Juezas y Jueces para la Democracia denuncia la “intolerable ausencia de igualdad” en el acceso al Supremo

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado el nombramiento de tres hombres en tres plazas vacantes del Tribunal Supremo realizado este jueves por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando había candidatas con mejor curriculum que no fueron preseleccionadas.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia la presencia de únicamente una mujer en las ternas que fueron objeto de votación final por el pleno del CGPJ. Circunstancia que “revela la patente e intolerable ausencia de igualdad de oportunidades para las mujeres candidatas. España es el país de la Unión Europea con menos magistradas en el Tribunal Supremo”, destaca el comunicado. Sólo es superado por Albania y Luxemburgo.

"Sistémica discriminación"

A juicio de esta asociación, el CGPJ “vuelve a mantener la sistémica discriminación de las mujeres en el seno de la carrera judicial. Se trata de una nueva oportunidad perdida para dotar al alto tribunal de una mayor, más justa y necesaria presencia de agmistradas, que responda de una vez por todas a los tiempos y realidad social en los que vivimos”.

El pleno del CGPJ ha nombrado este jueves a dos nuevos magistrados para la Sala de lo Social del TS, Ricardo Bodas Martín y Juan Molins García-Atance; y a un nuevo magistrado para la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, Juan María Díaz Fraile.

JJpD recuerda que la ONU en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres en la legislación y en la práctica en España, formuló una recomendación final vinculante para el Estado español: "Con respecto a la participación de la mujer en la vida política y pública el grupo de trabajo recomienda que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior".

El CGPJ eludió elegir este jueves como magistrada del Supremo a Ana Orellana, la única magistrada académica de España, para la plaza de especialista de la jurisdicción Social de la que ella es la número dos de España. En su lugar, aupó al Supremo al número 10 de la especialidad, Juan Molins.

Además, ni siquiera fue preseleccionada para la votación la catedrática de Derecho Civil María Paz García Rubio, candidata con mayores méritos que el registrador Juan María Díez Fraile, que ha salido elegido como magistrado de la Sala de lo Civil.

El tercer elegido ha sido Ricardo Bodas como magistrado generalista de la Sala de lo Social. Bodas preside la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que recientemente rechazó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ de Carlos Lesmes.

El CGPJ es el órgano constitucional encargado de los nombramientos llamados discrecionales: la cúpula judicial de las audiencias, tribunales superiores de justicia y el Supremo. A pesar de que lleve un año en funciones, sin renovarse, sus veinte vocales siguen adelante con los nombramientos por medio de una mayoría que dirige su presidente, Carlos Lesmes, pendiente también de un próximo destino.