El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha abierto la puerta por primera vez a la opción de permanecer más de 12 años en su cargo. Hoy por hoy, el Documento Ético del partido morado establece una limitación de ocho años para todos los cargos públicos y orgánicos, excepcionalmente ampliable a 12.

Sin embargo, en el Documento Ético asociado a su candidatura para revalidar la Secretaría General y el Consejo Ciudadano Estatal -Un Podemos Contigo-, Iglesias se abre a que puedan darse mandatos de más de 12 años, si así lo acepta la militancia en consulta.

"La limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años. Más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas", reza el texto, publicado este domingo en la web del partido. 

De cara a la tercera Asamblea Ciudadana Estatal (Vistalegre III), el proceso congresual que culminará el 21 de marzo, y como ocurrió en los anteriores congresos, las candidaturas a la Secretaría General y el Consejo Ciudadano Estatal van asociadas a cuatro documentos propositivos: Político, Organizativo, Ético y de Feminismos. 

Así, el Documento Ético del equipo de Iglesias también plantea dejar de usar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para acotar los sueldos de los cargos públicos y orgánicos del partido. 

Lo justifica en base a su incremento "desde la llegada de Podemos a las instituciones", y "ante la perspectiva de que este continúe aumentando": "Deja de ser un marco de referencia válido". Primero tras lograr un acuerdo con el Gobierno, y después tras su entrada en el Ejecutivo, Podemos ha colaborado en conseguir dos subidas del SMI.

Así, de aprobarse estos documentos, quedaría derogada la limitación de tres SMI -más excepciones, por ejemplo por tener hijos a cargo-, para establecer una limitación salarial "con carácter general para cada nivel derepresentación". Siempre "asumiendo la obligación de rendir cuentas públicamente", y con la aceptación "del compromiso de total transparencia en lo relativo a sus ingresos".

El mismo documento impone la obligación de renunciar "a cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia —derivada del ejercicio de sus funciones públicas— a los consejos de administración de algún ente u organismo público".