El hombre fuerte de Chaves dice que “jamás” recibió una alerta sobre el fraude de los ERE

El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, fue de los políticos más sólidos y de más proyección dentro del Gobierno de Andalucía, del que formó parte durante 15 años. Su nombre fue el que más sonaba para sustituir al ex presidente Manuel Chaves. Su cartera absorbió el 80% de las competencias de la Consejería de Empleo y se convirtió en el interlocutor directo de las empresas, grandes y pequeñas, de las universidades y de los centros de I+D+i. Vallejo, por tanto, debía ser el interlocutor de la Intervención General de la Junta si ésta detectaba alguna irregularidad en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se está enjuiciando en la pieza política de los ERE.

Pero en los 15 años que estuvo en la Junta, “jamás” recibió un informe de la Intervención poniendo reparos al pago de ayudas. “Nunca se me ha pasado un informe en 15 años en el Gobierno”, ha sentenciado a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha recordado que el órgano que fiscalizaba el dinero público de la Junta redactó hasta 15 informes advirtiendo de que el método de pago de los ERE era “discrecional” y podía esquivar los controles. Existían -y están en el sumario del caso- informes de la Intervención sobre Control Financiero Permanente, pero Vallejo defiende que él desconocía “quién era el destinatario” de los mismos. El ex consejero ha dado por hecho que “algún departamento técnico” sería el receptor de los reparos de la Intervención, aunque admite que en el organigrama de su consejería, éstos debían reportarle a él en última instancia.

Vallejo se enfrenta a una de las penas más altas del banquillo en el que se sientan los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán: ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El ex consejero está imputado en otras piezas por casos relacionados con la corrupción, pero de momento no ha sido condenado. Después de postergar su declaración por enfermedad -fue operado de urgencia cuando le tocaba declarar la semana pasada-, finalmente el ex consejero ha aclarado ante la Fiscalía que fue “decisión personal” suya que la empresa pública IFA/IDEA siguiera actuando como caja pagadora de las ayudas sociolaborales que previamente autorizaba la Consejería de Empleo.

Según su relato, él mantuvo el sistema de pagos bajo sospecha en Empleo porque su titular de entonces, el ex consejero Antonio Fernández (el único que ha pasado por prisión), se había quejado de que la creación de la macro consejería de Innovación había dejado su cartera “sólo para gestionar el paro”. Las acusaciones contra Vallejo se centran precisamente en esa decisión, aunque el ex consejero de Innovación ha explicado que para cambiar el método de pago “tendríamos que haber cambiado la Ley de Presupuestos de la Junta”, que recogía las transferencias de financiación de Empleo al IFA para el pago de las ayudas.

La empresa pública que actuaba como caja pagadora “nunca dio más dinero del que había recibido”, asegura Vallejo, aunque admite que pudo firmar convenios por un valor superior al importe de las transferencias recibidas. El fiscal se ha interesado por este punto porque, en efecto, cree que en 2003 hubo un déficit presupuestario del que Vallejo ha dicho “no tuvo ninguna información” en su momento, y que obligó a ampliar el gasto al IFA para seguir pagando las ayudas. “Eso no significaba que hubiera una alarma”, ha aclarado tras confirmar que su consejería tuvo que ampliar el presupuesto del IFA que, no obstante, “nunca ha tenido déficit presupuestario”.

El ex consejero de Innovación es responsable de mantener el sistema de pagos que gestionaba Empleo y de alimentarlo con fondos extras, pero Vallejo ha negado que tuviera conocimiento de cualquier tipo de “ilegalidad” en el uso que hacía del dinero la Consejería de Empleo. También desconocía la partida presupuestaria de la que salían las ayudas sociolaborales -el llamado “fondo de reptiles”-, donde la Fiscalía sitúa un posible desfalco de 741 millones de euros. “Era de otra consejería”, ha subrayado.