Interior promueve la disolución del partido cannábico Luz Verde por cuestiones formales

La Audiencia Nacional ha abierto un procedimiento abreviado para dirimir la extinción del partido cannábico estatal Luz Verde que solicita el Ministerio del Interior y apoya la fiscalía por no haber adaptado en plazo sus estatutos a lo que dispone la Ley de Partidos sobre su funcionamiento interno. Esta formación se constituyó el pasado mes de julio para defender la regulación integral del cannabis en España, uno de los pocos países de la UE que aún no ha acometido ningún procedimiento regulatorio sobre la utilización de esta planta. Su presidenta es la veterana activista Fernanda de la Figuera.

Según los documentos a los que ha tenido acceso Público, el proceso deriva de la resolución que la Subsecretaría General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio de Interior notificó el pasado 4 de octubre a los responsables de Luz Verde sobre la modificación de estatutos que esta organización aprobó en julio tras haber disuelto RCN-NOK (Representación Cannábica Navarra) para crear un partido de ámbito estatal. En esa resolución, Interior aprueba el cambio de denominación, pero comunica que hay una serie de requisitos legales que no se cumplen en la redacción de los estatutos de la formación y que deben ser subsanados para poder ser incluido en el Registro de Partidos Políticos.

El ministerio de Fernando Grande-Marlaska comunicó en su escrito que los estatutos de la nueva formación política debían adecuarse a lo dispuesto en la Ley de Partidos para el correcto funcionamiento interno de la organización, incluyendo, entre otros aspectos, la previsión de los plazos para la convocatoria de una asamblea general, las reglas de deliberación del comité ejecutivo, el procedimiento para la elección de sus miembros, la confección de listas electorales los requisitos de los candidatos y recursos.

Además, Interior informó a la dirección de Luz Verde que, dentro del régimen disciplinario de los afiliados, debía indicar la forma en la que se comunica la apertura de un expediente y establecer la "suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso judicial respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por delito relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión del partido de aquéllos que hayan sido condenados por alguno de estos delitos".

En su resolución, la Subsecretaría General de Política Interior y Procesos Electorales informa igualmente a Luz Verde que sus estatutos deben reflejar cómo se va a llevar a cabo el control democrático de los dirigentes elegidos, así como desarrollar el procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido.

Por último, Interior advierte en octubre a la formación política por la regulación del cannabis de que el plazo de seis meses para registrar correctamente sus estatutos sigue corriendo desde el primer escrito que le envió el 8 de marzo (cuando todavía se denominaba RCN-NOK), transcurrido el cual se procederá a la declaración judicial de extinción del partido.

A finales de noviembre, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional abrió un procedimiento abreviado contra Luz Verde en el que aparece como demandante el Ministerio del Interior a través de la abogacía del Estado, y en el que se incluye un informe de la fiscalía favorable

Una ley de 2015 de Rajoy contra los partidos inactivos

En su informe, el ministerio fiscal señala que el procedimiento especial de declaración judicial de extinción fue introducido por la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económica financiera de los partidos, aprobada bajo el gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, "como vía garantista de intervención judicial para la depuración y mejora del funcionamiento del Registro de Partidos Políticos que permita cancelar la inscripción registral" de organizaciones inactivas.

En el informe, firmado por el fiscal Manuel Campoy Miñarro, se recuerda que la Constitución encomienda a los partidos ser la "expresión del pluralismo político e instrumento fundamental para la participación política", "con la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos". Y luego añade que los estatutos son el "instrumento jurídico que permite conjugar el respeto a la capacidad organizativa y funcional con la exigencia de elementos esenciales que aseguren la aplicación de principios democráticos en su organización interna y funcionamiento".

La fiscalía defiende que la declaración judicial de extinción de Luz Verde cumple los requisitos exigidos legalmente en cuanto a plazos y procedimiento, y que "resulta una medida justificada", ya que "no consta que tenga actividad" la formación, concluye. A su entender, la medida resulta necesaria en una sociedad democrática para proteger el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya que la organización interna de los partidos "conforme a principios democráticos condiciona su funcionamiento y a través de ellos la formación de la voluntad del Estado".

El ministerio público entiende que la extinción del partido cannábico es, además, "adecuada" (equilibrio entre daños ocasionados y beneficios causados) puesto que se trata de una medida adoptada "en justo equilibrio de los intereses en juego, dado que la trascendencia de garantizar el correcto funcionamiento del Estado Democrático en su conjunto prevalece sobre la importancia de limitar la Libertad de Asociación de un partido político".

Sin embargo, el abogado de Luz Verde, Bernardo Soriano, sostiene que no es cierta la inactividad que argumenta la fiscalía para solicitar su extinción como partido, ya que se trata de una organización que ha tenido una gran actividad, como lo demuestra, a su entender, la labor destacada que tuvo en la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Navarra para aprobar una ley para regular las asociaciones de usuarios de cannabis y también en el impulso de una propuesta que se llevó al Senado el pasado septiembre con similares objetivos.

Soriano considera que por un defecto de forma como el que esgrime el Ministerio del Interior "no se puede vulnerar el derecho fundamental a la participación política", extinguiendo un partido. Su pretensión es poder hablar con el abogado del Estado encargado del caso para llegar a un acuerdo que paralice el proceso de extinción antes de que se celebre el juicio, mientras se adaptan los estatutos de Luz Verde a la ley, tal como solicitó Interior que se hiciera en octubre. "No tiene sentido alargar la agonía a unas personas que han actuado correctamente", apostilla el abogado.

Según el letrado, un caso similar ha ocurrido con otras formaciones políticas a las que la justicia ha dado finalmente la razón. En diciembre, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional decidió mantener abierto el procedimiento de extinción de Izquierda Castellana, también por no haber adecuado los estatutos a lo dispuesto en la Ley de Partidos de 2015, aunque en ese caso la Abogacía del Estado y la fiscalía solicitaron el archivo de la causa.

Luz Verde: “Nos parece una vergüenza”

La dirección de Luz Verde ha recibido como un mazazo el procedimiento judicial de extinción sólo unos meses después de haberse constituido como partido de ámbito estatal y tras una larga trayectoria como formación política en Navarra, donde en sus últimas elecciones autonómicas obtuvo 1.251 votos, más que los que recibió una conocida organización ecologista como Equo. "Nos parece una vergüenza, una parte más de la represión que está sufriendo el movimiento cannábico. Sentimos pena y tristeza", ha manifestado a Público Fermín Les, uno de sus responsables y anteriormente presidente de RCN-NOK.

Según Fermín Les, tuvieron problemas con alguna notaría para registrar los estatutos y no pudieron celebrar hasta julio la asamblea general para aprobarlos tal como les solicitaba Interior en el primer escrito que puso en marcha en marzo de 2021 el plazo de seis meses para adaptarlos a la Ley de Partidos. Luego, ya les llegó la notificación de octubre, advirtiéndoles de que corría el tiempo y aún había varios aspectos que debían modificar en la reglamentación de su funcionamiento interno.

El dirigente de Luz Verde relaciona el procedimiento judicial de extinción de su partido con su protagonismo en el impulso de la propuesta de ley que en septiembre presentó en el Senado el grupo de Izquierda Confederal para regular las asociaciones de usuarios de cannabis y su autocultivo, un proyecto que emanaba de la ley foral navarra aprobada en 2014 y que luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. RCN-NOK fue el partido que promovió la Iniciativa legislativa Popular (IPL) que dio pie a la ley foral. En el Senado la propuesta fue finalmente rechazada con los votos de PSOE, PP y Vox.

"Ya tengo experiencia y siempre que hacemos algo, pasa algo. El camino de RCN siempre ha sido tortuoso", afirma Fermín Les, quien no obstante confía en que "todo quede en agua de borrajas" y en que la Audiencia Nacional acabe fallando en su favor. "Hemos intentado solventar el tema de los estatutos, nos aceptan el cambio de nombre y luego deciden borrarnos. No tiene mucho sentido lo que han hecho. La democracia es asociarte, participar, no que no te dejen, que te hagan esto", se lamenta el dirigente de Luz Verde.

La dirección del partido cannábico tiene previsto mantener esta misma semana un encuentro con los grupos del Parlamento navarro para informarles de su situación judicial y legal, a fin de conseguir que apoyen su continuidad como formación política y rechacen el procedimiento de extinción presentado por Interior y respaldado por la fiscalía.

Luz Verde se constituyó el pasado mes de julio en una asamblea general en Pamplona con el objetivo fundamental de impulsar la legalización del cannabis en España y denunciar la persecución policial y judicial que está sufriendo el sector, con numerosas detenciones y juicios a dirigentes de asociaciones de usuarios y responsables de bancos de semillas y tiendas grow, entre ellos los destacados activistas cannábicos Albert Tió y Víctor Segués.

En su programa base, Luz Verde propone una regulación integral que abarque todo el espectro de la producción y uso de la marihuana, desde que se seleccionan y venden las semillas hasta el consumo por diferentes vías y con fines tanto medicinales como recreativos. Su objetivo era presentarse a las próximas elecciones generales y como presidenta fue elegida Fernanda de la Figuera, con 78 años la activista más veterana por la legalización del cannabis en España, que ha sido condenada a nueve meses de prisión por un cultivo para abastecer de marihuana con fines terapéuticos a una asociación de mujeres de Málaga.