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El independentismo llega a la investidura de Salvador Illa desmovilizado, con reproches y más atomizado que nunca

El acuerdo de ERC con el PSC ha vuelto al movimiento a los ataques mutuos. El independentismo ha virado institucionalmente a la derecha y cuenta con el menor número de votos y diputados de la última década.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i) y el secretario general de Junts, Jordi Turull (d), se saludan tras quedar aprobada la Ley de Amnistía, en el Congreso de los Diputados, a 30 de mayo de 2024.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i) y el secretario general de Junts, Jordi Turull (d), se saludan tras quedar aprobada la Ley de Amnistía, en el Congreso de los Diputados, a 30 de mayo de 2024. Eduardo Parra / Europa Press

La celebración de la aprobación de la amnistía, el pacto para constituir la Mesa del nuevo Parlament o el recibimiento a los exiliados de Suiza por el caso Tsunami Democràtic son tres postales que parecían mostrar como el independentismo -o, cuando menos, una parte significativa del movimiento- había reconstruido puentes. La decisión de ERC de investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha desvanecido el espejismo y la tensión ha vuelto a aumentar unos cuántos voltios en el espacio que ha marcado la política catalana en la última década.

Especialmente Junts y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han criticado con mucha dureza a los republicanos por su acuerdo con el PSC, unos reproches a los cuales también se han sumado la CUP y, aunque de manera más matizada, Òmnium Cultural. A la vez, el "sí" a Illa no deja de mostrar como Esquerra ha optado para actuar como un partido políticamente autónomo y asumir que, definitivamente, la etapa del procés queda atrás, como habían constatado los resultados de las elecciones en el Parlament del 12 de mayo.

Sea como fuere, el conjunto del independentismo llega desmovilizado, tensionado, con reproches y más dividido que nunca al debate de investidura que tendría que culminar el retorno del PSC a la presidencia de la Generalitat después de 14 años. El pleno se convocará para el jueves, pero se puede aplazar en función de lo que suceda con Puigdemont y su probable detención.

Este mismo lunes, la ejecutiva de ERC reclamó a Carles Puigdemont una rectificación y una disculpa por la carta que el expresidente publicó sábado al entender que vinculaba su detención si vuelve a Catalunya al "sí" a la investidura de Illa. A pesar de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado que Puigdemont dijera esto y haya evitado disculparse, la tensión entre las dos formaciones ha vuelto a elevarse significativamente. Directamente Turull ha acusado ERC de tener "problemas de comprensión lectora".

En el trasfondo de los dardos cruzados no se puede ignorar que el "sí" de los republicanos al acuerdo con el PSC ha hecho saltar por los aires la estrategia política de los junteros, que a corto plazo pasaba por una repetición electoral. Lo admitía el propio Puigdemont el sábado, puesto que en su misiva comentó que "antes de dar los votos para un gobierno del PSC en Catalunya había que explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones". Para él, el del PSC será un ejecutivo de "carácter españolista".

En su réplica, la ejecutiva de ERC añadía que es "obvio" que Junts per Catalunya y "el entorno político de Puigdemont" consideran que la decisión de sus bases es "perjudicial para sus intereses electorales". Así mismo, pedía a las organizaciones y entidades cívicas que "respeten a la militancia y el proceso democráticamente impecable", en una clara referencia a la ANC.

Tras el "sí" al acuerdo con el PSC, la entidad manifestó que la "deriva" de los republicanos "debilita gravemente al movimiento independentista" y concluía que "la historia juzgará" a los dirigentes de la formación. Y, posteriormente, apoyó a la movilización contra el acuerdo que los CDR habían convocado para el lunes, si bien finalmente cambiaría de opinión y los mismos CDR retiraron la manifestación.

La realidad es que si la anterior dirección de la ANC se caracterizó por un discurso marcadamente antipartidos e intentó impulsar sin éxito una candidatura en el Parlament -la llamada lista cívica-, la actual ejecutiva presidida por Lluís Llach hace bandera de los ataques a ERC y, muy a menudo, se alinea con las tesis de Puigdemont y Junts. También la CUP y Òmnium -para quien la investidura de Illa no era la "su opción- han lamentado el "sí" al PSC.

La eterna pugna electoral

Consciente que conseguir la investidura de Puigdemont era imposible -el PSC había manifestado que en ningún caso se abstendría para permitirla-, la única carta de la formación pasaba por presionar a ERC para torpedear un acuerdo con los socialistas que derivara en una repetición electoral. Unos nuevos comicios donde, incluso, soñaba con una candidatura unitaria, emulando la experiencia de Junts pel Sí, una opción que los republicanos ni siquiera contemplaron.

Una vez este escenario se ha hecho imposible, Junts pretende acentuar el desgaste de ERC, con la aspiración de captar a parte de su electorado. Así, el partido se ha proclamado como la "fuerza referente del independentismo" y asegura que buscará la "transversalidad y la centralidad" para que el movimiento "vuelva a estar en condiciones de gobernar Catalunya tan pronto como sea posible". A pesar de que en los comicios en el Parlament del 12M Juntos aguantó el tipo, en las europeas del mes siguiente perdió más de medio millón de votos con relación a las anteriores elecciones comunitarias, de forma que también sufre un desgaste significativo.

ERC, a su vez, pretende dedicar los próximos meses a recoser el partido y a redefinir una nueva estrategia en el congreso nacional del 30 de noviembre, tras el pésimo último ciclo electoral que ha vivido, con pérdidas de centenares de miles de votos en cada uno de los comicios. A la vez, busca culminar los acuerdos cerrados con los socialistas -especialmente el de la financiación- para recuperar apoyos, en un contexto en que el buena parte de la ciudadanía ya ha asumido que el momento político está muy alejado del 2017 y los momentos más intensos del procés. Un cambio en la financiación que, si se acaba confirmando, irá más lejos de lo que pactó Junts con el PSOE a cambio de votar "sí" a la última investidura de Pedro Sánchez.

Espejismo de unidad

Hasta la culminación del acuerdo entre republicanos y socialistas, el independentismo había conseguido vivir unos meses de cierta calma, en el que se habían rehecho algunos de los puentes rotos los últimos años. Seguramente el momento culminante de esto fue la constitución del Parlament, el pasado 10 de junio, en el que un acuerdo de última hora entre Junts, ERC y la CUP permitió otorgar la presidencia de la Mesa a Josep Rull y garantizar la mayoría independentista -cuatro a tres- al órgano rector de la cámara.

Paralelamente, gran parte del soberanismo -con la excepción de la ANC- celebró conjuntamente en mayo la aprobación definitiva de la Ley de amnistía, con el argumento que había sido una "conquista colectiva", y hace pocas semanas también se reunió para recibir en su retorno a Catalunya a los encausados del caso Tsunami, después de que se archivara la causa. Además, se habían celebrado reuniones -algunas justamente en Ginebra- para trazar una mínima estrategia compartida, que a buen seguro no tendrán continuidad a corto plazo con la inminente constitución del nuevo Govern.

No se puede obviar que los últimos años la división entre Junts y ERC ha sido constante, con una repetida secuencia de desacuerdos que culminaron en octubre de 2022, cuando las bases del primer partido aprobaron la salida del Govern de Aragonès.

Fuerte retroceso en las urnas

Todos estos movimientos habían llegado después de que las dos citas con las urnas de este 2024 -autonómicas de mayo y europeas de junio- constataran una desmovilización independentista que se tradujo en una notable pérdida de apoyo y en una mayor atomización del movimiento, que ha virado de manera significativa hacia la derecha. Los comicios en el Parlament del 12M supusieron que el independentismo perdiera por primera vez la mayoría absoluta en escaños en la cámara desde el inicio del procés, en 2012.

Además, con una suma global de apenas 1,36 millones de votos, la pérdida absoluta de sufragios se elevaba a 720.000 con relación al techo de 2,08 logrados en 21 de diciembre de 2017. La caída fue menor -de 81.000 votos- si la comparación se hacía con las elecciones al Parlament de 2021, pero en aquella ocasión la cita estuvo marcada por la pandemia y por una participación claramente inferior. Durante el 2023, el independentismo ya se había dejado el 40% de los sufragios en la generales -pasó de 1,65 millones de votos a 986.000- y 300.000 papeletas en las municipales -se quedó en 1,26 millones-.

Paralelamente, el movimiento ha girado claramente a la derecha. En el Parlament, mientras ERC perdió cerca del 30% de los votos recibidos en 2021 -178.000- y la CUP un tercio -62.000-, Junts ganó 105.000 y la extrema derecha de Aliança Catalana, 118.302, unos resultados que le permitieron estrenarse en la cámara con dos parlamentarios. No se puede menospreciar que Junts se ha acercado al discurso de la extrema derecha en cuestiones de seguridad o inmigración, mientras que en fiscalidad ha adoptado las recetas clásicas de la derecha liberal o neoliberal, pidiendo la rebaja de los impuestos a las rentas altas. A la vez, la pérdida de votos de ERC y la CUP se explica tanto por el paso a la abstención de sus antiguos votantes como por optar por el PSC en esta ocasión, en el caso de decenas de miles antiguos votantes republicanos.

El retroceso se acentuó en las europeas del 9 de junio, cuando entre Junts y ERC apenas reunieron 780.000 sufragios, menos de la mitad de los obtenidos el 2019. Por todo ello, la investidura de Illa se producirá en el momento en que el independentismo cuenta con menos diputados en el Parlament y menos apoyo electoral desde la irrupción del procés y también cuando se encuentra dividido en más opciones en la cámara -cuatro partidos y por primera vez uno de extrema derecha-. La no consecución de su objetivo final, que es un Estado propio para Catalunya, explica también que parte del movimiento haya optado por engordar la abstención.

A pesar de que haya elementos que tendrían que requerir una estrategia compartida, como por ejemplo la salida de Catalunya del régimen común de financiación -que necesita de los votos de Junts en el Congreso- o la aplicación completa de la amnistía al conjunto de represaliados -empezando por Carles Puigdemont-, ahora mismo este horizonte parece del todo improbable y es más que probable que encaremos meses de reproches y pugna partidista. Por otro lado, un hecho comprensible si entendemos que la etapa del procés ahora sí que se ha acabado.

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