Malos tiempos para el funcionamiento de la Justicia. Tras la huelga indefinida de dos meses de los letrados judiciales (LAJ), que ha suspendido más de 350.000 juicios, ahora se suman los funcionarios de Justicia, que inician a partir del 17 de abril paros indefinidos de tres horas diarias en reivindicación de mejoras salariales. 

Como preámbulo a la huelga indefinida, los funcionarios se manifestarán este miércoles frente a la sede del Ministerio de Justicia, para reclamar "una subida salarial digna, en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)", consta en un comunicado de los sindicatos convocantes: la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

El colectivo de los LAJ logró aumentos de entre 430 y 450 euros al mes, en una oferta del Ministerio de Justicia con la que se puso fin a una huelga que ha provocado 424.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados y 356.000 juicios y vistas suspendidos, según datos del comité de huelga.

La principal reivindicación de los letrados judiciales era la conocida como cláusula de enganche, una medida por la que su sueldo se referenciaría al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos colectivos. Finalmente, los LAJ han renunciado a esta exigencia y, a cambio, se realizará una subida paulatina de entre 430 y 450 euros brutos mensuales en sus sueldos, que, según Justicia, se sitúan en estos momentos entre los 40.000 y los 60.000 euros al año. 

Ahora, una vez resuelto el conflicto con los letrados, los funcionarios de Justicia --unos 45.000 en toda España-- plantan cara al Ministerio. Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, que secundan los paros y la jornada de huelga general el día 19 de abril, ya advirtieron al departamento de Pilar Llop de que si los letrados lograban una subida, el colectivo de funcionarios la reivindicaría para sí. 

Pero no solo eso: piden también la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya imposición, según indican, "pondrá en riesgo, si no lo evitamos, los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas sin que medie negociación previa". 

Desde el Ministerio de Justicia se preparan para meses de conflicto tras la experiencia con los LAJ. "Nuestra postura con todos los colectivos hasta ahora es de mano tendida. Nadie había hecho tanto por el reconocimiento y las mejoras del sector en tan poco tiempo. Ahora toca negociar y dialogar y eso estamos haciendo", indican fuentes de Justicia.

Las mismas fuentes advierten de que "si esta huelga va a ser nacional, implicará también a las comunidades autónomas con competencias trasferidas; tendremos que hablar con esas comunidades para que ellas también propongan los planes que van a implantar en sus territorios para paliar los efectos de los paros".

La Mesa de Retribuciones de los jueces

La carrera judicial también evidencia su malestar con el departamento de Pilar Llop. En una nota difundida el pasado 31 de marzo firmada por las cuatro asociaciones judiciales, se advertía de que la reunión con el ministerio había sido "decepcionante".  "Después de un año trabajando con este equipo ministerial por la mejora de las condiciones profesionales de la carrera judicial, nos encontramos con que el Ministerio de Justicia no ha sido siquiera capaz de concretar una fecha para la celebración de la Mesa de Retribuciones, único instrumento legal previsto para tal fin y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda". 

No obstante, Justicia adquirió el compromiso de informar esta semana en curso de la fecha para convocar la Mesa de Retribuciones. Las asociaciones judiciales, por su parte, trasladaron al ministerio que las mejoras retributivas deberían estar acordadas antes del 30 de mayo. 

"A la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas, las asociaciones firmantes comenzamos a confeccionar, desde este momento, un calendario de medidas de presión", consta en el comunicado conjunto de las cuatro asociaciones [APM, AJFV, JJpD y FJI], que descartan la huelga como medida de presión. 

Los fiscales se unen a la lucha por lograr más sueldo

Días después de la reunión entre jueces y el ministerio, los fiscales calificaban como "desalentadora" su propia cita con el departamento y anunciaban a través de las tres asociaciones de la carrera que se unen a las reivindicaciones del colectivo de jueces y confeccionarán juntos el calendario de medidas de presión. 

La Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) critican que el ministerio no les haya comunicado una fecha concreta para la reunión de la Mesa de Retribuciones, que cada cinco año se celebra para tratar las mejoras salariales. 

"Nosotros dialogamos con todas las fuerzas políticas y con todos los colectivos. Hemos dialogado hasta la extenuación, a través del secretario de estado de Justicia y del secretario general de la Administración de Justicia, y hemos conseguido llegar a un acuerdo después de más de 30 reuniones", indican fuentes de Justicia en relación a la huelga de los LAJ.

"Esta huelga lo que ha producido ha sido, al parecer, una reivindicación ahora por parte de los funcionarios de Administración de Justicia, de los sindicatos, con quienes nosotros también dialogamos y negociamos", indican.