La familia García Caparrós conmemorará este miércoles, 4 de diciembre, el 42 aniversario del asesinato de su hermano Manuel José por disparos de la policía en la manifestación de Málaga por la autonomía de Andalucía sin novedades en el frente oficial. El esclarecimiento de lo que ocurrió aquel día de 1977 sigue oculto bajo los secretos oficiales de Estado: nadie ha sido detenido, nadie juzgado y nadie reparado. El último intento de las hermanas por lograr algún avance fue el escrito que registraron el pasado 18 de octubre en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, solicitando una reunión con su titular para abordar el tema, petición sobre la que aún no han recibido ninguna respuesta de Juan Manuel Moreno Bonilla, quien acostumbra a presumir de malagueño, de proceder de la ciudad en la que ha ejercido gran parte de su carrera política y donde se produjeron estos hechos.

En nombre de la Asociación Manuel José García Caparrós, Purificación, hermana del fallecido, presentó la solicitud como entidad fundadora de la Asociación de Víctimas de la Transición en Andalucía para hacer llegar al presidente andaluz sus "inquietudes" a causa del daño causado por la "muerte violenta" de sus seres queridos. "Tenemos propuestas no sólo para mejorar nuestra vida, sino para avanzar en valores democráticos y que esto no vuelva a suceder en la historia de Andalucía", se añade en el escrito, en el que se hace mención también a las familias de las víctimas del llamado caso Almería, tres jóvenes asesinados en 1981 a los que agentes de la Guardia Civil confundieron con miembros de ETA.

Purificación García Caparrós aseguró este martes a Público que aún no han recibido respuesta de la Junta a su petición de reunión para intentar arrojar un poco de luz sobre un crimen que acabó con la vida de su hermano a los 18 años –menor de edad según la ley de entonces- en una jornada en la que habían salido a la calle cientos de miles de personas en todas las capitales andaluzas, y en otras partes de España, para exigir una autonomía de primer nivel para Andalucía, como la de las comunidades históricas. Preguntado por este periódico, la presidencia del Gobierno andaluz no ha respondido sobre la petición de la familia de la víctima de aquella lucha histórica autonomista.

Aquel día de 1977, Manuel José, trabajador de Cervezas Victoria, afiliado a CCOO, estaba en la cola de la manifestación cuando la marcha pasaba por delante de la Diputación de Málaga y un joven colocó junto a la bandera de España la blanca y verde de Andalucía que el presidente de la Corporación provincial había prohibido ondear, una decisión que partidos y sindicatos calificaron entonces como toda una provocación. Contaban las crónicas periodísticas que por allí, además de los agentes antidisturbios, había reunidos militantes de extrema derecha conocidos por sus acciones violentas. Luego, vinieron los disparos de la Policía y la sangre.

Desde entonces, poco más se ha sabido sobre lo que realmente ocurrió aquel 4 de diciembre. Después de mucho batallar la familia, la única persona que ha tenido acceso a las actas del Congreso donde se reflejan las investigaciones, pero con los nombres de los agentes implicados tachados, ha sido la diputada de IU Eva García Sempere. Gracias a eso se conoció que 32 policías realizaron 30 disparos al aire, aunque el que mató a García Caparrós le entró por una axila, que se tomaron medidas disciplinarias –no precisadas-, que el gobernador civil sólo dio la orden de "despejar" la zona y que se omite quién fue el autor del tiro mortal.

"Es una barbaridad muy gorda que aún no hayamos podido ver todos los informes, la investigación que se hizo realmente, todo lo que hay, porque mi hermano era un ciudadano de primera y se le tiene que hacer justicia, como ellos piden que se haga con los suyos cuando les pasa algo igual", subraya Purificación García Caparrós.

Investigar a través de la Ley de Memoria Histórica

El abogado de la familia, Luis Ocaña, señala que la vía abierta por la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en marzo de 2017, es la que van a seguir para tratar de esclarecer todo lo ocurrido y reparar los daños causados a los familiares de la víctima. Según el letrado, la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió en una reunión con las hermanas García Caparrós a que el primer expediente que se pusiese en marcha con la entrada en vigor de la nueva ley sería el del asesinato de Manuel José.

A resultas de esa misma reunión, la Junta solicitó al Congreso de los Diputados el expediente completo sobre la muerte del joven malagueño, en una petición en la que alegaba que la información que se había proporcionado a la familia tenía "tachaduras", era "incompleta y parcial", y solo había podido ser consultada por una diputada, que no pudo ni hacer fotocopias del informe. La Mesa del Congreso, sin embargo, rechazó la petición amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, que impide revelar, hasta pasado un plazo de cincuenta años, información sobre hechos en los que se hayan visto involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.

Entre medias, la legislatura concluyó antes de tiempo y se convocaron elecciones autonómicas que dieron paso en enero a un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, un partido que rechaza la Ley de Memoria Histórica y exige en su lugar una de "conciliación". Sin embargo, el abogado de la familia espera que ahora el nuevo ejecutivo presidido por Moreno Bonilla retome el tema y ponga en marcha el expediente de García Caparrós dentro de los supuestos de la Ley andaluza de Memoria Histórica para que se pueda llegar al fin a la verdad de lo sucedido aquel 4 de diciembre en una España preconstitucional y preautonómica, y que sirva ello para reparar el daño causado a las víctimas.

Ese expediente, a juicio de Luis Ocaña, permitiría, mediante consulta de informes oficiales y toma de declaraciones a testigos, avanzar en el esclarecimiento de los hechos: quién ordenó disparar, cuántos disparos se hicieron, quiénes los realizaron, cuántas personas fueron alcanzadas por las balas aparte de García Caparrós, qué se llegó a investigar y qué se dejó de indagar, unos datos que permitirían conocer qué ocurrió en aquella manifestación por la autonomía andaluza más allá de la escueta nota informativa que emitió el Gobierno Civil de Málaga hace hoy 42 años, en la que se precisaba: "Un pelotón de las fuerzas de orden público fue acorralado y, agotados sus elementos antidisturbios, se vio precisado a hacer uso de sus armas cortas". Era entonces responsable máximo de los gobiernos civiles el ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, el que luego fue presidente de Endesa durante la etapa de privatización de la compañía eléctrica.

Pero las peticiones de la familia no se van a limitar a las autoridades andaluzas y solicitarán también al presidente del nuevo Gobierno de la nación, una vez sea elegido, una reunión para abordar este asunto. "Algún día cambiará este régimen y podremos saber de una vez qué hicieron con nuestro hermano", aventura Purificación García Caparrós. Quienes ya no podrán saberlo son sus padres, que fallecieron unos años después de la muerte de su hijo. Hasta hoy, nadie de la familia ha recibido aún una disculpa de alguna autoridad del Estado por lo que le sucedió aquel 4 de diciembre en las calles de Málaga.