La opacidad en la venta de armas tiene distintas capas, algunas de ellas indestructibles. Hasta ahora, las distintas solicitudes de información acerca de las exportaciones e importaciones de material militar a Israel, Arabia Saudí, Turquía u otros destinos sensibles suelen chocar con la Ley de Secretos Oficiales, utilizada como garantía contra cualquier intento de conocer los términos de tales negocios.

Sin embargo, la reforma de esa ley franquista anunciada por  el Gobierno no supondrá el fin del hermetismo en torno a las exportaciones de armamento español a países calientes. Debajo de esa capa hay otra menos conocida: la normativa sobre confidencialidad en materia de Defensa con distintos países.

Los acuerdos en torno a la información clasificada en el área militar son impulsados y rubricados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que juega en este ámbito un doble papel: por un lado, firma los  acuerdos que otorgan carácter reservado a los contratos en el ámbito armamentístico; por otro, participa en las decisiones de la Junta Interministerial que concede las licencias de exportación de armas. Las actas que se libran en esas reuniones también son secretas. 

Según ha podido verificar Público, el CNI tiene acuerdos de confidencialidad en materia de cooperación militar –lo que incluye el negocio armamentístico– con 55 países, entre los que figuran algunos regímenes involucrados en flagrantes violaciones a los derechos humanos. 

Israel, cuyo ejército ha provocado ya más de 41.000 víctimas en Gaza –la mayoría mujeres y niños– y ahora bombardea también distintas zonas de Líbano, es uno de esos ejemplos, pero no el único. Arabia Saudí, cuya dictadura absolutista es señalada como responsable de las atrocidades cometidas en los bombardeos contra civiles en Yemen desde marzo de 2015, alcanzó un acuerdo de confidencialidad con España en 2016.

El pacto con el régimen saudí alude a las contrataciones y subcontrataciones en el ámbito de Defensa, algo de especial impacto para la industria armamentística española: según datos oficiales, este país figura entre los principales exportadores de material militar a Riad.

Los negocios de las empresas españolas con Arabia Saudí se consolidaron al calor de los bombardeos contra Yemen y alcanzó cotas históricas precisamente en plenos ataques.

Con ese telón de fondo, el acuerdo entre el CNI y el régimen de Salmán bin Abdulaziz determinó la "necesidad de que las partes garanticen la protección de la información clasificada que se intercambie en el curso de la cooperación en el ámbito de la defensa, así como entre sus contratistas autorizados". 

El pacto con Arabia Saudí establecía que su duración inicial sería de cinco años y que se prorrogaría "por periodos consecutivos de un año" salvo que "una de las partes notifique a la otra por escrito y por conducto diplomático su intención de denunciarlo, al menos noventa días antes de la expiración del periodo correspondiente".

En agosto de 2022, cuando aún faltaban algunas semanas para que el acuerdo cumpliese cinco años, Público contactó con el Ministerio de Defensa para consultar si se permitiría su renovación automática o si se revisaría su contenido ante las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Arabia Saudí en Yemen.

Al igual que en otras ocasiones, el Ministerio de Defensa evitó dar una respuesta a este periódico. El 25 de agosto de 2022, el acuerdo se reanudó automáticamente por un año, algo que se repitió tanto en 2023 como en 2024. A día de hoy está plenamente vigente.  

Acuerdo con Emiratos

El CNI también otorgó garantías absolutas de confidencialidad a los acuerdos militares con Emiratos Árabes Unidos, aliado del régimen saudí en los bombardeos contra Yemen y refugio de Juan Carlos I tras su salida de España en agosto de 2020.   

El "acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos sobre protección mutua de información clasificada" se alcanzó en Abu-Dhabi el 3 de octubre de 2018, en plenos ataques contra la población yemení. 

Dos meses antes, expertos de Naciones Unidas habían advertido en un informe sobre la posible comisión de crímenes de guerra en el territorio de Yemen, y citaba entre los presuntos responsables de tales atrocidades al régimen de Emiratos. Pese a esa denuncia, el CNI decidió continuar adelante con el acuerdo de confidencialidad en materia militar con ese país.

El pacto, que hoy continúa vigente, establece que "todo contrato clasificado celebrado entre organismos habilitados" de España y Emiratos Árabes Unidos deberá contener "un listado de la información clasificada y su grado de clasificación" así como los "procedimientos para proteger los contenedores de la información clasificada y los requisitos para su manejo, almacenamiento y destrucción". 

Pactos vinculantes

Eduardo Melero, investigador sobre comercio de armas del Centro Delàs de Estudios por la Paz, señaló en un estudio publicado en 2021 que estos pactos son "jurídicamente vinculantes", por lo que ocupan un papel importante en el secretismo que rodea a las exportaciones de material militar.

No en vano, estos convenios forman parte de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027, donde se apunta precisamente que "estos acuerdos constituyen un instrumento jurídico esencial" dado que "favorecen el desarrollo de la industria española de defensa y los intercambios comerciales de España con otros países en este sector".