El juez Pedraz reclama al Gobierno de Rajoy y a la Comunidad de Madrid sus subvenciones a Ausbanc

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido un requerimiento al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid para que le informen sobre las subvenciones y convenios a la asociación de Luis Pineda, Ausbanc, en el marco de la investigación de la trama de extorsión y amenazas que presuntamente dirigía junto a Manos Limpias

En una providencia, el magistrado ordena a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio y a las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y Mujer y Sanidad y Consumo del gobierno madrileño "que pongan a disposición" de la Policía "toda la información" relativa a las ayudas concedidas a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Ausbanc Madrid.

El juez central de instrucción 1 detalla que la información entregada debe incluir la convocatoria de las subvenciones y convenios y "toda la documentación que hubieran aportado para acceder a su concesión" a partir del año 2004.

El magistrado ha actuado de este modo después de que esta semana varios testigos apuntaran las buenas relaciones que Pineda mantenía con miembros del PP.

En concreto, el exdirector de Comunicación de Caja Madrid Juan Astorqui declaró que Pineda, alardeaba de sus buenos contactos "con personas del PP en la Comunidad de Madrid" y del puesto que ocupaba su mujer, Maria Teresa Cuadrado, en el gobierno regional, donde llegó a ser directora de Consumo.

El dircom de la antigua caja madrileña ha puesto de manifiesto que se sintió presionado por estas "relaciones" de Pineda tras decidir en 1997 -a su llegada a la entidad- cerrar los convenios de publicidad que la entidad mantenía con Ausbanc.

Por su parte, el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, aseguró que la Comunidad de Madrid convirtió a Ausbanc en la asociación de consumidores "más subvencionada" del territorio sin que hubiera "ningún motivo para ello y siendo absolutamente claro que era un negocio oscuro".

"No hubo medidas en su contra desde las administraciones públicas, desde partidos políticos o desde empresas que, o bien asumían las extorsiones o bien colaboraban con Ausbanc para auparla a donde nunca debió estar", indicó Sánchez en declaraciones a los medios antes de presentarse ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Santiago Pedraz.

El instructor investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas -encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas- a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.

Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.

Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.

Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.