Una jueza desestima la demanda del padre de Pablo Iglesias contra Álvarez de Toledo por llamarle terrorista

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Zamora ha desestimado la demanda presentada por el padre de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, contra la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, a la que reclamaba una indemnización de 18.000 euros por llamarle terrorista en el Congreso de los Diputados en mayo de 2020. Además, Javier Iglesias deberá pagar las costas judiciales.

Javier Iglesias demandó a Álvarez de Toledo por una "intromisión ilegítima" en sus derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen por calificarle como terrorista en la prensa, "con un claro conocimiento de su falta de veracidad", razón por la cual la reclamaba daños y perjuicios.

Posteriormente, Álvarez de Toledo se refirmó en su acusación en una entrevista en prensa. "El padre de Iglesias dice que se limitó a repartir propaganda para una manifestación. En esa manifestación fue cuando mataron a los policías. Pero al margen de la actividad que él ejerciera en la organización terrorista, él militaba en esa organización terrorista", dijo en 2020. En ese sentido, la diputada del PP argumentó que fue el propio Iglesias quien se refirió a su padre como miembro del Frap, llamándole incluso "frapero", enorgulleciéndose así de su militancia.

La propia Cayetana Álvarez de Toledo reconoció año y medio después, en la publicación de sus memorias políticas, Políticamente indeseable, que planificó con premeditación llamar "terrorista" al padre de Pablo Iglesias. Las descalificaciones de la diputada del PP provocó una ola de solidaridad con Javier Iglesias que se materializó en un manifiesto de apoyo.

La Fiscalía, por su parte, solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que debía prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor, según recoge la propia sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La jueza Guillerma Mongil encuadra el caso en un conflicto entre ambos derechos para recordar que "el derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información".

Mongil analiza la entrevista a la que se circunscribe el litigio para determinar que en la misma no se afirma que el padre de Iglesias hubiese participado de forma activa en los asesinatos, ni en actos violentos, "sino que el demandado formaba parte del Comité Profrap que reivindicó tales acciones".

Destaca también que "la crítica política" de Álvarez de Toledo "partía de una base fáctica inicial" que eran las declaraciones de Iglesias y su padre "en las entrevistas o artículos publicados por los mismos en prensa".

En este sentido, apunta que "la entrevista contiene expresiones u opiniones basadas en las propias manifestaciones de los interesados", "así como en los datos fácticos en los que se fundamenta para llegar a dicha conclusión". Con todo, entiende que "no se puede concluir más que la demandada pretendía manifestar que no estaba de acuerdo con la violencia y el terrorismo ni con formaciones políticas que utilizasen dichos medios o propugnasen su utilización".

A su juicio, Álvarez de Toledo se limitó a "concluir a modo de silogismo que el Frap fue una organización terrorista porque las víctimas de dicha formación fueron consideradas y calificadas por el Gobierno como víctimas terroristas, por lo que si el demandado pertenecía al Frap, o contribuyó a su formación formando parte del comité Fro Frap –concluyó la demandada–, Pablo Iglesias es hijo de un terrorista".

Así, resuelve que "debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión publica libre, indispensables para el pluralismo político que exige el principio democrático".

La jueza se basa en que Álvarez de Toledo no usó "expresiones injustificadas o no necesarias para transmitir la finalidad crítica, aun cuando ésta pudiere molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige".

A ello añade que "es obvio" que ambos "tienen una indudable relevancia pública", por lo que "hay que entender las expresiones vertidas dentro del contexto general y clima de discusión política en que tiene lugar, así como el enfrentamiento dialéctico y político entre los intervinientes".