Operación TándemEl juez cita a declarar este jueves al excomisario Salamanca por cohecho

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado a declarar este jueves, día 5 de abril, a las 10.00 horas, al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca en el marco de la pieza separada que se formó en el caso en el que se investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo, relacionada con el delito de cohecho, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado tomarle declaración a este investigado en la Operación Tándem después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase que se crease una pieza separada para la instrucción y posterior enjuiciamiento de los hechos relacionados con el delito de cohecho ante la existencia de "actividades ilícitas". Asimismo, el Ministerio Público solicitó que se levante el secreto de sumario al tratarse de una pieza cuyas diligencias están prácticamente concluidas.

Salamanca, en libertad desde el pasado 6 de marzo, se encuentra investigado junto a Villarejo por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por lucrarse presuntamente con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

La operación bautizada como Tándem, coordinada con Anticorrupción, culminó el pasado 5 de noviembre con la detención del jefe de la Comisaría del entonces Aeropuerto de Madrid-Barajas entre los años 2012 y 2015; del comisario jubilado; la esposa de este último, Gema Alcalá, y el abogado Rafael Redondo, entre otros. Villarejo y Redondo continúan en prisión; mientras que Alcalá y otras cuatro personas quedaron en libertad después de que les tomara declaración la magistrada Carmen Lamela, en funciones de guardia cuando se desarrolló el operativo.

La Operación Tándem fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal que pretendía la "reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".

Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.