El juez Peinado hincha la causa contra Begoña Gómez para abocarla a juicio

El juez Juan Carlos Peinado ha estimado parcialmente una querella de la organización ultracatólica Hazte Oír contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sumando dos nuevos delitos a la investigación que abrió en abril pasado ante una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. 

La órbita ultraderechista española está detrás de las querellas que mantienen investigada por primera vez a la cónyuge de un presidente del Gobierno, mientras que Pedro Sánchez se muestra confiado en que el "tiempo pondrá todo en su sitio", ha dicho este mismo martes después de conocerse la noticia de la ampliación de la causa contra su pareja. 

Qué supone esta ampliación, qué puede pasar ahora, una vez que la Audiencia de Madrid ha avalado la investigación de Peinado, pese a acotarla para suprimir de ella el rescate con dinero público de la aerolínea Air Europa. 

Para empezar, la causa se amplía. En estos momentos, Begoña Gómez está siendo investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Todos ellos, relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense.

En este sentido, hay que aclarar que la Cátedra de Transformación Social Competitiva, creada en 2019 por la Complutense, que ha codirigido Begoña Gómez hasta hace poco, no es una cátedra universitaria al uso, sino que es un proyecto académico que recibe financiación empresarial. 

Begoña Gómez comenzó su relación con la Universidad Complutense en 2014, cuando su marido acababa de ser elegido secretario general de los socialistas. En aquel momento, se puso al frente del Máster de Fundraising o de Captación de Fondos, que es la especialización profesional de Gómez.

En el caso de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, ha estado financiada por las mercantiles La Caixa y Reale Seguros, que han aportado 15.000 euros al año cada una. 

Otros dos investigados

Hay que recordar que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, está siendo investigado en la misma causa, por  un presunto delito de tráfico de influencias en la creación de la cátedra de Begoña Gómez. También lo está el empresario Juan Carlos Barrabés, que fue profesor del máster dirigido por Begoña Gómez y que fue adjudicatario con una de sus empresas de un concurso de ayudas públicas, para el que aportó, entre otras, una carta de aval de Gómez como directora del máster de la complutense. 

En el verano de 2021, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por una de sus mercantiles de Barrabés obtuvo, en tres lotes diferentes, 8,4 millones de euros al resultar adjudicataria de un concurso público de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para ayudas destinadas a procesos digitales. 

Estos hechos son investigados por el juez Peinado como un posible delito de corrupción de los negocios y otro de tráfico de influencias. 

Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descarta irregularidades en la concesión de las ayudas públicas a Barrabés. No detectan los investigadores ningún tipo de presión por parte de Begoña Gómez para que la oferta de la UTE de Barrabés fuera finalmente la adjudicataria.

La UCO indica que la carta de aval de Gómez no tuvo peso alguno en la puntuación final de la UTE. El Ayuntamiento de Madrid también avaló por carta a Barrabés. El proyecto de la UTE de Barrabés obtuvo la mejor puntación en el proceso de licitación, tal y como ha constatado la UCO. 

El 'software' de la cátedra

Ahora el juez Peinado investiga también si la esposa de Pedro Sánchez se apropió de un software que utilizó en la cátedra, financiado con los fondos de las dos empresas antes mencionadas. 

Pese a que el rector Goyache declaró ante el juez el pasado 5 de julio que no existieron irregulares en la cátedra de Begoña Gómez, un informe que la Universidad hizo llegar posteriormente al juez Peinado acusa a la mujer del presidente del Gobierno de registrar a su nombre un software del centro universitario.

Pero la defensa de Gómez niega el delito de apropiación indebida en relación al software e invoca una serie de correos electrónicos de la propia universidad en los que da instrucciones precisas a Gómez para que registrase el dominio. 

Intrusismo profesional

Peinado cree que Gómez pudo cometer un delito de intrusismo porque "no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente" para elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación del citado software, destinado a la gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa y que fue utilizado en la cátedra que dirigió.