Este artículo se publicó hace 3 años.
Un juez, una fiesta ilegal y una grabación en vídeo con guardias civiles de por medio
El juez de Lanzarote Ricardo Fiestras fue sorprendido en una fiesta no permitida por las medidas contra la pandemia, con un empresario condenado por corrupción. Ahora se ha abierto expediente a dos guardias civiles por filtrar el vídeo del operativo policial y el CGPJ investiga la actuación del juez.
Madrid-Actualizado a
Ocurrió el 18 de febrero de 2021, en un chalet en Yaiza (Lanzarote), en aquel momento en nivel 4 de alerta sanitaria con la alta incidencia de la covid. Los vecinos alertaron a las autoridades ante la música alta y el bullicio, en lo que a todas luces era una fiesta ilegal en aquellos momentos de pandemia. Se desplazaron hasta la vivienda una docena de agentes de la Guardia Civil y de la Policía. Se encontraron a unas doce personas bailando, bebiendo y sin mascarilla. La sorpresa llegó cuando identificaron al juez Ricado Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital lanzaroteña.
Se produjo entonces un encontronazo dialéctico, en el que el juez quiso presuntamente hacer valer su condición de funcionario judicial y llegó a pedir la identificación a dos de los guardias civiles. Pero de nada le sirvió porque los agentes le propusieron para sanción. Ahora el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para dirimir si el juez Fiestras incurrió en alguna falta tipificada en el Régimen Disciplinario Judicial, además de en una presunta infracción administrativa por su participación en la fiesta ilegal.
Pero no quedó ahí la cosa. Un mes y medio después, Ricardo Fiestras tuvo otro encontronazo con los agentes de la autoridad, esta vez, en el aeropuerto de Lanzarote. Se encontraba acompañando a una amiga en una zona destinada a pasajeros y vetada, por las normas anti-covid, para los acompañantes. Cuando fue conminado a abandonar la zona, el juez reaccionó presuntamente con cierta oposición a cumplir inmediatamente las normas, según consta en el relato de los hechos en la queja por este incidente que obra en Acción Disciplinaria del CGPJ.
Ambos episodios han sido objeto de quejas de "particulares" contra este juez destinado en Arrecife, según el CGPJ. Ricardo Fiestras fue recusado, en mayo pasado, por una familia que había interpuesto una denuncia, que recayó en su juzgado, contra sus vecinos por organizar fiestas. Esta familia se quejaba de que el juez Fiestras no había ordenado ninguna diligencia en nueve meses. En el escrito de recusación, se hacía constar que el juez había sido denunciado por participar en una fiesta ilegal.
La versión del juez
"No era una fiesta como cabe entenderse una fiesta convencional", apuntó en un comunicado el juez Fiestras a través de un portavoz, al día siguiente del suceso en el chalet de Yaiza. Según su versión, cuando los agentes llegaron él se encontraba viendo la tele en un salón de la villa que tenía alquilada junto a su familia. Sus hijos y los de otro matrimonio que se hospedaba en un chalet cercano, junto con sus novias, estaban en la piscina con música, según el comunicado. De todas formas, se trataba de una reunión prohibida para personas no convivientes. "De haber incurrido en una infracción administrativa se hará responsable sin ningún tipo de problema pero lamenta muchísimo que se hayan tergiversado así las cosas", sostuvo el portavoz del juez.
Sin embargo, en el vídeo de la intervención policial que llegó a la prensa se puede observar un escenario parecido al de una fiesta, con bebidas incluidas, y la increpación de un agente diciendo que les habían pillado bailando. Ahora dos de los guardias civiles que participaron en el operativo han sido expedientados por la divulgación del vídeo, tras la queja del juez Fiestras, y se enfrentan a una sanción grave, según el digital Canarias7.
Amistades peligrosas
No sólo fue pillado en una fiesta ilegal; además el juez Ricardo Fiestras fue pillado con una compañía comprometida: el empresario Fernando Becerra, condenado a un año de cárcel, tras llegar a un pacto con la Fiscalía al admitir que intentó sobornar a un político para que permitiera construir una urbanización en Yaiza, según informa Canarias7. Su reconocimiento de un delito de cohecho le libró de una condena mayor, en el marco del caso 'Unión' , de corrupción urbanística en Lanzarote. El descubrimiento de su amistad con un condenado le podría traer a Fiestra problemas en el CGPJ, una vez que se ha abierto una investigación.
Se da la casualidad de que en 2018 el Cuerpo Nacional de Policía reconoció a este juez con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.
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