su cliente ha venido mantenido con la Justicia quede "reflejada en la sentencia". Y es que, ha argumentado su letrada, Menéndez ha ayudado a destapar lo que considera uno de los mayores casos de corrupción de la democracia.

El juicio ha terminado con el turno de última palabra de Salamanca, que ha defendido que su "entrega" al Cuerpo Nacional de Policía "ha sido impecable e impoluta", habiendo mantenido "siempre una conducta acorde a las necesidades y funciones" de los funcionarios públicos.