El presidente de la sala del Supremo que juzga a los dirigentes políticos y sociales que apoyaron la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, Manuel Marchena, ha pasado a restringir progresivamente y sin complejos el margen de actuación de los abogados.

Si cuando empezó el juicio parecía que quería cuidar la imagen de imparcialidad ahora no disimula su voluntad de recortar el objeto de los interrogatorios, sin importarle las formas. Incluso inventa normas procesales y decide, por ejemplo, que las preguntas que se formulan a los testigos sólo pueden referirse a hechos estrictamente relacionados con el motivo por el que han sido citados a declarar.

Era previsible que esto pasara. "Pierde cada día más la paciencia, pero esto lo dejó claro desde el principio, que sería más y más estricto" explica a Público el catedrático de Derecho Procesal Jaume Alonso-Cuevillas. "Corta a todos. Le preocupa el calendario".

"Cada día vemos un Marchena más restrictivo". "Limita los tiempos de intervención de los abogados", "les dice cómo deben hacer las preguntas" ...

Entre los siete magistrados de la sala, "es el único auténticamente consciente de que esto termina en Estrasburgo". En caso contrario le importaría poco la duración del juicio, según el jurista. "No deja que se pregunte nada sobre la instrucción del juez Pablo Llarena". Tampoco quiere que se hable sobre violencia policial ni que se vean los vídeos que piden las defensas, constata el jurista.

Reflexiones sobre la posible condena

Algunos de los implicados en la causa confían en que ninguno de los procesados ​​por los hechos de otoño de 2017 será condenado por rebelión, porque hay al menos dos de los siete magistrados de la Sala que se opondrán a ello radicalmente. Así lo han comentado fuentes cercanas a los encausados ​​en alguno de los recesos del juicio. Se refieren a Luciano Varela y Ana Ferrer, y todavía hay un tercero al que se le supone con criterio propio suficiente como para impedir que se considere que en Catalunya, durante el día del referéndum de autodeterminación del 1-O, y en el tiempo anterior y posterior, se cometió un delito de "rebelión".

Lo probable, pues, es que la Sala decida rebajar la calificación de los delitos, de "rebelión" a "sedición" o más probablemente, a "conspiración para la rebelión". La "rebelión" se puede castigar con penas de prisión de 25 a 30 años. La rebaja de la calificación a "conspiración para la rebelión" permitiría rebajar asimismo la pena en un grado, de 12 años y medio a 25; o incluso, dos grados, de 6 años y tres meses a 12 años y medio.

Jaume Alonso-Cuevillas cree que los magistrados optarán por rebajar el grado de las sentencias, que acabarán siendo de entre 8 y 12 años, y que "no dejarán caer" las condenas por los delitos de malversación ni de conspiración para la rebelión, porque de lo contrario no podrían mantener la suspensión de los cargos públicos de los encausados ​​y "tendrían más dificultades para justificarse ante la justicia europea".

El catedrático, que es abogado de Carles Puigdemont, piensa también que si los magistrados "dejaran caer" las acusaciones por delitos de malversación perderían posibilidades de perseguir el presidente destituido por Mariano Rajoy y al resto de  gobernantes exiliados. Por ello es posible que el Tribunal tenga en cuenta las nuevas valoraciones del ex-ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que después de haber asegurado que la Generalitat no había destinado ni un euro a la organización del referéndum ahora afirma que quizás había algún mecanismo oculto o que la utilización de locales públicos podría considerarse malversación.

Alonso-Cuevillas, además, no descarta que una vez se dicte sentencia se reactiven las euroórdenes de detención.

Fiscalía poco preparada

En cuanto a la actitud a los cuatro miembros de la Fiscalía que intervienen en el juicio contra los dirigentes independentistas, el jurista señala a Javier Zaragoza como el más significado, el que pone más pasión. Y recuerda su procedencia. Fue fiscal de la Audiencia Nacional y de los más beligerantes. Él fue uno de los que fomentaron más la idea de que "todo" el soberanismo vasco "era ETA", cuando esta organización realizaba atentados.

Y por lo que se refiere al resto de fiscales son pocas las personas que sigan el juicio que hayan pasado por alto sus frecuentes lapsus, la falta de conocimiento de la causa y la debilidad de sus argumentos. Resultó ilustrativo en este sentido el retrato que hizo Jordi Cuixart en una declaración que sin duda será recordada durante mucho tiempo. "Al señor fiscal no le gustan mis respuestas", dijo el presidente de Òmnium Cultural a los magistrados cuando intentaba contestar a las preguntas de Jaime Moreno.

Este fiscal le preguntaba sobre si tenía conocimiento de las "salvas" que habían disparado policías enviados a colegios electorales como advertencia a las personas que participaban en la votación, sobre el lanzamiento de una valla por parte de un ciudadano y sobre agentes heridos, y Cuixart señalaba que lo que sabía era que una persona había perdido un ojo como consecuencia de la utilización por parte de agentes de policía de pelotas de goma prohibidas por la legislación catalana que el dispositivo enviado por el ministerio de Interior decidió ignorar.

La víctima, por cierto, Roger Español, se encontraba en esos momentos en la sala.