El juez del caso Mascarillas ha propuesto juzgar a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la operativa de compraventa de material sanitario en la pandemia de la covid, en marzo de 2020. Sin embrago, el magistrado ha eximido de responsabilidad al Ayuntamiento y ha desoído la petición de las acusaciones populares, como las que representan Más Madrid, Podemos o el PSOE, para seguir investigando.

Los comisionistas inflaron los precios para obtener "elevadas comisiones" del material sanitario. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha propuesto juzgar a Medina por un delito de estafa agravada y otro de falsedad en documento mercantil y a Luceño por otro de falsedad en documento público y por delito fiscal agravado. Aunque no ha encontrado indicios para juzgarlos por el delito de blanqueo por el que estaban investigados, según el auto, contra el que cabe recurso.

El magistrado sostiene que ambos ocultaron al Ayuntamiento su "nula experiencia en temas de material sanitario" y también "que habían inflado el precio de los contratos" de mascarillas, guantes y test en un 60, 81 y 71% respectivamente, "a causa de las elevadas comisiones que se llevaron".

Las acusaciones populares han recurrido el auto al considerar que existen motivos que justifican que la causa siga abierta y que hay numerosa documentación a la que no han podido acceder y de la que podrían surgir nuevos flecos que investigar.

Los documentos que se hallaron en el registro policial practicado en casa de Luceño, donde se encontró una placa y una tarjeta del CNI falsas, o el contenido de sus ordenadores o efectos informáticos no han sido trasladados a las partes, según pone de manifiesto Más Madrid en su recurso de reforma, al que ha tenido acceso EFE, y de esa información, añade, puede derivarse "la necesidad de llevar a cabo nuevas diligencias de investigación relacionadas con los hechos investigados".

En el mismo sentido se pronuncia el grupo municipal socialista, que sostiene que trata de evitar la indefensión que puede crear a las partes "una indisimulada, excesiva e injustificada premura del juzgado a la hora de propiciar el cierre precipitado de la instrucción". 

Uno de los argumentos del juez para rechazar prorrogar el caso fue el riesgo de que éste se convirtiese en "una causa general sin limitación de tiempo por si aparecen futuros e ignorados investigados", algo que cuestionan ambas acusaciones, que subrayan que su petición de prórroga no es caprichosa, sino que busca concretar si deben o no practicarse más diligencias de investigación, "de modo útil y necesario". 

"¿Qué sentido tiene en una instrucción ordenar la entrada y registro domiciliario y la incautación de determinado material, si luego no se analiza su contenido y se da traslado del mismo a las partes en la fase de instrucción?", se pregunta Más Madrid. 

Estos dos empresarios son los únicos investigados en esta causa, pese al intento de algunas acusaciones, que pidieron investigar si hubo responsabilidad de algún cargo del Ayuntamiento de Madrid. 

Según la investigación, Luceño y Medina se habrían embolsado comisiones de 6,9 millones de dólares por la venta de mascarillas, guantes y test al Consistorio, que pagó 11,9 millones por este material, que, en algunos casos, resultó no ser de la calidad prometida