El exgobernador de Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez comparecerá como investigado, lo que antes se conocía como imputado, en el caso sobre la salida a bolsa de Bankia el próximo 16 de marzo. El expresidente de la CNMV Julio Segura lo hará el día 13, según ha ordenado este miércoles el juez Fernando Andreu que instruye el caso.

La citación llega después de que la Audiencia Nacional ordenase al juez que llamara a declarar a los responsables del Banco de España y de la CNMV que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa. El juez Andreu había rechazado hasta en tres ocasiones el recurso interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que fue finalmente aceptado el pasado lunes por la Sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia.

En una providencia conocida este miércoles, el mismo día 13 declarará también el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fernando Restoy; un día después lo harán los inspectores Pedro Comín y Pedro González, y el 15, los exdirectores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello. El día 16 de marzo declarará junto con Fernández Ordóñez también el exsubgobernador Javier Aríztegui.

Según el escrito de la sala, todos ellos autorizaron la operación de la salida a Bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", que cifra en 15.000 millones de euros.

La Audiencia Nacional valoraba la testifical y los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus con sus superiores, y calificaba de "razonable y razonada" la pretensión de la CIC al estimar que existen indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad" en esta conducta.

De este modo, la sala asume los argumentos de la acusación, que señaló al Banco de España y a la CNMV por haber ofrecido una "inestimable colaboración" a la excúpula de Bankia como "cooperadores necesarios" de las supuestas irregularidades e "incitar" a la entidad a efectuar lo que denominó una "huida hacia delante".

Además, remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, el pasado noviembre, quien planteó que de cuestionar la viabilidad del grupo BFA-Bankia, la responsabilidad "no sería exclusiva de los administradores o del auditor", sino que "podría suscitarse la participación de otros actores, los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño".

Sobre la calificación de las conductas, los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Ana María Rubio consideran que en la fase actual de la investigación, cuyas primeras pesquisas se remontan a 2012, todavía no pueden delimitarse los delitos atribuibles a cada uno de ellos. No obstante, los jueces se oponen a que el Banco de España aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección por tratarse de una prueba "manifiestamente excesiva" y, por ello, "innecesaria" al poder vulnerar la intimidad de personas ajenas a la investigación.