El juez que investiga a Begoña Gómez por un supuesto caso de tráfico de influencias ha convocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare como testigo el próximo 30 de julio. El magistrado se trasladará al Complejo Presidencial de la Moncloa para llevar a cabo el interrogatorio.

En una providencia dictada el pasado viernes, el mismo día en que Gómez compareció y se negó a declarar como investigada, el juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid accedió a la solicitud de las acusaciones populares, lideradas por Vox, para que Sánchez comparezca como testigo. Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para llevar a cabo el interrogatorio, el magistrado se trasladará al Complejo Presidencial de la Moncloa, en cumplimiento de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Estos artículos permiten, en el caso de ciertos cargos públicos como el presidente del Gobierno, que la declaración se realice en su domicilio o despacho oficial sobre asuntos que no hayan llegado a su conocimiento por motivo de su cargo.

La declaración de Sánchez será grabada, tal como lo establece la normativa, según ha dispuesto el juez Peinado en su resolución. En ella, solicita a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se desplacen a la Moncloa el próximo 29 de julio para instalar "los dispositivos necesarios" que permitan grabar la declaración del presidente del Gobierno y asegurar que se registre en el soporte correspondiente.

Peinado imputa también al rector de la UCM

La citación del presidente del Gobierno como testigo ocurre tras la decisión de su esposa de acogerse a su derecho a no declarar el pasado viernes. Gómez optó por no testificar al considerar que el procedimiento judicial no ofrecía suficientes garantías, según explicó su abogado, Antonio Camacho, después de la comparecencia.

Esta decisión llevó a las acusaciones populares a solicitar la declaración de Sánchez, con el objetivo de esclarecer lo sucedido durante las reuniones entre Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, quien también está imputado. Además, el magistrado ha dictado otra providencia este lunes en la que decide imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. El rector está convocado a declarar el próximo 29 de julio, fecha en la que ya había prestado declaración como testigo hace unas semanas.

Es la segunda vez que el juez modifica la situación procesal de un testigo en esta causa. El pasado viernes, el magistrado decidió investigar a Barrabés, adjudicatario de varios contratos que son el foco de la investigación, solo cuatro días después de que hubiese declarado como testigo.

Con Begoña Gómez, ya son tres las personas investigadas en esta causa, que se abrió por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia inicial fue presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias, a la que se sumaron otras acciones judiciales de organizaciones como la ultracatólica Hazteoír.

Un frente político más que una causa judicial

La investigación dirigida por el juez Peinado ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un frente político. La periodista Ana María Pascual, de Público, ofrece un análisis en este diario con las claves para comprender el caso contra Begoña Gómez sin perderse en los detalles.

Según Pascual, el juez Peinado ha indicado en un auto que su investigación podría ser prospectiva, una práctica prohibida en el ordenamiento jurídico. La periodista se basa en las declaraciones realizadas por el juez, donde afirma: "Los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos llevados a cabo por la investigada desde que su esposo asumió la presidencia del Gobierno de España, tal como se recoge en la denuncia inicial del autodenominado sindicato Manos Limpias".