Ley igualdad LGTBILa igualdad se atasca en el Congreso

Burocracia, mucha carga de trabajo, complejidad y dificultad para llegar a consensos. Esas son los principales motivos del atasco que sufren aquellas normas que, desde diferentes prismas, quieren lograr avances en materia de igualdad. La ley de igualdad LGTBI y la de igualdad de trato y no discriminación son dos ejemplos de normas cuya tramitación avanza con dificultad en el Congreso.

Cada una de estas iniciativas tiene su propio historial de tramitación, y desde la Comisión de Igualdad se insiste en la "enorme trascendencia" de sacar adelante las leyes, pero también se constata que los trabajos no avanzan todo lo rápido que los grupos desearían.

Más allá de las diferencias y posicionamientos de cada partido en cada una de las normas, existe una coincidencia prácticamente unánime entre los grupos: la Comisión de Igualdad tiene en la actualidad una importante carga de trabajo. Los miembros del órgano lidian en la actualidad con la tramitación simultánea de la ponencia de tres leyes: la ley de igualdad LGTBI, la ley de igualdad de trato y no discriminación y el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La de Igualdad ha sido la única comisión de la Cámara que ha desarrollado trabajos de ponencia durante esta semana, y la agenda institucional del Congreso no recoge este tipo de actividad en ninguna otra comisión. Pero a pesar de que el órgano está funcionando a pleno rendimiento incluso en un mes inhábil para el Parlamento, las normas no avanzan al ritmo deseado, aunque cada ley tiene sus propios tiempos.

En el caso de la ley que materializa las medidas consideradas más urgentes del Pacto de Estado contra la violencia de género, la mayoría de los grupos aseguran que se está trabajando a un ritmo que entra "dentro de la normalidad"; sin embargo, esto no sucede con otras normas.

La de igualdad LGTBI es una ley cuyo ralentizado avance se debe a factores que van más allá de la carga de trabajo que tiene la Comisión de Igualdad. El Congreso la admitió a trámite en septiembre de 2017, pero el debate de totalidad no se celebró hasta cinco meses después, en febrero de 2018, debido a la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas solicitada por algunos grupos. En ella se recogen, entre otras medidas, la despatologización de la transexualidad o el derecho de todas las mujeres a acceder a técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos.

Desde Unidos Podemos, grupo que registró la iniciativa, aseguran que la ley LGTBI ya podría estar aprobada y denuncian el bloqueo que sufrió durante la fase de presentación de enmiendas. No obstante, los grupos coinciden en que el lento avance de esta norma se debe, además de al bloqueo, a su complejidad y a la dificultad para llegar a consensos. El objetivo de los grupos es finalizar la redacción del texto en febrero y llevarlo al Pleno en marzo.

La importancia del consenso

"Son leyes muy complejas que tocan muchísimas otras normas: leyes orgánicas, ordinarias, el Código Civil, el Código Penal, Educación... son leyes con muchísimo calado", aseguran fuentes de la comisión. La mayoría de los grupos defienden la necesidad de llegar a consensos estables para que los avances en materia de igualdad que se logren en el Parlamento no dependan del color del Gobierno en un futuro.

"Intentamos trabajar desde el consenso justamente para que todos los partidos las sintamos propias y las respetemos", afirman estas mismas fuentes, que precisan que cumplir con ese objetivo puede ralentizar su tramitación. Desde el órgano insisten en que, más allá del bloqueo que, por ejemplo, sufrió la ley de igualdad LGTBI, "hay muchísimo trabajo que se está intentando hacer de la forma más correcta y consensuada posible".

La ley de igualdad de trato y no discriminación fue registrada por el PSOE y contempla, entre otras cuestiones, la creación de una figura independiente que pueda investigar de oficio situaciones de discriminación. Aunque fue admitida en el Pleno de la Cámara por unanimidad, desde el PP y Ciudadanos se rechaza la creación de esta figura, y se aduce que hay instituciones ya existentes, como la del Defensor del Pueblo, que pueden asumir esta tarea.