El horario y la conciliación, una batalla que el Congreso resolvió 11 años antes de la disputa entre Díaz y Ayuso

La batalla por el tiempo no es novedosa. En España lleva años librándose entre aquellos que apuestan por una racionalización de los horarios y una reducción de las jornadas que permitan una mayor conciliación a la vez que un aumento real de la productividad, y los que persisten en continuar con el modelo actual, basado en muchas ocasiones (sobre todo en determinados sectores) en las necesidades laborales y económicas exclusivas de la empresa.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado en los últimos días el penúltimo capítulo de esta batalla por el tiempo. La líder de Sumar abogó durante una reunión de su grupo en el Congreso por repensar las jornadas de los trabajadores de la hostelería (y de otros sectores) y, sobre todo, por revisar el cumplimiento de las normas laborales que regulan los derechos de estas personas.

La dirigente del Partido Popular respondió a estas declaraciones con un mensaje en sus redes sociales defendiendo que "España tiene la mejor vida nocturna del mundo" y asegurando que Díaz y las izquierdas "nos quieren puritanos, sin alma, sin luz y sin restaurantes".

"La frivolidad que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid es asombrosa. Cuando ella habla de libertad y alegría, de restaurantes, sólo piensa en los que están de un lado de la barra. Lo que digo es que quien trabaja lo haga con condiciones dignas y derechos laborales", respondió la vicepresidenta este miércoles durante una entrevista en RNE.

El debate sobre la conciliación entre el trabajo y la vida, sobre la racionalización del tiempo, no es una invención de las actuales dirigentes de PP y de Sumar. Hace casi 11 años, el Congreso de los Diputados ya fijó una posición respecto a la distribución del tiempo.

Adoptar el horario británico

Durante la legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las ministras del Ejecutivo (y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega) pusieron encima de la mesa la necesidad de reflexionar acerca de las jornadas laborales y la conciliación. De este planteamiento, varios años después surgió una importante iniciativa en el Congreso de los Diputados.

En junio de 2012, a petición de PP, PSOE y Convergència i Unió, la Comisión de Igualdad acordó crear en su seno una subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad. En septiembre de ese mismo año se constituyó el órgano, y los diputados adscritos al mismo celebraron 31 sesiones durante nueve meses en los que pasaron por la subcomisión alrededor de 60 expertos y expertas en diferentes materias.

El resultado de ese trabajo fue un informe que resultó aprobado tanto en la subcomisión que lo elaboró, como en la Comisión de Igualdad y, finalmente, en el Pleno de la Cámara. Votaron a favor el PP, UPyD, PNV y CiU mientras que el PSOE, el BNG y la Izquierda Plural (la coalición liderada por IU) se abstuvieron (porque el informe no recogía el impacto de los recortes del Gobierno del PP en el mundo del trabajo y en el ámbito de la conciliación).

El texto atrajo todos los focos y trascendió en ese momento por una de sus conclusiones: la petición para adoptar el huso horario británico u occidental (el que tenía España antes de la Segunda Guerra Mundial) y desechar el de Europa Central, que provoca que los horarios se rijan más por el sol que por el reloj.

"Comemos a la una de la tarde, hora solar, y cenamos a las ocho, aunque nuestro reloj indique que son las tres y las 10 de la noche, respectivamente. Esta situación se agrava más cuando adoptamos el horario de verano, cuando nuestra diferencia con respecto al sol es de tres horas", rezaba el documento.

Las conclusiones del informe

Sin embargo, más allá del huso horario, el informe aprobado por el Congreso contemplaba una serie de conclusiones y recomendaciones que instaban al Gobierno de Rajoy a legislar para racionalizar los horarios laborales, facilitar la conciliación familiar y fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

"Desde todos los ámbitos consultados por esta subcomisión se reclama un cambio de cultura que erradique la plena disponibilidad como valor central de la relación laboral, y se base en alternativas al presencialismo. Las normas laborales deben fomentar un cambio en el trabajo por resultados y en la organización laboral, con el fin de emplear más racionalmente el tiempo de trabajo", rezaba el informe.

Otra de las conclusiones señalaba el establecimiento "de horarios laborales orientados a la conciliación y a la corresponsabilidad, a fin de que sean compatibles con la vida personal y familiar, los tiempos educativos y las actividades culturales, formativas y sociales".

"Es conveniente reconocer las buenas prácticas de empresas que apuestan por las personas como principal valor de sus organizaciones y que entienden que trabajar con modelos de gestión basados en la flexibilidad, apostando por la diversidad e invirtiendo en formación e innovación, son piezas clave para mejorar la competitividad", se exponía en el texto aprobado en la Cámara Baja.

En 2013, el consenso sobre la necesidad de reformar la jornada laboral y los horarios para permitir la conciliación con la vida personal era, al menos sobre el papel, muy amplio. La disputa entre Díaz y Ayuso por los horarios en las hostelería y las condiciones de los trabajadores son la punta del iceberg de un debate profundo en una legislatura en la que Sumar aspira a reducir la jornada y aprobar una ley de usos y tiempo que cumpla con el mandato que emanó del Congreso hace 11 años.