El juez de los CDR sospecha que Interior filtró los datos secretos de la investigación

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa abierta contra los 7 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en prisión por terrorismo sospecha que desde lo aledaños del Ministerio del Interior se filtraron los datos secretos de la investigación que relacionaba a este grupo con la hermana de Carles Puigdemont, huido de la justicia, y el presidente catalán, Quim Torra.

Así lo confirman fuentes de la Audiencia Nacional, que expresan la indignación de Manuel García Castellón y su equipo por la filtración de la literalidad de los autos de ingreso en prisión, cuando habían sido entregados a las defensas ‘capados’ de datos sensibles de esta operación, Judas, que iba más allá y apuntaba a Torra y Puigdemont.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido remitir a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla la petición, formulada por las defensas de los 7 CDR en prisión por terrorismo, de investigar esta "filtración masiva" por los delitos de revelación de secretos y contra la administración pública.

El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, explica al juez que la investigación se tendría que abrir por el supuesto delito de revelación de secretos en el "juzgado territorialmente competente" y que sería un juzgado de instrucción de Madrid de los ubicados en la Plaza de Castilla.

Las defensas apuntan como responsables a la Guardia Civil y a la Fiscalía, puesto que, recuerdan en sus escritos, el ministerio público es la única parte de la causa que tuvo acceso a la totalidad del auto de prisión publicado en varios medios.

Según los letrados, los 7 autos del juez se han publicado de forma íntegra, pese a que a las defensas se les notificaron con un fragmento eliminado, por estar la causa bajo secreto de sumario.

En cambio, en el juzgado central de instrucción 6 existe la convicción de que esta filtración pudo partir de los aledaños del Ministerio del Interior.

Con ella se habría intentado neutralizar la reacción social por las detenciones y en vísperas de conocerse la sentencia del Supremo sobre los 12 dirigentes del'procés', así como la expansión de la investigación más allá de los CDR detenidos, según explican las fuentes jurídicas consultadas.

'Estupor'

Esta causa ha tenido diversas filtraciones que han originado “estupor” entre el juez instructor y los investigadores.

Arrancó con la filtración de la bronca que echó el ministro, Fernando Grande-Marlaska, a la cúpula de la Guardia Civil porque el presidente, Pedro Sánchez, y él mismo se habían enterado por la prensa de que los CDR habrían estado haciendo pruebas con explosivos. El ministro conocía el pasado lunes que iba a explotar una operación en marcha de importancia en Catalunya, pero desconocía la escalada de supuesto terrorismo de la que se acusa a los detenidos

Posteriormente, se filtraron los autos completos, así como citas literales a algunos medios de comunicación, cuando había un fragmento suprimido por el juez, debido a que se trata de una investigación secreta.

Las defensas señalan a la Fiscalía y la Guardia Civil

La Fiscalía que dirige Carballo es señalada por las defensas, en cambio, así como la propia Guardia Civil. En su escrito, Carballo rechaza la apertura de una pieza separada para investigar estos hechos, tal y como reclamaban las defensas de los CDR en sus respectivos escritos, todos ellos dirigidos al juez García Castellón.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe han señalado que con toda probabilidad el juez acordará en las próximas horas a remitir esta denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla, tal y como ha planteado la Fiscalía.

Los abogados critican que, mientras ellos "no tienen el más mínimo conocimiento de los hechos" y solo conocen la imputación provisional que se atribuye a sus defendidos, los medios han publicado de forma "exhaustiva" esos autos, lo que incluye hasta vídeos de la Guardia Civil sobre los registros .

Por ese motivo, creen "absolutamente inadmisible" que las actuaciones de la llamada Operación Judas sean públicas únicamente para los medios de comunicación "y, en cambio, para las defensas, la justicia se mantenga a puerta cerrada".

'Linchamiento mediático'

En opinión de los abogados, las filtraciones, que además incluyen datos personales y familiares sobre los detenidos, vulneran el derecho de defensa de los acusados, sometidos a un "linchamiento mediático", "dejando en saco roto el derecho a la presunción de inocencia".

Todo ello, añaden, sin que los afectados puedan ejercitar ningún derecho a réplica, "no solo porque están privados de libertad, sino porque no tienen acceso a las actuaciones".

Además de investigar la procedencia de las filtraciones, las defensas también pedían al juez que obligase a los medios a retirar los enlaces a las informaciones que debían permanecer secretas, "por afectar a la intimidad y seguridad de los investigados" y "a la presunción de inocencia de la que debieran gozar".