Un juez inicia los trámites para imputar a Cifuentes por las cargas policiales contra las Marchas por la Dignidad

MADRID.- Las consecuencias de los disturbios del pasado 22 de marzo de 2014, día en el que se celebraron las Marchas de la Dignidad, apuntan a la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez de Instrucción número 15 de la capital ha remitido un escrito a la Asamblea para que acredite el cargo de Cifuentes a raíz de una querella del conglomerado de organizaciones que componen las Marchas por la Dignidad. 

Estas asociaciones acusan a la presidente de la Comunidad de Madrid (entonces delegada del Gobierno en Madrid) y a la Policía de cometer "delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos, así como todos aquellos otros delitos que resulten en el curso de la investigación". 

El magistrado solicita el documento a la Asamblea antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella toda vez que, según el artículo 25 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su condición de presidenta de la misma, es aforada ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo.

La querella motivo de esta comunicación se presentó a principios de 2015.

En ese momento el Juzgado solicitó a los querellantes que depositaran una fianza de cuatro mil euros por cada una de las asociaciones que firmaban la querella.

Desde entonces los querellantes han presentado dos recursos de reforma ante el propio Juzgado y otros tantos de apelación ante la Audiencia Provincial, que ha confirmado las fianzas, que solo una asociación ha prestado.

Una vez cumplimentado este trámite el Juzgado se ha dirigido a la Asamblea de Madrid a los referidos efectos.

La querella fue presentada por Marchas de la Dignidad 22M, Izquierda Unida (IU) Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Intersindical.

También por Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical de Aragón (IA), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y Sindicato de Comisiones de Base (Co.Bas).

Además de Cristina Cifuentes figuran como querellados los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y otros ocho responsables policiales.

La querella fue presentada por la actuación policial en el dispositivo desplegado en las marchas de protesta por los "graves problemas que está sufriendo la ciudadanía del Estado español" organizadas ese día en Madrid.

Para los querellantes se cometieron delitos como la disolución ilegal de una manifestación, violación de derechos cívicos y constitucionales y prevaricación de los funcionarios públicos.

Los disturbios dejaron en el centro de la capital un centenar de heridos, la mayoría leves, entre los que se encontraban 67 de ellos policías (47 nacionales y 20 municipales) y 34 manifestantes. Hubo una treintena de detenciones, tres de ellos menores de edad.

Los querellantes aclararon que su objetivo es "exigir las responsabilidades pertinentes por la vulneración de los derechos y por los abusos cometidos". Y es que las Marchas de la Dignidad entienden que los disturbios fueron provocados por "infiltrados policiales orquestados por los mandos policiales". En el momento de presentar la querella, desde las Marchas señalaron que hubo "fallos y deficiencias" en el operativo policial diseñado para ese 22 de marzo de 2014.