La lucha incansable del movimiento antifranquista, que busca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, llega a Bruselas este miércoles, día 22. Allí, diversas organizaciones memorialistas expondrán la problemática enquistada en España respecto a la dictadura, su represión y la continuidad que se dio en los primeros años de la Transición.

El Parlamento Europeo será testigo de cómo el Estado español se niega a desclasificar documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F, con diversas actuaciones policiales que se saldaron con muertes de activistas y trabajadores y con toda aquella información relacionada con los GAL.

Sabino Cuadra es uno de los integrantes del colectivo San Fermines 78 que se desplazará a la capital belga. El nombre de su organización lo dice todo: aquel año, la Policía Armada irrumpió en la plaza de toros de Pamplona para reprimir a aquellas personas que portaban una pancarta a favor de la amnistía política. La actuación policial terminó con más de 150 heridos, once de ellos con heridas de bala.

En aquel momento, Rodolfo Martín Villa ocupaba la cartera del ministerio del Interior y dijo que en tan solo seis horas se habían producido 130 disparos de bala. Germán Rodríguez, uno de los allí presentes, murió de un tiro en la cabeza.

"Queremos ir al Parlamento para hacer ver la importancia de que prospere la querella argentina. Todas las organizaciones formamos parte de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina (CeAqua), donde ya se agrupan casi un millar de denuncias individuales y colectivas, y esperamos que Europa vea las distintas vulneraciones graves de Derechos Humanos que se han cometido en España durante el franquismo y la Transición", dice Cuadra. 

El integrante de San Fermines 78 se refiere a asesinatos, desapariciones forzadas, robo de bebés, exilio, expolio patrimonial, trabajo esclavo y torturas. Toda una ristra de realidades que aún permanecen en la memoria colectiva de gran parte de la sociedad democrática española pero que en ninguno de los casos ha sido juzgada en los tribunales del país.

La impunidad, el denominador común

La visita de estas organizaciones, procedentes de territorios como Euskal Herria, Galiza, Andalucía, Asturies, Catalunya, Madrid y País Valencià, se centrarán en varios temas centrales que tendrán un solo denominador común: la impunidad.

Según el portavoz de San Fermines 78, "este régimen de impunidad se mantiene hasta hoy, que sigue vigente, incluso en el proyecto de ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno". Así pues, se enfrentan a un gran "vicio de origen" en lo que a reparación se refiere, pues poco se puede reparar si no existen siquiera culpables.

Uno de los grandes pivotes en los que gira el movimiento memorialista a nivel mundial es la búsqueda de verdad, "que hoy en día es una verdad parcial e interesada", apuntilla Cuadra. Así argumenta su posición: "La Ley de Secretos Oficiales del Estado español es de 1968, firmada por Franco, y continúa sirviendo de parapeto para todos aquellos temas relacionados con los crímenes de Estado que se cometieron durante este tiempo. La voluntad del Gobierno es que sigan ocultos".

La justicia es su segundo gran pilar: "Aquí el tema, por desgracia, es bastante más claro. Existe una cerrazón absoluta por parte de las instituciones estatales para no hacer justicia. La judicatura, apoyada e impulsada por el Gobierno, no permite que ninguna denuncia o querella que reclame responsabilidades por los crímenes del franquismo pase las puertas de los palacios de justicia. Es que ni siquiera las investigan", aduce el portavoz del colectivo pamplonica.

De hecho, ninguna de las aproximadamente unas 70 querellas presentadas en todo el país por individualidades y agrupaciones no han sido aceptadas a trámite. "Dicen que en estos casos no se aplica la justicia universal y que hay que tener en cuenta la ley de Amnistía de 1977 y lo estipulado en cuanto a prescripción en el Código Penal", relata Cuadra.

De esta forma, el movimiento memorialista considera que parten de una verdad interesada y una negación de la justicia. "¿Qué queda entonces para la reparación?", se pregunta el propio portavoz que se responde a sí mismo: "Las reparaciones que hacen son algo autocomplaciente, mediáticas, que no entra al fondo de los problemas y que partan de algo que hasta la fecha no se ha dicho, y es que el Estado reconozca la responsabilidad de estos crímenes".

En este sentido, el propio proyecto de ley de Memoria Democrática niega cualquier tipo de contraprestación económica para las víctimas y sus familiares.

Martín Villa, una ficha clave

Desde CeAqua saben de la importancia del procesamiento a Martín Villa. La jueza Servini ya le imputó, aunque finalmente este movimiento quedó anulado hasta que la magistrada aportara más prueba para la acusación. "Que se siente en el banquillo de los acusados es clave para abrir una puerta por la que también pasarían exministros, policías, jueces y hasta médicos", aduce Cuadra.

Lucía Aragó será otra de las participantes en el viaje a Bruselas. Ella fue torturada y encarcelada en septiembre de 1975 en el País Valenciano. Su organización, Acción ciudadana contra la impunidad del franquismo, también forma parte de CeAqua, y su querella es una de las cientos que se dirimen en los tribunales argentinos.

"Todas estas querellas que no nos han admitido a trámite en España representan situaciones de tortura, desapariciones forzadas, no solo a nivel individual de quien las pone, sino a las centenares de miles de personas que las sufrieron durante la dictadura y la transición", expresa.

Esta activista también es consciente de lo que supondría que Martín Villa testificara como imputado: "Estamos hablando de una persona aún con vida y que tuvo grandes responsabilidades en momentos inmediatos tras las muerte de Franco. San Fermines 78, pero también Vitoria 76 o la llamada semana negra de Madrid, son circunstancias en las que demócratas perdieron la vida defendiendo la libertad. En el auto de la jueza argentina, al menos, ya le responsabiliza de cinco asesinatos", desarrolla Aragó.

El viaje al Parlamento Europeo, además de reuniones y encuentros, cuenta con un espacio de tiempo dedicado a la comisión de peticiones. "En 2018 presentamos desde el País Valenciano un pliego de peticiones en el que reclamábamos atención a las 2.337 víctimas que seguían en el cementerio de Paterna. Cada vez que abríamos una fosa se encontraban cadáveres con signos de violencia, pero en ninguno de los casos han querido judicializar estos hallazgos", relata la antifranquista. 

El problema ha sido la nula respuesta que han recibido desde dicha comisión, al igual que les ha sucedido a otras organizaciones memorialistas. Cuadra, por su parte, añade que también visitarán la casa de la Historia de Europa: "Curiosamente faltan los paneles que tendrían que estar dedicados al franquismo. Sin ellos, la dictadura que asoló España durante buena parte del siglo XX no existe para Europa", concluye.