El caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra sentará en el banquillo en calidad de investigada a la propia empresa. Así lo ha decretado la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, que ha citado a la compañía como persona jurídica el próximo 15 de junio a las 10.00 horas.

El juzgado investiga todavía las presuntas irregularidades en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros que se le concedió en 2021 procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un mecanismo creado por el Gobierno en verano de 2020 con el objetivo de rescatar compañías solventes y estratégicas para la economía nacional ante el peligro de quiebra a raíz de la pandemia.

Plus Ultra es una pequeña aerolínea que no llegó a fletar mil vuelos en todo el 2019. Madrid-Caracas (Venezuela) es uno de sus principales trayectos y la compañía lleva arrojando pérdidas desde 2011, lo que la incapacitaría para recibir dinero de este fondo de ayudas públicas dotado de 10.000 millones de euros.

Aun así, tanto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como el Consejo de Ministros decidieron aprobar el desembolso de los 53 millones, que es lo que se investiga. El Tribunal de Cuentas ya archivó el año pasado su investigación sobre este caso y aseguró que la subvención "es un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos".

Fuentes jurídicas han confirmado que la magistrada ha acordado interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación. Así, tal y como ha publicado Vozpópuli, ha estimado la petición de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PP y Manos Limpias. 

La jueza Collazos ordenó la paralización de esta ayuda en julio de 2021, cuando todavía restaban 34 millones de la ayuda por ser ingresados a la empresa. Sin embargo, un mes después, el juez en funciones de sustitución Jaime Serret desbloqueó la entrega del dinero para evitar la quiebra definitiva de la compañía, atendiendo a las alegaciones de la compañía y al escrito de la Fiscalía de Madrid, que no apreció delito en la operación.

Pago a la petrolera pública venezolana PDVSA

Ahora, la juez instructora ha considerado pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la SEPI presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.

Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos a esta agencia, los expertos aseguraron que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las mismas fuentes precisaron que los peritos del juzgado incidieron en que la compañía, apenas recibió la ayuda, procedió al pago íntegro de una deuda con la empresa pública venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.

Desde Plus Ultra confirmaron a Europa Press que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que "la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales" de las que Venezuela es víctima.

Tras la declaración del representante de la aerolínea, la jueza responderá a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.