Juicio de los ERELa Fiscalía mantiene su acusación y las penas contra Chaves y Griñán por los ERE

La Fiscalía Anticorrución, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha mantenido su acusación y sus peticiones de penas contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por crear o sostener un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2010 la Junta dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.

Anticorrupción ha retirado su acusación contra el ex secretario general de Hacienda entre los años 2000 y 2004 Antonio Estepa, al que acusaba por un delito de prevaricación y que se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación.

El fiscal José Enrique Egocheaga ha expuesto este lunes sus conclusiones definitivas, en las que acusa de prevaricación y malversación a los expresidentes Chaves y Griñán y otros 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz. Anticorrupción mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación en el juicio de los ERE, y de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación.

Igualmente, el Ministerio Público mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, así como para la exsecretaria de Empleo Lourdes Medina y el exdirector de IDEA Jacinto Cañete para los que inicialmente solicitaba 8 años de prisión.

Por los mismos delitos pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de la entidad pública IDEA Miguel Ángel Serrano y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez. 

Los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) han vuelto este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla en el inicio de la fase de conclusiones e informes.

El pasado 17 de abril, día en el que concluyeron las declaraciones de los acusados en este juicio, los abogados de las defensas plantearon a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que permitiera a los enjuiciados ausentarse de las sesiones del juicio durante los siguientes meses, petición a la que accedió el tribunal, señalando la obligatoriedad de volver a asistir a partir del inicio de la fase de conclusiones e informes.

La sesión ha comenzado con algo de retraso al verse envuelto en un atasco uno de los acusados, en concreto el ex secretario general de Trabajo Juan Márquez. El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías ha sido uno de los primeros en llegar a los juzgados, a las 9,15 horas, mientras Manuel Chaves ha sido el último, acompañado de su abogado, a las 9,50 horas.

Con la sesión de este lunes ha comenzado la recta final del juicio, en la que las partes darán lectura de sus conclusiones e informes finales. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, espera que el juicio de la pieza política de los ERE, que arrancó en diciembre, termine a final del mes de noviembre.

Las acusaciones populares

Por su parte, el PP-A, que actúa como acusación popular en el caso ERE, ha cargado las tintas contra los exconsejeros de Hacienda Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo en sus conclusiones, en las que mantiene la acusación contra 21 de 22 procesados retirándola sólo contra Antonio Estepa, como el fiscal.

Entre las modificaciones incluidas respecto a las conclusiones provisionales, el letrado del PP ha destacado que "es imputable a la Consejería de Hacienda ya sus responsables el control presupuestario de las empresas públicas y de la ejecución de sus presupuestos, así como los actos y omisión de sus responsabilidades recogidas en la Ley andaluza de Hacienda Pública".

Al igual que la Fiscalía, el PP-A ha añadido que no procede la petición de responsabilidades civiles al haber retirado la acusación la Junta de Andalucía como perjudicada, sin perjuicio de reservarse dichas acciones si la retirada de la Junta no cuenta con el visto bueno de la Consejería de Hacienda.

El sindicato Manos Limpias, también acusación popular en el juicio de los ERE, ha retirado la acusación contra el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exinterventor Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, así como el delito de malversación para los 22 ex altos cargos procesados.

El abogado Rafael Prieto ha modificado sus conclusiones provisionales para retirar a todos los enjuiciados la acusación por delito de malversación (y con ello las penas de cárcel de entre 6 y 8 años a la que se enfrentan), ante las "dudas jurisprudenciales y doctrinales" que en su opinión se han puesto de manifiesto sobre el subtipo de este delito aplicado a las conductas de los acusados.

Así, mantiene sólo las acusaciones de prevaricación (con petición de 10 años de inhabilitación) para los procesados, a excepción de Chaves, Gómez, Del Río y el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa (adhiriéndose para este último a la retirada de la acusación del fiscal).

En el caso de Chaves y Del Río, aunque el abogado de Manos Limpias considera que tiene "la intuición" de que pudieron ser informados de los hechos investigados, "no deja de ser una sospecha" sin haberse acreditado "indicios" de delito, por lo que para no causar perjuicio al principio de presunción de inocencia retira toda acusación contra ambos.