El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha cerrado la pieza troncal de la investigación del caso Gürtel y concluye que procede juzgar a 43 personas imputadas, y junto a ellas a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a quien considera partícipe de la trama a título lucrativo por el beneficio que pudo haber obtenido por los delitos atribuidos a su ex marido Jesús Sepúlveda. Mato no sería juzgada como acusada, sino como responsable civil y no le protege el aforamiento. Por los mismos motivos procesa a Gema Matamoros, mujer de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda.

La actuación de ambas no tiene trascendencia penal, sino que implica una responsabilidad económica civil. Esto es, la ministra de Sanidad se tendrá que sentar en el banquillo como 'partícipe a título lucrativo' al beneficiarse 'sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar' de 36.000 euros entre viajes, regalos y celebraciones familiares financiados por la organización corrupta. Por ello, sería juzgada por el artículo 122 del Código Penal, que establece que el beneficiario civil está obligado a restituir el dinero con el que se lucró o a resarcir el daño causado.

Existe un precedente en un juicio por información privilegiada, celebrado la semana pasada por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, donde la persona con responsabilidad civil se sentó en el banquillo. Además, los herederos del padre del cerebro de Gescartera, Antonio Camacho, se sentaron en el banquillo, al igual que ocurrió con responsables civiles en el juicio de Caixa Penedés celebrado en mayo pasado.

El juez detalla en el auto que el entonces marido de Ana Mato recibió un total de 50.331,82 euros como regalos de la caja de B de la trama y en forma de servicios turísticos. De este dinero, Ana Mato, los hijos del matrimonio y el personal doméstico se beneficiaron con 31.580,99 euros, entre viajes, estancias en hotel, fiestas y otros presentes.

Ruz resuelve que será el plenario -el tribunal juzgador- el que fije el alcance de la responsabilidad civil de Mato y el dinero de que deberá devolver conforme obliga el artículo 122 del Código Penal.

El exsecretario general de PP Ángel Acebes ha sido sobreseído en esta instrucción del caso Gürtel, pero sigue imputado en la pieza que estaba separada de los papeles de Bárcenas. Acebes estaba imputado en esta pieza en la variable del delito de apropiación indebida por 'comisión por omisión'; esto es, que es responsable de sus inferiores jerárquicos, como son los casos de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, gerente y tesorero popular cuando se compró con dinero del PP negro acciones de Libertad Digital, se pusieron a su nombre y luego no lo devolvieron a la Caja B tras la venta de estas participaciones, supuestamente.

Ruz resuelve que para juzgar a Acebes la jurisprudencia obliga acreditar el conocimiento de la situación y las pruebas no arrojan indicios de que Acebes supiera lo que hacían Bárcenas y Lapuerta, sin perjuicio de que lo califica de su superior jerárquico y que tenía 'un deber especial de control o de vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente' de la formación política.

También sobresee la imputación de Julia López Valladares y Carlos Ignacio Hernández Montiel. Y considera que se deben procesar a 43 imputados, entre los que se encuentran los ex alcaldes Ortega y Sepùlveda, el ex senador Jesús Merino, el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, además de funcionarios, empresarios, etc.

El auto de transformación en procedimiento abreviado que ha dictado Ruz este jueves abarca 205 folios y se centra en la pieza denominada como Época I 1999-2005. Este auto no es firme y contra él cabe recurso.

El magistrado del juzgado central de instrucción 5 entiende que estas 43 personas deben ser juzgadas por operaciones ilegales cometidas con administraciones públicas de Castilla y León, Estepona y la Comunidad de Madrid, en concreto de Madrid, Pozuelo y Majadahonda. 

El juez concluye que 3 de los 4 extesoreros que ha tenido el PP en su historia forman parte de esta trama corrupta. Así, explica en el auto que la trama Gürtel era un grupo jerarquizado y con una estrategia coordinada. Y sitúa como líderes a Francisco Correa y Pablo Crespo de una trama en la que participaron los ex tesoreros del Partido Popular Bárcenas,  Lapuerta y Angel Sanchís. Pablo Crespo fue también exsecretario de Organización del PP gallego.

El auto relata cómo Francisco Correa, que comenzó su actividad con 14 años como botones turístico, terminó siendo el máximo responsable de la organización, con Pablo Crespo actuando bajo sus órdenes y ejecutando las directrices que le marcaba.

La red de Correa se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del Partido Popular, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el PP para conseguir adjudicaciones públicas. La trama entregaba dádivas en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían para favorecerle en la obtención de negocios para sus empresas. El juez concluye que dichas dádivas consistían en dinero en efectivo o prestación de servicios, como viajes organizados por la agencia de viajes del grupo.

Paralelamente, los imputados tejieron otra trama societaria en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo.

Sólo en la Comunidad de Madrid, el juez Ruz considera que existen 348 contratos y actos administrativos irregulares porque se incumplió la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así, considera constatado indiciariamente que la contratación de distintas consejerías madrileñas de la época de Esperanza Aguirre 'se apartó de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, llevándose a cabo la tramitación de los diferentes expedientes de contratación'.

Ruz concluye que Correa 'puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y origen de sus fondos'. De esta manera, el sistema ideado por Luis de Miguel para ocultar los fondos ilícitos obtenidos por la trama sirvió posteriormente, según Ruz, a los cargos públicos o responsables del PP con los que trabajaba Correa para la intermediación en operaciones inmobiliarias.

El juez instructor resuelve que se cometieron 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Al margen de la pieza separada sobre los papeles de Luis Bárcenas, que también instruye Ruz, el magistrado señala que Bárcenas prevaliéndose de sus cargos de gerente y tesorero se apropió de fondos del Partido Popular al llevar junto con Alvaro Lapuerta una contabilidad paralela o caja B del partido político entre los años 1990 a 2008. Esta caja B estaba 'nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial' y que de acuerdo a lo acreditado, fue destinada: al pago de gastos generados en campañas electorales, al pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político'.

Ruz acuerda que este auto se traduzca y se envíe a las autoridades suizas. A este respecto, considera que la reciente resolución de la justicia suiza sobre Bárcenas (que retrotraía a la fase inicial la petición de autorización de uso de sus documentos para enjuiciar los eventuales delitos fiscales) no debe alterar el avance de la investigación en España, criterio que es seguido por el resto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.