La jueza que investiga las presuntas irregularidades en contratos firmados por la Real Federación de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales ha puesto en libertad sin medidas cautelares al exasesor jurídico de la entidad Tomás González Cueto y a un empresario investigado en la causa, que se han negado a declarar.

Cueto y Ángel González Segura, directivo de la empresa de construcción Gruconsa que realizó obras en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, han abandonado durante la mañana de este viernes los Juzgados de Majadahonda (Madrid).

Ambos habían sido detenidos en la causa, declarada secreta, en la que la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción indagan en supuestas irregularidades en contratos de los últimos cinco años en la Federación.

La Federación prescindió este miércoles de los servicios de GC Legal, el despacho de Cueto, al tiempo que apartó de sus puestos de trabajo y funciones a los directivos relacionados con la causa judicial, es decir los directores de Servicios Jurídicos y Recursos Humanos, Pedro González Segura —hermano del empresario detenido—, y Recursos Humanos, José Javier Jiménez, respectivamente. 

Entre los detenidos no estaba el propio Rubiales, que se encuentra en la República Dominicana desde hace casi dos meses y el miércoles remitió un escrito a la magistrada poniéndose "a plena disposición" del juzgado y anunciando que tiene billete de vuelta el 6 de abril.

Rubiales está investigado por posibles delitos de corrupción, aunque no figuraba entre las siete personas que la UCO preveía detener el miércoles, dado que tanto la jueza como los investigadores sabían que desde hace días no se encontraba en España.

Entre los contratos investigados se encuentra el trato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por Rubiales con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué, administrador de la empresa Kosmos.

Durante la operación policial desplegada el miércoles, la UCO entró en la sede de la Federación a practicar un registro que se prolongó hasta las tres de la madrugada y en el que se buscaba documentación que la jueza había requerido en diversas ocasiones y la RFEF no había facilitado, según las fuentes consultadas por EFE. 

Los registros se practicaron en el marco de una pieza secreta de la causa abierta por el contrato de la Supercopa, que fue denunciado junto a otras irregularidades por el presidente de Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Galán, en mayo de 2022.