MADRID.- La propuesta es tan simple como controvertida. "Nadie en una empresa va a cobrar más de diez veces lo que gane el trabajador peor pagado". Así la ha resumido el candidato de Izquierda Unida y de Unidad Popular, Alberto Garzón, que este miércoles ha presentado sus propuestas para reformar el Estatuto de los Trabajadores.

La medida no es nueva. El salario máximo ya se incluía en su programa electoral de 2011, pero ha sido mejor acotado. "El límite máximo tanto en la empresa pública como en la privada será una cantidad equivalente a diez veces las retribuciones totales que perciba la persona de salario más bajo por una jornada ordinaria o normal, según la legislación vigente o, en su caso, el convenio aplicado", dice el documento que ha defendido junto a la profesora de Derecho del Trabajo de la UPV Adoración Guamán, y al trabajador de Coca-Cola en Lucha Alberto Pérez Mayoral.

El objetivo de Garzón es atacar la "desigualdad extrema" que se ha instalado en España con la crisis económica y dos reformas laborales, la del PSOE en 2010 y la del PP en 2012, que han sido "punta de lanza de la precarización de la economía y del empobrecimiento de nuestras familias", ha afirmado el candidato. Por eso, a diferencia de la ambigüedad del PSOE, ha prometido derogar por completo ambas reformas y recuperar la indemnización por despido de 45 días por año de trabajo.
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Para justificar su apuesta por el salario máximo, Garzón ha recurrido a uno de los ejemplos más sangrantes y que ya ha criticado en varias ocasiones. "No tiene sentido en un país con estos niveles de desigualdad y pobreza que el exconsejero delegado de BBVA, Ángel, se haya jubilado con una pensión de 4.900 euros al día". Según Garzón, la medida tendría un impacto mínimo, ya que sólo afectaría a un 1% de los asalariados. "Es un forma de redistribuir la riqueza, de forma que si se quiere subir el sueldo a quien más cobra, será obligatorio hacerlo también con el que menos", ha añadido. "Exigimos al 1% más rico de este país que haga un esfuerzo para que podemos salir de la crisis con justicia social", ha resumido el diputado.

Prohibir EREs en empresas con beneficios

La propuesta también quiere "recuperar" el derecho a "no ser despedido sin causa justa". Para ellos apuesta por recuperar que sea necesaria la autorización de la Autoridad Laboral Competente para emprender un proceso de despido colectivo, una medida que desapareció con la reforma del PP y ha judicializado la mayoría de EREs. En ese sentido, pretende prohibir EREs en empresas públicas y también en empresas privadas con beneficios, justo el caso de Coca-Cola Iberin Partners. Precisamente, para evitar estas situaciones, el documento recoge la "limitación de futuros despidos colectivos por un espacio de dos años a empresas cuyos anteriores despidos hayan sido declarados nulos o improcedentes por sentencia firme".

Al mismo tiempo plantea recuperar el contrato indefinido "el pilar fundamental" del mercado de trabajo, eliminar contratos temporales vinculadas exclusivamente al fomento del empleo. En cuanto al empleo de los jóvenes, Garzón recoge propuestas de colectivos como la Oficina Precaria, y quiere controlar las becas "para asegurar su carácter exclusivamente formativo", al tiempo que prohibir las prácticas no remuneradas fuera del ámbito curricular educativo.

Igualar los permisos de paternidad a los de maternidad

La desigualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres es otra de las preocupaciones de IU, y quiere ir más allá de corregir la brecha salarial existente. El nuevo estatuto que defiende contempla el "derecho a cuidar". Propone dejar de hablar de "conciliación" para hacerlo de "corresponsabilidad". Así, plantea que los permisos por nacimiento o adopción sean "intransferibles y de igual duración": 18 semanas, incluyendo el actual periodo de lactancia, con los mismos periodos obligatorios (6 semanas) y con igual prestación económica (100%).

Estas medidas se combinan con otras viejas reivindicaciones de la izquierda, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, el aumento del salario mínimo ─que en esta ocasión, propone que sea progresivo para llegar a los  1.176 euros mensuales en 2019─ o el refuerzo de la Inspección de Trabajo.