El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desconcertado al PP a cuenta del nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Este magistrado, nacido en Bilbao en 1962, se ha caracterizado por la lucha contra el terrorismo de ETA como juez, primero en el País Vasco y luego en la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal presidió hasta ser nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular.

Pedro Sánchez pone en las manos de Grande-Marlaska la política de acercamiento de presos de la organización terrorista, una vez anunciada su disolución. El nuevo ministro del Interior también tendrá que decidir la línea a seguir sobre los contactos entre víctimas y victimarios que el Gobierno del PP ha bloqueado en estos años.

Actualmente es vocal del Consejo CGPJ, cargo al que llegó en 2013 con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Mantiene una buena relación con Margarita Robles, la otra jueza del Gobierno de Sánchez y ministra de Defensa.

Afable con mano de hierro, Grande-Marlaska instruyó muchas causas contra miembros de ETA como magistrado de la Audiencia Nacional. Adoptó una posición férrea contra el brazo político de la organización terrorista, Batasuna, y también instruyó el famoso caso del chivatazo del bar Faisán contra la estructura de extorsión de ETA, durante el mandato del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. Un caso que el PP utilizó políticamente contra el PSOE.

También fue el juez que autorizó en 2005 las escuchas telefónicas al imán de Ripoll (Girona) que doce años después sería el instigador de los atentados de Las Ramblas y Cambrils. La Comisaría General de Información sostuvo entonces que Abdelbaki es Satty estaba vinculado con dos organizaciones terroristas integradas en la red de Al Qaeda (Ansar Al Islam y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí), por lo que solicitó la intervención de su teléfono a Grande-Marlaska (que había entrado un año antes en la Audiencia Nacional), quien la autorizó.

Grande-Marlaska también recibió reprimendas de sus compañeros por la dureza de su persecución de los sospechosos de terrorismo. Como en la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a 40 jóvenes acusados de pertenecer a Segi al anular sus confesiones. La sentencia considera que el juez central de instrucción no tomó medidas para evitar que fueran torturados.

Por otra parte, Grande-Marlaska está comprometido con la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI –lesbianas, gais, bisexuales y transexuales–, así como en la defensa de los animales. Vive con su esposo, Gorka, y tres perros adoptados.

Hijo de un miembro de la policía armada, fue su madre la que insistió en que estudiara la oposición fuera del País Vasco, durante los años del plomo. Su primer destino fue en Cantabria, donde investigó la muerte de Rafael Escobedo en la cárcel de Santoña, en 1989.

En 1990 regresó al País Vasco, donde ejerció como magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Bilbao y luego como presidente de la Sección Sexta de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Bizkaia.

Forjado en el acoso que ETA y la izquierda radical abertzale impuso en la época de la llamada “socialización del sufrimiento” que culminó con el asesinato de su compañero José María Lidón, en 2001, Grande-Marlaska supo realizar su trabajo a pesar de las amenazas de muerte que recibió. En 2001 emigró a Madrid como muchos de los 200.000 vascos que abandonaron su tierra por riesgo a perder su vida.

Fernando Grande-Marlaska también se forjó en la adversidad de la incompresión de su entorno familiar a su condición sexual. Tenía 35 años cuando rompió con su familia, con la que se reconcilió en 2004, en especial con su desaparecida madre.

En 2003 fue nombrado juez de instrucción número 36 de Madrid. Y un año después pasó a la Audiencia Nacional como sustituto de Baltasar Garzón. En el año 2007 fue nombrado juez del Central de Instrucción Número 3 de dicho órgano , donde investigó casos como el accidente del Yak-42 en Turquía e imputó por 62 homicidios a cinco altos mandos militares. Sin embargo, su instrucción y, sobre todo, el archivo de la causa son duramente criticados por los familiares de las víctimas.

También abrió juicio oral por injurias a la Corona contra varios artistas gráficos en el año 2007. Y absolvió a todos los policías implicados en el Caso Emperador (la supuesta mafia china de Gao Ping), amigos de los excomisarios José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca, detenidos en la Operación Tándem que puso fin a las actividades del primero en las cloacas de Interior.

En 2012 fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desde donde siguió luchando contra el terrorismo e impulsó la "Vía Nanclares" que agrupó en la cárcel alavesa a los presos desmarcados de ETA.

Fue el Gobierno socialista de entonces el que impulsó esa salida, al conceder permisos penitenciarios a Valentín Lasarte y Joseba Urrusolo Sistiaga. Y es la vía que ha bloqueado el Gobierno de Rajoy en estos últimos años.​