El juez imputa al Barça, a Bartomeu y a Rosell por cohecho en el 'caso Negreira'

Los agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona han terminado de registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), situadas en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid), en busca de documentación relacionada con el caso Negreira. 

Esta misma tarde, el juez instructor del mismo, Joaquín Aguirre, ha dictado un auto en el que atribuye al Fútbol Club Barcelona el delito de cohecho. Además del Barça, como persona jurídica, entre los imputados figuran los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La Justicia sigue investigando el destino dado por José María Enríquez Negreira y su hijo a los cerca de siete millones de euros que supuestamente les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.

Delito de cohecho

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona entiende que "el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".

Joaquín Aguirre también subraya en el auto que "el FC Barcelona pagó a través de sociedades interpuestas a uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros integrado en la Real Federación Española de Futbol", un hecho "acreditado documentalmente".

El auto, al que ha tenido acceso Público, detalla que Negreira "tenía la condición de funcionario público a efectos penales dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras las relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos de árbitros".

Respecto a los pagos a Negreira y a su hijo, el juez deduce que "produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español". No obstante, aclara el auto, "las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica".

Negreira, además, "tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad" e, incluso, "de otros actos desconocidos hasta ahora", añade el juez, quien recuerda que el exvicepresidente del CTA le envió una carta a Bartomeu en la que le indicó que, "si no le seguían pagando, revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club".

Presunto delito de corrupción deportiva

Además de Negreira y su hijo Javier, el Barça como persona jurídica y los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, también son investigados los exdirectivos blaugranas Óscar Grau y Albert Soler, así como la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

El juez atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor, mientras que considera a su hijo como cooperador necesario. Mientras, al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados les atribuye un presunto delito de cohecho activo.

Y mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los hechos supusieron un presunto delito de corrupción deportiva, al menos en el proceso de instrucción.

El juez teme manipulación de pruebas

El juez encargado del caso ha decretado el secreto parcial del sumario para practicar varias diligencias de investigación, entre ellas el registro del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con el fin de evitar que se "manipulen" pruebas dados los "extraordinarios intereses económicos en juego".

Joaquín Aguirre ha acordado abrir una pieza separada de la causa y declararla secreta, tal y como le solicitó ayer la Fiscalía Anticorrupción, y ordena las distintas pruebas a practicar en el marco de la misma.

Entre esas diligencias secretas, figura la entrada y registro que la Guardia Civil ha practicado durante 12 horas en las oficinas del Comité, situadas en las dependencias de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid), para recabar documentación relacionada con los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo.

En su auto, con fecha de este miércoles, el juez mantiene que es necesario acordar el secreto de las actuaciones "a fin de practicar ciertas diligencias de prueba" planteadas por la Fiscalía, teniendo en cuenta "los extraordinarios intereses económicos que hay en juego".

El objetivo del secreto de sumario, argumenta el magistrado instructor, es que "no se puedan manipular las pruebas a realizar", o que se traten de impedir o dificultar su práctica.

La RFEF distancia el registro de la "actual gestión"

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado, después de que terminara el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por parte de la Guardia Civil, que "continúa a disposición de la Justicia".

En un comunicado emitido en la noche del jueves, tras salir de la sede federativa los agentes que acudieron por orden del juez que investiga el caso Negreira para efectuar un registro documental, la Federación expresa su plena disposición "con el único fin de que se puedan esclarecer cuanto antes los hechos investigados".

Además, asegura que "todo el personal" del organismo "ha colaborado en todo momento" durante las doce horas que ha durado el registro "con el requerimiento de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La RFEF recuerda en su escrito que los hechos que se investigan en el caso Negreira "tienen que ver con la administración federativa de dos etapas anteriores a la actual gestión".