El juez pide al Supremo investigar a Alvise por financiación ilegal y delito electoral
El magistrado atribuye al líder de Se Acabó la Fiesta estos presuntos delitos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña al Parlamento Europeo.
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación a Luis Pérez, Alvise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado.
En su exposición razonada al Supremo, el magistrado atribuye a Alvise un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña al Parlamento Europeo con la agrupación Se acabó la fiesta.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo, y pide también al Supremo que investigue al empresario y a Alvise de forma conjunta al apreciar una “íntima conexión” en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”.
En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales", que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
Donaciones anónimas fuera del control público
La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.
Tanto los servicios prestados por Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por este con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.
De esta forma, señala Calama, perseguía conseguir nuevos inversores a los que cobraba un 10% de la inversión. Esta comisión la compartiría con Alvise si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo.
Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el pasado 6 de abril en el madrileño hipódromo de la Zarzuela. En ese evento, Alvise, ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest, hizo defensa de esta plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.
Al mismo tiempo, continúa el auto, Alvise expuso su programa político para su candidatura europea basada en la libertad financiera. En este sentido, en un mensaje de audio Álvaro Romillo expresó a Alvise que el día anterior había salido “la obra” (de Madeira Invest Club), y habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos.
Falseamiento de cuentas electorales
Para el juez, la conducta de Alvise también sería constitutiva de un delito electoral del artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que consiste "en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos políticos y agrupaciones de electores, afectando a sus funciones, al juego limpio electoral como garantía del pluralismo político, y a la correcta conformación y manifestación de la voluntad popular".
El falseamiento de las cuentas -prosigue- "oculta la financiación ilegal del partido, la quiebra de las normas representadas por la Ley General Electoral o las leyes sobre financiación de los partidos. Todo ello afecta a valores constitucionalmente relevantes puestos en riesgo en el delito contemplado”, apunta.
Antes de dirigirse al Supremo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, Calama ofreció a Alvise la posibilidad de declarar de forma voluntaria ante él y, si bien en un principio hizo creer que accedía a ello, finalmente no se presentó ante el juez y declinó el ofrecimiento.
Tras conocerse la denuncia de Romillo, Alvise se declaró "culpable como autónomo" de haber cobrado por su trabajo sin la preceptiva factura, animó a sus seguidores a la insumisión fiscal y se mostró convencido de que se libraría "como siempre" porque detrás de "las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda".
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