El Gobierno andaluz aplicará la Ley de Memoria Democrática aprobada hace ya más de un año si la hermandad de la Macarena no retira de forma voluntaria la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en la Basílica de la Macarena, de la vista pública. Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta, expresó así la posición del Ejecutivo de Susana Díaz al respecto: “Por una vía o por otra, el Gobierno de la Junta lo que quiere es que un genocida como Queipo de Llano, en el bien de todos, esté retirado de los símbolos expuestos al público”.

La hermandad sacó un comunicado esta semana en el que se comprometía a cumplir “con la legalidad vigente”, recalcaba que no había tomado una decisión al respecto de los restos de Queipo y abría la puerta a la construcción de un columbario, para el que no existe aún ubicación, que podría “siempre en condicional” ser “una posible vía de solución” al conflicto, que existe desde hace años, y que ahora ha resurgido después del anuncio del presidente Pedro Sánchez de que su Gobierno prepara la salida de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esto, el traslado al columbario, solo se haría de acuerdo con la familia de Queipo, pero el proceso ni “tiene plazos” ni “está iniciado” ni depende “en exclusiva de la voluntad de la hermandad”, afirman en el comunicado.

Si la hermandad se decidiese a ejecutar esta idea, la de esconder al general golpista en un lugar de la basílica cerrado al público, el Gobierno andaluz lo aceptaría y quedaría así, para la administración, zanjado el conflicto. “Si efectivamente la hermandad decide trasladar esos restos a un columbario sería una medida acertada”, dijo Jiménez Barrios, según recoge Europa Press, que la Junta “saludaría”, porque ·el entendimiento, el acuerdo y el consenso siempre será mejor que tener que aplicar el rigor de la ley”. Jiménez Barrios añadió que el Gobierno andaluz no dudará, si la Hermandad no se mueve, en aplicar la norma: “Entendemos que Queipo de Llano debe salir de lugares públicos”.

El vicepresidente interpreta así que el artículo 32 de la ley, que fue aprobada sin votos en contra (contó con los apoyos de PSOE, Podemos e IU y la abstención de Ciudadanos y PP) en el Parlamento andaluz, obliga a la Macarena a retirar la tumba de Queipo. Dice así el 32.4: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, [lo que sería la basílica de la Macarena] las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Previamente, la norma describe como un elemento contrario a la Memoria Democrática y a la dignidad de las víctimas “la exhibición […] de menciones […] adosadas a edificios públicos […] realizadas en conmemoración […] del golpe militar de 1936 y […] de sus dirigentes”. La tumba de Queipo entraría así de lleno en esta categoría, según la interpretación que hoy defiende el vicepresidente.

En realidad, la hermandad ha incumplido ya la ley de memoria, que en su disposición adicional segunda, dice lo siguiente: “En el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 32. En caso contrario, la Consejería competente en materia de memoria democrática incoará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos elementos”.

Ha pasado, por tanto, ya más de un año desde su entrada en vigor, el 4 de abril de 2017, y la tumba de Queipo sigue allí. La ley de memoria prevé para estos casos de rebeldía, en el mismo artículo 32.6 y siguientes, que, “mediante Orden [del vicepresidente] se constituya un comité técnico que elabore una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados. La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la Administración de la Junta de Andalucía podrá realizar la retirada subsidiariamente”. Es decir, que el Gobierno andaluz puede sacar a Queipo de allí, aunque la hermandad se resista, si así lo decide un comité técnico.

Evitar el precedente de Sanjurjo

Para hacer las cosas bien y con seriedad, con todo el aparato y el respaldo jurídico que sea necesario y evitar que suceda lo que ya le pasó al Ayuntamiento de Pamplona en el caso del general Sanjurjo, al que un magistrado ordenó devolver a su tumba después que sus restos hubieran sido exhumados y enviados a Melilla, la Junta ha decidido tramitar un decreto, norma de rango superior a la Orden, que acaba de concluir su periodo de alegaciones y audiencia pública, y que les “servirá de base legal para abordar los procesos de retirada de símbolos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática”.

En ese decreto, se recoge la composición del comité que decidirá sobre los restos de Queipo. Lo presidirá Javier Giráldez, como director general de Memoria Democrática y estarán en él, además, tres historiadores, expertos en memoria democrática, vinculados a universidades andaluzas; un técnico en patrimonio histórico, y un funcionario, que ejercerá de secretario. Su composición deberá tener “equilibrio” entre sexos.

“Una vez constituido, este órgano de expertos se encargará de estudiar, junto a otros elementos o vestigios que no hayan sido retirados voluntariamente por parte de sus titulares, la correspondiente documentación relativa a los restos de Queipo de Llano, depositados en una tumba en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Dicho comité deberá emitir, en el plazo de un mes, un informe preceptivo, que será vinculante, determinando en su caso su retirada o eliminación si correspondiera”, indica el Gobierno andaluz.

Esta manera de hacer las cosas no ha gustado a IU y, por ello, su coordinador general, Antonio Maíllo, arremetió contra la presidenta, Susana Díaz: “Se ha visto empujada por una sociedad civil que se escandaliza ante hechos como el incumplimiento de la ley en lugares públicos como que los restos de un criminal de guerra como Queipo de Llano se encuentren aún en la Basílica de la Macarena. (A Díaz) no se le ocurre otra cosa que intentar envolver bajo un informe técnico que no sabe cómo actuar”. Maíllo ironizó sobre la necesidad de un informe técnico para determinar que “Queipo de Llano fue uno de los generales facciosos que se levantaron contra el gobierno de la República y que ordenaron la matanza de miles de andaluces y andaluzas” y reclamó “la retirada inmediata de sus restos de este espacio público, ya que el que continúen allí”, para Maíllo, “es una vergüenza para la iglesia andaluza y una vergüenza para Andalucía”.

La ley prevé multas para quien incumpla sus disposiciones. Si la hermandad persiste en no hacer nada y el comité de expertos decide que Queipo debe ser retirado, el Gobierno andaluz podría multar a la Macarena con 10.000 euros, y si reincide en su negativa, la multa podría subir hasta los 150.000 euros. De momento, sin embargo, como indicó el vicepresidente, se prefiere la vía del entendimiento.

Criminal de guerra, genocida

El general Queipo de Llano (Tordesillas, 5 de febrero de 1875, Sevilla, 9 de marzo de 1951) se hizo con el control de Sevilla en los primeros momentos del golpe de estado del 18 de julio de 1936 que acabó con la II República e inició un régimen de terror, de máxima violencia, que buscaba exterminar cualquier atisbo de oposición a la rebelión, y que se saldó con la ejecución de, al menos, más de 12.000 personas solo en la provincia de Sevilla, según han documentado diversos historiadores. A Queipo se le aplican en los libros académicos calificativos como criminal de guerra, genocida…

“El cadáver del glorioso general Queipo de Llano recibió sepultura en el templo de La Esperanza”. Con ese titular abría La Vanguardia la página 5 de su edición del 11 de marzo de 1951. “La presencia del cadáver del general alcanzaba límites de insospechada emoción cuando el hijo del finado, don Gonzalo, echaba la primera paletada de tierra sobre el cuerpo del que había sido marido amoroso y padre ejemplar. Y entre el grupo de los íntimos de don Gonzalo, se destacaba con el rostro inundado por las lágrimas, aquel fiel enfermero, don José Pinilla que, sin duda, recordaba una frase del general dirigida a él, y que resumía la dolorosa realidad de este momento: «Pepe: Yo ya no soy castellano; yo ya soy sevillano y quiero ir a morirme a mi Sevilla y que me entierren en la Macarena…” Y con estas palabras, cerraba la crónica, firmada por A. De los Santos.

En octubre de 2009, la hermandad eliminó de la tumba la referencia “excelentísimo teniente general” y la fecha del golpe de Estado “18 de julio de 1936”. Así, desde entonces, la lápida dice lo siguiente: “Aquí reposa en la paz del señor. Hermano mayor honorífico. D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 de febrero de 1875. 9 de marzo de 1951”. El hermano mayor de entonces Juan Ruiz Cárdenas dijo a Diario de Sevilla en aquel momento que con el gesto pretendían “limar asperezas y explicar que Queipo está aquí enterrado por su condición de macareno y nada más”.

“Siempre he dicho, y lo he repetido en todos lados, que Queipo está aquí enterrado como macareno, no como militar ni nada de eso. Aquí lo pusieron los hermanos antiguos y nosotros no somos nadie para quitarlo. Somos administradores simplemente. Además, fue quien hizo la basílica. Yo ya no puedo hacer otra cosa”. Queipo fue en vida el promotor de la construcción de la basílica, pues realizó numerosas gestiones para recaudar fondos con los que pagar la edificación.