La infanta, Urdangarin y 16 más

MADRID-. La Audiencia de Palma comienza este lunes la vista oral del juicio del caso Nóos, que pasará a la historia como el escándalo de corrupción que puso a la monarquía contra las cuerdas, entre presiones a la infanta para que renunciara a su título y que culminó con la abdicación de Juan Carlos I y la creación de cortafuegos por parte de Felipe VI contra su hermana, a la que retiró el título de duquesa de Palma.

El caso Nóos se centra en el desvío de 6 millones de euros de fondos públicos, autorizado por altos cargos públicos que se plegaron a los deseos y propuestas de un miembro de la familia real, Iñaki Urdangarin, y de su socio, Diego Torres, sin que hubiera concurso público alguno.

Ambos se llevaron elevadas comisiones con pretexto de organizar actos, congresos e investigaciones para fomentar el deporte y el turismo… Todo era “humo”, como así tildó la Fiscalía a esta trama tejida alrededor de una supuesta fundación sin ánimo de lucro (Nóos). Los recursos económicos públicos y privados fueron desviados a una trama de empresas cruzadas.

Se calcula que, en los sucesivos ‘pases de gorra’ entre las administraciones públicas de Baleares y Valencia, la trama desvió 2,6 millones de euros en beneficio propio. Entre ellas, a la sociedad matrimonial Aizoon que poseen al 50% Urdangarin y Cristina de Borbón y que recibió más de 1,2 millones de euros públicos desviados de Nóos.

La Audiencia de Palma debe dirimir primero si Cristina de Borbón continúa sentada en el banquillo o, por el contrario, la exonera de estos delitos y sólo la mantiene en la causa como responsable a título lucrativo del enriquecimiento ilícito de su marido (esto es, con responsabilidad civil pero no penal, tal y como pide la Fiscalía).

La infanta acude a Palma arropada por tres abogados, que esgrimirán en la primera sesión —centrada en las cuestiones previas— una doctrina jurídica para librar a la infanta del banquillo: la ‘doctrina Botín’, que debe su nombre al banquero Emilio Botín.

En el caso de que la exonere, el tribunal deberá decidir además si saca a la infanta del banquillo de forma inmediata o si la exculpa de responsabilidad penal cuando dicte sentencia, al finalizar el juicio. La Audiencia se ha dado un mes para resolver estos dilemas.

Si, por el contrario, el tribunal confirma la legitimidad de Manos Limpias para acusar a la infanta en solitario, ésta declarará la última de todos los acusados, una vez finalicen las declaraciones de los otros 17 procesados que empezarán a comparecer desde el 9 de febrero, comenzando por el ex director general de Deportes del Gobierno balear José Luis Ballester.

La infanta está acusada de colaboradora junto a su marido de dos delitos fiscales por importe total de 330.000 euros, cometidos en los años 2007 y 2008. Pero sólo le acusa Manos Limpias, que ejerce la acción popular. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado que defiende a Hacienda, piden penas contra ella.

Clases de salsa, safaris, remodelación del palacete de Pedralbes, contratación de caterings para celebrar el nacimiento de sus hijos, pago de empleados domésticos en negro, tarjetas de crédito… La infanta y su marido cargaron a esta sociedad matrimonial multitud de gastos personales, además de contratar a trabajadores ficticios.

La mala memoria de Cristina de Borbón le llevó a responder en más de 200 ocasiones al instructor del caso con un “no sé” o un “no lo recuerdo”, cuando fue interrogada en el año 2014. El juez José Castro concluyó que el matrimonio actuó con un “plus de codicia”, porque no se contentó con sólo extraer dinero de las arcas públicas, sino que defraudó a Hacienda.

Hay dos doctrinas en liza. Pero ninguna de las dos ‘cuadra’ con el caso de Cristina de Borbón, de tal manera que sólo una nueva doctrina podría librar a la infanta del banquillo. Y ahí está la Audiencia de Palma para dirimir el dilema, que se ha dado un mes de plazo para estudiarlo en profundidad.

La doctrina Botín, sentada por el Tribunal Supremo en 2007 para Emilio Botín, el presidente del Banco de Santander, establece que no se puede juzgar a alguien por un delito que no sea de interés público si sólo acusa la acusación popular.

El Tribunal Supremo matizó un año después su propio criterio con la doctrina Atutxa, que debe su nombre a Juan Mari Atutxa, entonces presidente del Parlamento Vasco quien se cobijaba bajo la doctrina Botín para eludir su condena por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. El Supremo dijo en 2008 que en un caso de desobediencia como aquel, donde se perjudicaba el interés general, sí que se podía abrir juicio oral aunque sólo actuara la acusación popular. Atutxa fue condenado.

En suma, se permite la acción popular cuando en el proceso existe acusación particular. Y cabe la excepción de una acusación popular en solitario en los delitos que afectan a bienes de titularidad pública "o de carácter metaindividual".

En el juicio de Nóos, existe una acusación particular aunque no acuse a Cristina de Borbón: la Hacienda Pública. Pero la Fiscalía sostendrá que no se pide pena alguna para la infanta, por lo cual Manos Limpias no tiene legitimidad para acusarla.

Adicionalmente, la Audiencia debe responder si los delitos fiscales afectan al interés público o es un asunto particular entre el matrimonio Urdangarin y la Agencia Tributaria.

El juicio contra Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin y 16 más se celebra por toda una retahíla de delitos relacionados con la corrupción pública: malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación y blanqueo.

El caso Nóos se investiga desde el año 2007 a partir del caso Palma Arena, abierto por la desviación de 50 millones de euros en la construcción de un estadio con este nombre en Baleares. Un año después, los aún duques de Palma se trasladaron a vivir a Estados Unidos por presiones de la casa real, pero Urdangarin continuó con sus negocios.

Las acusaciones piden entre 2 y 26 años de cárcel, según la participación en la trama de cada uno de los 18 acusados. Además de la infanta y Urdangarin, se sentarán en el banquillo su exsocio Diego Torres, su esposa, Ana María Tejeiro, los hermanos de esta, Marco Antonio —contable de Nóos— y Miguel Tejeiro, y el expresidente balear Jaume Matas, quien se ha ofrecido a colaborar con la Justicia y ha puesto su palacete a disposición del tribunal para hacer frente a las responsabilidades civiles de este caso.

También declaran como acusados el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal, seguido del exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet.

Posteriormente declararán como acusados el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, y la responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado.

A continuación está previsto que sean interrogados ante el tribunal el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia José Manuel Aguilar; el exsecretario de Turismo de la Comunitat Valenciana Luís Lobón; y la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.

Entre los últimos en declarar se encuentran los acusados para quienes solicitan mayores penas, comenzando por la esposa de Torres y responsable de Personal de las empresas del 'entramado Nóos ', Ana María Tejeiro; seguida de su marido y de Iñaki Urdangarin.

Después de los catorce acusados anteriores será el turno de los cuatro cuyas defensas reclaman su exoneración en aplicación de la 'doctrina Botín' en caso de que el tribunal no atienda sus argumentos.

Estos son otro cuñado de Torres y secretario del Instituto Nóos , Miguel Tejeiro; el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el asesor fiscal Salvador Trinxet y, en último lugar, concluirá el turno de los acusados Cristina de Borbón.

La prueba testifical y pericial se desarrollará desde el 8 de marzo al 7 de junio. Se ha ampliado el plazo inicialmente comunicado para testigos y peritos, que era hasta el 31 de mayo, fijándolo ahora en el 7 de junio.

Entre los 363 testigos citados, el ex ministro de Economía Rodrigo Rato declarará el 11 de marzo, el mismo día que el exjefe de la casa real Alberto Aza. Otro ex jefe de la casa real, Fernando Almansa, citado por la defensa de Urdangarin, declarará el 13 de mayo, cuando también está inicialmente citado el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.

El que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga declarará ante el tribunal el 20 de abril, y el exasesor jurídico de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, el 22 de abril.

El día 15 de abril comparecerá como testigo el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps; la ex alcaldesa Rita Barberá lo hará el 12 de abril; el exconseller de Economía Gerardo Camps el 8 de abril; y el ex conseller Esteban González Pons el 14 de abril. La exconsellera de Salud de la Generalitat de Catalunya Marina Geli declarará como testigo el 4 de mayo.

Además, tres miembros del Govern balear que presidió Matas están citados el 8 de marzo: la exvicepresidenta Rosa Estarás, el exconseller de Turismo Joan Flaquer y la exconsellera de Presidencia y Deportes Rosa Puig.

Desde el 18 de mayo y hasta el 7 de junio tendrán lugar las pruebas periciales. Posteriormente, y hasta el 30 de junio, están previstas la prueba documental, conclusiones e informes de las partes y el trámite de última palabra de los acusados, si quieren declarar.